Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla (PSOE), sobre la petición de indulto a Griñán: «No voy a firmar»

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado este lunes que «como militante del Partido Socialista, tengo clara la honoralidad de José Antonio Griñán, pero soy alcalde de Sevilla y no voy a firmar» la petición de indulto que ha presentado la familia del expresidente de la Junta de Andalucía, contra el que el Supremo ha ratificado la condena a seis años y dos días de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Esta petición de indulto suma ya más de 4.000 firmas de personalidades del mundo de la política, las artes y el deporte, entre otros sectores.

Así lo ha expresado el alcalde durante un desayuno informativo, celebrado en la Fundación Cajasol Andalucía, con el patrocinio de Cepsa. En el encuentro, el alcalde ha afirmado que no le cabe «ninguna duda» de la «honoralidad» de Griñán, al tiempo que ha abundado en el hecho de que la sentencia del Supremo cuente con votos particulares contra la condena por malversación. «Es una sentencia controvertida», ha apostillado.

Malversación y prevaricación

No obstante, el primer edil de Sevilla ha confirmado que no firmará la petición de indulto porque «no se entendería» por la ciudadanía a la que representa. La familia del expresidente socialista anunció la petición ante el Ministerio de Justicia poco después de que el Supremo comunicase a finales de julio que había confirmado plenamente la condena inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que le impuso seis años y dos días de cárcel y quince años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación por el caso de los ERE.

La citada petición de indulto parcial fue registrada el pasado 1 de septiembre, antes de que fuese notificada oficialmente la sentencia completa del Tribunal Supremo que resuelve los recursos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados por el sistema de financiación de los ERE.