El Poder Judicial podría desbloquearse el 30 de septiembre con la visita del comisario europeo

La parálisis del Poder Judicial podría tener los días contados. El desbloqueo institucional se ha puesto en marcha y todo apunta a la escenificación de un acuerdo para su renovación, el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. La Comisión de la UE que lidera el belga es plenamente consciente de que la situación de prórroga que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España es ya insostenible y, por ello, trabaja para impulsar un acuerdo inminente. La prohibición de los nombramientos de los jueces –que afectan a cerca de medio centenar de vacantes en todos los órganos jurisdiccionales, empezando por el Supremo y terminando en las Audiencias Provinciales– tendrá que desatascarse, sin falta, «en septiembre». La intención del responsable de la Justicia europea, Reynders, es que su regreso a nuestro país tras el verano se convierta en la fecha límite para que los partidos políticos desenquisten una situación inasumible por más tiempo.

El malestar en Europa con el incumplimiento español, sistemático en materia de independencia judicial, ha ido aumentado exponencialmente hasta la fecha. Las recomendaciones comunitarias orientadas a mejorar la separación de poderes en nuestro país no han surtido efecto y las habituales «advertencias» han virado, ya, hacia la amenaza de aplicar consecuencias más severas -como la inmediata interrupción de la entrega de fondos europeos- para poner fina al manoseo al que el Gobierno ha sometido al máximo órgano de los jueces, en los últimos meses.

No en vano, el propio Reynders recordó en presencia de la mismísima ministra de Justicia, Pilar Llop, que la Comisión dispone de dos mecanismos agravados de intervención: el procedimiento de infracción, ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) al que se refirió, hasta en tres ocasiones, durante su última intervención pública en nuestro país, en el marco del acto inaugural del curso de verano organizado por la Academia de Práctica Jurídica Europea; y, la subordinación de los fondos europeos al cumplimiento de las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que España ha venido desoyendo.

Bruselas ha puesto en marcha el contador, para todos los actores implicados, y con el firme objetivo de que los jueces elijan a sus representantes

La despolitización del máximo órgano de gobierno de los jueces españoles que, de forma mayoritaria, entienden el sistema actual como un modelo superado que no respeta los límites previstos por el Constitucional en su sentencia 108/1986, está centrando la atención de la Comisión Europea que viajará a Madrid a finales de mes. La posición comunitaria es afín a las reflexiones lanzadas por el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en su discurso de apertura del Año Judicial en el Supremo, bajo amenaza de dimisión.

Lo cierto es que la resolución con la que el Tribunal de Garantías, también pendiente de renovación por el Consejo del Poder Judicial en funciones, avaló el vigente sistema parlamentarista de elección de los vocales del CGPJ contenía una línea roja: que el Legislativo escogiese a los candidatos atendiendo a criterios objetivos que, no tuviesen que ver con la distribución de las fuerzas políticas, ni con el peso específico de cada una de ellas en las Cámaras de representación. Un mandato que se ha venido incumpliendo y alterando, desde entonces, sin solución de continuidad.

Intervención política cero

Consciente de que España arrastra un déficit histórico sobre uno de los principales postulados del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en la materia, , el comisario europeo de Justicia ha decidido tomar cartas en el «asunto» y asegurar, de una vez por todas, un método de representación en el que «las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase del proceso de selección de los vocales de origen judicial»

No han gustado en Europa las acusaciones institucionales cruzadas a las que hemos asistido, en los últimos días. La carta remitida por el Partido Popular para poner en conocimiento de las autoridades comunitarias el desprecio del Gobierno a su mano tendida para la renovación en bloque del Constitucional y del CGPJ -eso sí, previa despolitización del método- hacía saltar todas las alertas.

Reynders insiste en la importancia de que a nivel nacional se desarrolle una cultura de «Estado de Derecho» y se produzcan debates entre los organismos implicados, para aumentar así la sensibilidad respecto del «valor de la independencia judicial en las democracias».