Sánchez «deroga» la Ley de Víctimas del Terrorismo para permitir los aquelarres contra Policía y Guardia Civil

359 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han sido asesinados por ETA desde la muerte de Franco, por todos los métodos imaginables: ametrallados desde una motocicleta, por disparos en la nuca, con bombas lapa o con coches bomba cargados de dinamita.

Jóvenes y mayores, padres o solteros, ambos Cuerpos fueron objetivo preferente del odio abertzale en tiempos no tan remotos que de algún modo sobreviven.

Porque cada año se celebra en Alsasua un aquelarre donde, lejos de homenajearse a esas víctimas, se sigue tratando de «txakurras», de perros, a sus compañeros: cientos de seguidores de la vieja Batasuna salen a la calle exigiendo la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con agresivas pancartas y lemas donde se trata a ambos literalmente de «virus».

Pero lo sorprendente de la historia es que, según demuestra hoy El Debate, el Gobierno de España no solo no hace nada, sino que invalida de facto la ley que le permitiría prohibir ese despliegue de odio y protege formalmente su celebración sin contar con el desprecio que supone para las víctimas.

Una exaltación del horror que explica, probablemente, por qué en ese mismo pueblo navarro dos guardias civiles, con sus novias al lado, fueron apaleados en 2016 por una marabunta.

El Gobierno de España y el de Navarra miran para otro lado de idéntica manera: tratan los aquelarres de «reuniones» y no aplican la Ley de Protección de las Víctimas

Ante ese fenómeno, hermanado con otros similares en Bilbao, donde en plenas fiestas se instaló una caseta con la imagen de 25 etarras bajo el lema «Os queremos» o la celebración de homenajes en Oñate y Hernani en el retorno de terroristas liberados, la decisión premeditada del Gobierno de Pedro Sánchez es permitirlos todos.

Así consta en un documento oficial del Gobierno de España, firmado por el Director General del Ministerio de Política Territorial, Agustín Torres Herrero, en el que defiende expresamente la agresiva celebración del Ospa Eguna –«Día de la expulsión»– con el argumento de que el supuesto derecho a la manifestación prevalece sobre la ofensa a las víctimas, demoliendo de paso la Ley de Protección Integral que le daría a Sánchez la posibilidad de ordenar la suspensión del aquelarre.

Las víctimas, relegadas

En el mismo, en posesión de El Debate, se confiesa esa posición por primera vez, con un argumento sorprendente que confiere a la campaña de acoso a los Cuerpos de Seguridad la categoría de derecho fundamental, apelando a una ley de 1983, mientras se ignora y minusvalora la de 2011 relativa a la protección de las víctimas, dando al «desfile de odio» mayor jerarquía y negándose a aplicar la protección a las víctimas, de obligado cumplimiento mientras no se derogue formalmente:

«La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, prevé en su artículo tercero que «ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización», indicando a su vez en el artículo octavo que «la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas con una antelación de diez días naturales como mínimo y 30 como máximo. Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones. La comunicación a que hace referencia el párrafo anterior podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas», reza el texto del Gobierno con el que trata de allanar el camino a las manifestaciones abertzales.

Para rematarlo, el propio Ministerio del Interior, a través de la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija Noguerales, sostiene en otro documento en propiedad de El Debate una tesis idéntica sobre el derecho a reunión y añade, como excusa para no hacer nada, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sendas directivas del Parlamento y del Consejo Europeo provocan que posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo «no están prosperando en el ámbito penal».

Pero obvia, de manera premeditada y concertada con la Delegación del Gobierno y con el Gobierno Foral, que la Ley de Protección Integral de Víctimas no es una respuesta penal, sino administrativa, que no necesita de aprobación judicial para evitar ese tipo de exaltaciones: bastaría con prohibirlas al conocer su convocatoria, en este caso pública y notoria siempre.

La sintonía entre los dos Gobiernos se percibe en otro documento oficial del Gobierno de Navarra fechado a 3 de noviembre de 2021 en el que su Director General de Interior, María Amparo López Antelo, reconoce que conocía la naturaleza del Ospa Eguna de aquel año con antelación, pero que no se hizo nada porque «no existía prohibición expresa de la misma, no constituyendo, por tanto, acto ilegal alguno», según el informe en propiedad de El Debate igualmente.

El Gobierno toma así esa decisión con la insólita complicidad del propio Ejecutivo de Navarra, presidido por el PSOE gracias a Bildu, y más en concreto de su Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, con quien fabrica una excusa para, en la práctica, conceder barra libre al separatismo radical en su persecución a los Cuerpos de Seguridad.

