Igualdad afirma que no consultó la Ley del aborto con el Consejo de Estado por no darle más trabajo

El Ministerio de Igualdad no pidió un dictamen al Consejo del Estado sobre la Ley del aborto para no darle más trabajo, aunque reconoce que habría sido conveniente ese trámite. Es lo que argumenta el departamento de Irene Montero en la documentación remitida al Congreso junto con el proyecto de ley, que ahora empieza su tramitación parlamentaria para entrar en vigor en cuestión de meses.

«Por cuanto concierne a la posibilidad de recabarlo (el dictamen) se ha considerado que sería sin duda beneficioso para el proceso de elaboración de la norma, pero que en atención a la urgencia de la tramitación aprobada por el Consejo de Ministros y a la propia carga de trabajo del Consejo de Estado era preferible concluir la fase prelegislativa a la mayor brevedad posible, al efecto de que la norma pueda ser remitida a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de ley orgánica», sostiene Igualdad.

Esa es la versión oficial, pero la realidad es que la ministra Montero quería ahorrarse otro rapapolvo del Consejo de Estado, que en junio emitió un análisis crítico con la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. En él consideraba que todos los menores de 18 años debían contar con un informe judicial para cambiar de sexo, no solo los menores de 12 a 14 años. La respuesta de Igualdad fue hacer caso omiso al documento.

En el caso de la Ley del aborto, el dictamen del máximo órgano consultivo del Estado no era preceptivo, puesto que no entra en los supuestos en los que es obligado que sea consultado; pero sí era conveniente. Porque el Consejo de Estado ya se pronunció sobre la Ley del aborto de 2010 (la de José Luis Rodríguez Zapatero) y porque la norma irá directa al Tribunal Constitucional una vez sea publicada en el BOE. No en vano, tanto el PP como Vox ya han anunciado que la recurrirán, de manera que al Ministerio de Igualdad le habría interesado atar cualquier cabo suelto recurriendo a la opinión experta del órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega.

Igualdad pidió informes sobre el anteproyecto de ley a la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Económico y Social, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. A todos ellos con carácter de urgencia, porque el departamento quería elevarlo al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley (lo que se llama en segunda lectura) antes de acabar agosto.

El Consejo Fiscal y el CGPJ no lo enviaron con tanta celeridad como quería Montero, así que la ministra siguió adelante sin esperar la respuesta. «Se ha solicitado informe con fecha 10 de junio de 2022, sin haberlo recibido hasta la fecha», explica el Ministerio en la documentación remitida a las Cortes, de la que viene informando El Debate desde el sábado. Hasta la fecha han sido sonados los encontronazos entre el Gobierno y el CGPJ por la calidad de sus leyes. El órgano de gobierno de los jueces puso pegas a la Ley de vivienda, la de Memoria Democrática, la Ley trans y la del solo sí es sí, entre otras.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos remitió un informe jurídico al Ministerio de Igualdad en el que advertía de la falta de «garantías» y la inconsistencia del registro de médicos objetores de la Ley del aborto, pero fue ignorado, como contó este periódico.

Tampoco corrieron mejor suerte las comunidades: Madrid, Galicia y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, presentaron 53 alegaciones a la norma. El equipo de Irene Montero rechazó todas menos una, y porque era una cuestión técnica menor.

Así pues, la Ley del aborto solo contará con las aportaciones de las asociaciones proabortistas y, ahora en el Congreso, de las formaciones de izquierdas que han anunciado su apoyo a la norma, siempre y cuando sean atendidas las mejoras que proponen.