El Gobierno incumple la obligación de sus dos nombramientos al Constitucional mientras presiona al CGPJ

El pasado martes 13 de septiembre se cumplió, sin éxito, la fecha límite fijada por el Gobierno para que el Poder Judicial nombrase a sus dos magistrados al Constitucional. El pacto de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en contra de las presiones del Ejecutivo y de las reformas exprés aprobadas por Pedro Sánchez para hacerse con el control del Tribunal de Garantías –volcando el sentido de su actual mayoría a progresista–, impedía el acuerdo en el plazo establecido. Desde entonces, se han recrudecido las críticas socialistas al bloqueo de los miembros del sector conservador en el Consejo, en medio de una crisis institucional sin precedentes, con un CGPJ prorrogado desde hace casi cuatro años y cuyo presidente, Carlos Lesmes, amenaza con dimitir en las próximas semanas si nada cambia. Lo cierto es que Sánchez incumple sus propios tiempos sin haber dado, aún, los nombres concretos de los elegidos por el Gobierno para incorporarse al Constitucional, como parte de su par en la cuota total de cuatro magistrados, pendiente de renovación.

La Constitución establece en su artículo 159 que los miembros del Tribunal de Garantías «serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres». Un escenario en el que, la fecha dada por Sánchez –tras la iniciativa aprobada por el PSOE para desbloquear al CGPJ, prorrogado desde 2018, en los nombramientos vetados en marzo pero sólo para los magistrados del TC– se ha convertido «en un problema exclusivo del Gobierno», apuntan desde fuentes próximas a la institución.

Así las cosas, el Ejecutivo se ha manifestado a favor de que el CGPJ nombre a sus candidatos en «unos días» pero, no por ello, ha movido ficha para oficializar sus dos designaciones. El Ejecutivo se aferra a la tesis de quienes consideran que la renovación debe ser conjunta –para que en la práctica pueda darse validez a la toma de posesión de los nuevos magistrados– pero lo cierto es que «nada hay que indique» que el Gobierno «tenga que esperar al Poder Judicial» para comunicar su elección, apuntan a El Debate expertos en la cuestión.

No en vano, el propio Pedro Sánchez advertía el pasado 1 de agosto de que el Gobierno cumpliría con la ley vigente y elegiría en septiembre a sus dos magistrados correspondientes. Una posición que, según han ido avanzando los días, ha mutado en silencio sobre sus obligaciones y en críticas constantes al CGPJ para que designe, cuanto antes.

Esta misma semana, la ministra de Justicia, Pilar Llop, era la encargada de modular el discurso del Ejecutivo y de expresar su confianza en la predisposición y agilidad del CGPJ para comunicar los dos magistrados del Constitucional que le compete designar, restando importancia al hecho de que no lo haya hecho este 13 de septiembre, como establece la ley. Al mismo tiempo advertía de que el Gobierno esperará al Consejo para abordar su parte de la renovación.

«El Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del TC cumpliendo la ley», aseguraba Llop en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un escenario que sitúa al Ejecutivo de Pedro Sánchez fuera de su propia ley.

El silencio atronador del Senado

A la renovación pendiente del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha añadido un nuevo elemento de incumplimiento socialista de la ecuación que complica, y mucho, la posibilidad de que Gobierno y oposición logren un acuerdo que desenquiste la crisis de la Justicia bajo la premisa del consenso. La renuncia, el pasado mes de julio, del magistrado conservador del Tribunal de Garantías Alfredo Montoya Melgar, que El Debate adelantó en primicia, por motivos de salud tras sufrir un grave ictus en agosto de 2020, dejaba una vacante anticipada y adicional que, por el momento, el presidente socialista del Senado, encargado de cubrir su vacante con independencia de otras designaciones, no se ha decidido a reemplazar.

En el PP no se valoran ningún escenario distinto al de mantener su cuota conservadora en el Constitucional, a pesar del cambio de magistrado

Pendiente la designación de nuevos magistrados al Constitucional, la mayoría del Pleno del órgano quedará compuesta por siete progresistas y cinco del sector conservador. La salida de Montoya aumentará esa distancia, dejando al Tribunal en la práctica con solo cuatro miembros conservadores, hasta que se designe a un sustituto. Un «perjuicio» de cara «a las votaciones» más decisivas, una vez que el sector conservador «quede en clara minoría» en el seno del Tribunal.