Oltra incurre en contradicciones y niega su «competencia» en la causa de los abusos de su marido

«Bien, tranquila y serena», así ha llegado esta mañana la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, a su cita con la Justicia. La exlíder de Compromís, jaleada por varios de sus compañeros de filas -la coordinadora de Compromís, Àgueda Micó, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro; el exsecretario autonómico de Igualdad y portavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez; el diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve; el concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, o la exedil en el consistorio Pilar Soriano- entraba en sede judicial para sentarse en el banquillo como investigada por un presunto delito de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su entonces marido sobre una menor tutelada, al amparo del Departamento de Igualdad que ella misma lideraba.

Durante una jornada maratoniana de más de ocho horas de comparecencia, interrupida por dos recesos, Oltra ha respondido a las preguntas que se le han formulado por parte del juez, de la fiscal y de su propia defensa; no así a las planteadas por las acusaciones populares ejercidas por Vox, Gobiérna-T y la particular que defiende a la propia víctima.

La que fuera número dos del Gobierno del socialista Ximo Puig hasta su dimisión, ha incurrido en «contradicciones», según apuntan a El Debate, fuentes próximas a la causa. La exconsejera ha mantenido ante el juez «que no era de su competencia realizar ninguna investigación sobre el expediente de la menor». Además, ha mantenido que era «perfectamente posible» que ella no tuviese «conocimiento del caso hasta el cuatro de agosto de 2017» cuando recibió una notificación judicial en su domicilio, desde entonces estuvo al tanto del tema «hasta la primera sentencia, en noviembre de 2019».

Durante todo ese tiempo «ni solicitó información, ni dio instrucciones a nadie en su estrategia de defensa», ha asegurado ante el juez. Es decir, la versión de Oltra para por su total desconocimiento del trabajo que habían estado haciendo los técnicos de su Consejería desde el mes de febrero de ese mismo año cuando la víctima, que entonces tenía 14 años, denunció los hechos y que, por lo tanto, ella nunca ordenó abrir una investigación paralela.

Sin embargo, así las cosas, un análisis pormenorizado de los diarios de sesiones en sede parlamentaria y sus declaraciones ante medios de comunicación arrojan que «el expediente» interno para aclarar lo ocurrido, lo ordenó ella de manera directa. «Mónica Oltra miente».«¿Pero a quién miente: a los españoles en sus comparecencias en la Asamblea valenciana, a los periodistas o ahora en sede judicial?», se ha preguntado la secretaria jurídica de Vox, Marta Castro.

La investigación sigue abierta y el sentido natural de la misma será el enjuiciamiento tanto de la propia Oltra como de los 13 funcionarios implicadosMarta CastroVicesecretaria Jurídica de Vox

La citación, notificada en julio, se produjo una vez que despojada de sus cargos políticos y, por lo tanto, de su aforamiento, la causa regresase al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Fue este órgano judicial quien, durante las primeras pesquisas, centradas en los altos cargos y técnicos de la Administración valenciana competente, determinó la existencia de indicios de delito «racionales, serios y fundados» contra la propia Oltra, quien en ese momento era aforada, y que por lo tanto debía ser enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El órgano, tras analizar el asunto, decidió imputar a Oltra y la citó a declarar tras apreciar «una serie de indicios plurales» que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la exvicepresidenta y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada». Así las cosas, días después, la ex de Compromís decidió renunciar a todos sus cargos públicos, incluida el acta de diputada, motivo por el que perdió el aforamiento. El procedimiento volvería entonces al juzgado de origen que la ha escuchado este lunes.

Órdenes para desacreditar a la menor

Mónica Oltra se encuentra inmersa en la investigación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro valenciano, dependiente de la Generalitat, una menor tutelada de entonces 14 años, a manos de su marido, entre los años 2016 y 2017. El educador, Luis Eduardo Ramírez Icardi, fue condenado por estos hechos a una pena de cárcel en una resolución que fue ratificada en segunda instancia por el TSJCV a la que, próximamente, tendrá que dar firmeza el Supremo.

Una vez se conoció la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa, apuntando a la desonfianza y el abandono sufridos por parte de la consejería de Igualdad y la Justicia abrió una nueva investigación que ha derivado con la imputación de Oltra. No en vano, bajo su mandato se recibieron supuestas órdenes para desviar la atención sobre lo ocurrido y desacreditar a la menor, incluso, con la confección de un informe parapolicial en el que se negaban todas las acusaciones formuladas por la víctima, sin más.

Durante la comparecencia de hoy se ha puesto de manifiesto «una falta de ejercicio de acciones por parte de la Consejería» que, entonces, lideraba la propia Mónica Oltra, «para tutelar a la menor de verdad», apuntan fuentes conocedoras del caso. Y, las mismas fuentes, han recordado que su Departamento pudo «haberse personado en el procedimiento judicial contra el exmarido» de la política de Compromís, «pudo haber ejercitado acciones para que, conforme a la ley de protección a la Víctima fuese convenientemente protegida. Ni se hizo entonces, ni se está haciendo ahora», tal y como ha estado denunciando de manera recurrente la joven.