Exclusiva
El padre de Sánchez está condenado por el accidente de una trabajadora de Playbol que casi pierde una mano
Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno, está condenado por el accidente laboral en el que una trabajadora de su empresa, la fábrica de plásticos Playbol, estuvo a punto de perder una mano. Por este motivo, Inspección de Trabajo le impuso dos multas a finales de 2017. El padre de Sánchez se negó a pagarlas, demandó a la trabajadora y dejó el conflicto en manos de los tribunales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado las sanciones y le ha condenado a hacerse cargo de las costas. El Debate publica hoy en exclusiva todos los detalles de la condena por «poner en riesgo grave la integridad física de los trabajadores».
El accidente laboral se produjo el 11 de noviembre de 2015. Ese día, una empleada de la fábrica de plásticos de Pedro Sánchez Fernández, que se encargaba de supervisar el corte de bolsas y embalajes, estuvo a punto de perder una mano. Eran las cuatro de la tarde cuando se percató de que una cortadora térmica se había quedado atascada. Se subió a una banqueta y, posteriormente, introdujo su mano derecha en el interior del aparato industrial para desencajar la avería. De pronto, la máquina le atrapó el brazo y su mano quedó encajada en un rodillo. Empezó a gritar y sus compañeros la socorrieron a toda prisa.
Seguidamente entró en juego la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. Lo primero que descubrieron es que la máquina que había provocado el accidente no estaba en regla. Se trataba de una cortadora térmica modelo Arvor 1490 GGL, adquirida en 1991, que carecía de los certificados y sistemas de seguridad obligatorios. Los inspectores señalaron que el padre del actual presidente del Gobierno contaba con «un equipo de trabajo inseguro, sin resguardos y que carecía de mecanismos de seguridad».
También descubrieron que el dueño de Playbol «puso en riesgo la integridad física de los trabajadores» al no haber formado a sus empleados en materia de riesgos laborales ni en medidas preventivas para evitar accidentes. De manera simultánea, los inspectores encontraron la existencia de una auditoría interna que revelaba que Sánchez Fernández intentó regularizar los permisos de la cortadora térmica con la que la empleada casi pierde una mano el 8 de julio de 2016. Es decir, siete meses y veintiséis días después de que se hubiera producido el accidente.
Si bien en un primer momento se calificó el accidente como «leve», con el tiempo las secuelas de la trabajadora aumentaron y la Seguridad Social le fijó «una prestación por incapacidad permanente total cualificada».
Judicializó las multas para no pagar
La auditoría también establecía que la posibilidad de sufrir un accidente con esa máquina industrial era «importante». A pesar de la indicación, el dueño de Playbol «no llevó a cabo acciones formativas dirigidas a la trabajadora sobre los riesgos derivados del equipo de trabajo que utilizaba». La empleada que sufrió el accidente llevaba trece años en la compañía y tenía la categoría de peón y operaria de corte. Los hechos tuvieron lugar en la nave industrial en la que Playbol desarrolla su actividad, ubicada en el polígono El Nogal de Algete (Madrid).
En el momento en que la fábrica de plásticos se vio inmersa en este litigio la empresa estaba en manos de Sánchez Fernández, administrador único de la compañía, cargo que mantiene actualmente. Según el Registro Mercantil, Playbol SA fue constituida por el padre del presidente del Gobierno en 1977. La hoja registral de la sociedad indica que la madre de Sánchez, Magdalena Pérez-Castejón Barrios, figura como apoderada del negocio.
Por todo esto, el 14 de diciembre de 2017 Inspección de Trabajo levantó un acta en la que sancionaban al padre de Sánchez por la práctica de dos infracciones graves. La multa fue de 5.000 y 2.046 euros respectivamente. De manera paralela, la Consejería de Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid emitió una resolución con fecha de 18 de abril de 2018 en la que acordó confirmar el expediente sancionador. En total 7.046 euros, que el dueño de Playbol se negó a pagar y decidió judicializar.
Los inspectores establecieron que Sánchez Fernández vulneró los artículos 12. 16.b) y 12.8 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. Dichos artículos sancionan al empresario por «poner en riesgo grave la integridad física de los trabajadores» y por «el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud».
El padre de Sánchez presentó una demanda a tres contra la trabajadora que había sufrido el accidente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. La causa recayó en el Juzgado de lo Social número 35 de Madrid y Sánchez Fernández perdió. El 20 de junio de 2019, tras la celebración de los pertinentes actos procesales de tramitación y del correspondiente juicio oral, el juez dictó una sentencia desfavorable para el dueño de Playbol. Desestimó la demanda y confirmó las multas que se le habían impuesto tras el accidente laboral.
El TSJ de Madrid ratificó la condena
Al conocer la resolución, el dueño de Playbol presentó un recurso de suplicación y la causa llegó a la Sección Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y, de nuevo, un juez tumbó sus pretensiones. El 11 de diciembre de 2019 se volvieron a ratificar las sanciones iniciales mediante una sentencia. Además, condenó al padre del presidente del Gobierno a pagar las costas, que ascendieron a 500 euros.
El juez responsabilizó así a Pedro Sánchez Fernández de lo ocurrido: «El riesgo de atrapamiento estaba identificado en el documento de evaluación de riesgos de la empresa y calificado como importante sin que la empresa hubiera dado cumplimiento a la planificación preventiva para proteger al mismo. También consta probado que la empresa no había proporcionado información concreta a la trabajadora sobre este concreto riesgo, ni había establecido un procedimiento para resolver las incidencias en el proceso productivo», asegura la sentencia.
El Debate se ha puesto en contacto con el dueño de Playbol, que no ha atendido las ni las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados por este periódico, y con el abogado que defendió a la fábrica de plásticos, quien ha declinado hacer declaraciones acogiéndose a su secreto profesional.