Ambas instancias comparten idéntica coartada para favorecer lo que podrían evitar si no hubieran anulado, vía hechos consumados, la Ley 29/2011, de 29 de septiembre, con la firma de Zapatero, impulsada precisamente para prohibir lo que ahora se facilita sin necesidad de iniciar un largo proceso penal por exaltación del terrorismo o delitos de odio que difícilmente acaban en condenas.

Esa norma le faculta a la Delegación del Gobierno a acabar con el Ospa Eguna, con los homenajes a etarras en sus municipios y con cualquier gesto de desprecio a las víctimas antes de que se produzcan, con una simple decisión política que Sánchez no adopta de manera premeditada y que podría ejecutar si no existiera tan evidente dejación de funciones su Delegación del Gobierno en Navarra.

Así, el artículo 61 de la citada Ley dice literalmente lo siguiente: «El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas».

Y añade la herramienta que, de existir voluntad y sin necesidad de procesos penales de incierto recorrido, evitaría las reiteradas humillaciones públicas que el propio Arnaldo Otegi ha defendido constantemente convencido de que no iba a tener respuesta:

«Asimismo, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

Es decir, el Gobierno de Sánchez mira para otro lado, a sabiendas de que el universo abertzale está imponiendo un relato autocomplaciente del terror que incluye la puesta en libertad de terroristas no arrepentidos previo traslado a cárceles vascas, renunciando voluntariamente a utilizar los recursos legales que tiene para evitarlo todo.

Aún más, según consta en la documentación en posesión de El Debate, la complicidad llega al punto de que el Ministerio del Interior y las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dependientes ambas de Grande Marlaska, han protegido como «Secreto de Estado» sus propias actuaciones para evitar eventos como el Ospa Eguna, un indicio claro de su inexistencia o, cuando menos, de su nula eficacia.

Las tres instituciones han optado al unísono por extender la opacidad sobre su misma actividad, pese a que estaba en juego la imagen e integridad de los Cuerpos y de los propios agentes, objeto de una persecución constante en el País Vasco y en los círculos abertzales de Navarra, cada vez más decisivos en el funcionamiento del Gobierno Foral desde que hicieran presidenta a la socialista María Chivite.

«El Gobierno no hace nada»

Una certeza que avala JUCIL, una de las principales asociaciones de defensa de la Benemérita, autora de una queja pública elocuente coincidente con la última celebración del «aquelarre» en Alsasua.

«El Ospa Eguna de Alsasua es un acto de odio contra la Guardia Civil que el Gobierno no hace absolutamente nada para impedirlo», denunció hace dos semanas al comprobar cómo, una vez más, los batasunos exigían la expulsión del Cuerpos de Seguridad a los que en 2020 calificaron de «virus» peor que el causante de la pandemia de COVID-19.

De la complicidad de las instituciones forales da cuenta otro dato reconstruido documentalmente por El Debate. Para intentar esquivar las posibles prohibiciones, el Ayuntamiento de Alsasua ha utilizado durante años una trampa legal consistente en dar permisos al Ospa Eguna ocultando su naturaleza y convirtiéndolo en actos sociales como un pasacalles o hasta un cros deportivo.

Así consta en dos decretos del alcalde de Geroa Bai, Javier Ollo, con los números de serie 1034 y 1040/2020, de 26 de agosto y 13 de agosto de 2021 respectivamente, en los que además se vanagloriaba de que «la autorización de la concentración no ha tenido coste alguno para el Ayuntamiento».

Se trata del mismo político que, en público, defendió la celebración de ese linchamiento escénico de servidores públicos comparándolo con un evento de España Ciudadana en 2018, prescindiendo de valorar lemas tan violentos como los utilizados habitualmente en los que se clamaba por desalojar a «las fuerzas de ocupación, o se tildaba a los agentes de «asesinos a sueldo».

La gran novedad es que a esa estratagema se le ha añadido ahora la conferida por el propio Gobierno de España con una triple vía: primero antepone el supuesto derecho a manifestarse sobre la dignidad de las víctimas; después «olvida» aplicar la Ley que defiende su integridad y, por último, esconde sus propias operaciones para tratar de evitar el abuso.

La permisividad con el Ospa Eguna, así como con todos los «ongi etorris» que reciben a etarras al regresar a sus municipios tras largas temporadas en la cárcel, coincide con otra revelación de El Debate sobre las concesiones de Sánchez a Otegi: el traslado incesante de terroristas a cárceles vascas, previamente transferidas las competencias al PNV, para que allí les concedan el régimen de semilibertad negado por las Juntas de Tratamiento de sus prisiones de origen.