Sánchez quiere tomar el Constitucional para que permita una nueva consulta en Cataluña

El abordaje de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional tiene un fin último que, de cumplirse los planes del presidente, pondrá en jaque la unidad de la Nación española; pese a que la Constitución proclama en su artículo 2 que ésta es «indisoluble».

El presidente quiere una mayoría de izquierdas en el TC para que sus magistrados validen una consulta futura en Cataluña sobre su encaje en España. Si el proyecto prospera, después iría el País Vasco. Ése es el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo a las que ha tenido acceso El Debate.

El enlace en el nuevo Constitucional sería el magistrado José Manuel Bandrés, que Sánchez quiere incorporar entre los nombramientos. Es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tiene un marcado perfil procatalanista.

Para que el plan surta efecto todo pasa, en primer lugar, por que Sánchez desbanque cuanto antes a la actual mayoría conservadora del Constitucional y decante la balanza a favor del bloque de izquierdas -también llamado «progresista»-, en una proporción de siete a cuatro magistrados.

De momento, como reveló este periódico este jueves, el presidente del CGPJ planea convocar un pleno extraordinario el lunes 3 de octubre para nombrar sin más dilación a los dos magistrados que corresponden al Poder Judicial. Dos días después, Carlos Lesmes dimitirá, una vez que el trabajo esté hecho.

Y pasa, en segundo lugar, por que Sánchez revalide su cargo de presidente del Gobierno. Sin él al frente del Ejecutivo, el independentismo catalán y vasco se topará con un muro, porque la Carta Magna confiere al Estado la potestad exclusiva para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum» (artículo 149).

Esto es algo que tienen muy presente tanto ERC como Bildu. De ahí se explica lo rápido que los de Oriol Junqueras pasaron página del capítulo del espionaje a sus dirigentes, entre ellos el president Pere Aragonès. Se conformaron con la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, y con el cese de los pinchazos, como desveló El Debate el pasado 24 de junio.

Dos semanas antes, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, afirmó en una entrevista que su partido hará «todo lo que se pueda» para agotar esta legislatura y que haya otra más del Frankenstein, hasta final de 2027.

Todo está escrito

En realidad, todo está escrito en el acuerdo que Sánchez firmó con Esquerra en enero de 2020 para que votara a favor de su investidura, a cambio de la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para la «resolución del conflicto político» (su última reunión fue el 27 de julio). Una hipoteca a plazos que el entonces candidato socialista firmó con el aval de su partido, entregado a su líder.

«Las medidas en que se materialicen los acuerdos (alcanzados en esa mesa) serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídicopolítico», dejaron el PSOE y ERC por escrito.

Una consulta tensará al máximo las consultas de la Constitución, de ahí la necesaria complicidad del TC

Es decir, que ya entonces Sánchez y sus socios abrieron la puerta a una consulta, cambiando los mecanismos del «sistema jurídicopolítico» que hicieran falta. En otras palabras: creando un traje jurídico a medida, para el que necesariamente socialistas e independentistas necesitarán la complicidad del Constitucional, en tanto que una consulta así tensaría al extremo las costuras de la Carta Magna.

No obstante, lo que está claro es que la fórmula elegida no sería la del referéndum de autodeterminación, porque para ello habría que impulsar una reforma agravada de la Constitución, al afectar al Título preliminar (artículo 1.2, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y artículo 2, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»). Por tanto, eso supondría disolver las Cortes, convocar elecciones y que el Congreso y el Senado aprobaran la reforma por mayoría de dos tercios. Imposible con la oposición del PP.

El TC, un muro hasta ahora

El TC ha sido un muro de contención clave contra el independentismo catalán y vasco en los últimos 14 años. En septiembre de 2008 declaró inconstitucional la ley de la consulta vasca, popularmente conocida como Plan Ibarretxe. Los magistrados argumentaron de forma unánime que esa ley atribuía al Parlamento vasco una potestad reservada en exclusiva al Estado: la de autorizar un referéndum (de nuevo, el artículo 149).

En 2014 también declaró inconstitucional la consulta organizada por Artur Mas el 9 de noviembre en Cataluña, por la que el ex presidente de la Generalitat acabó siendo condenado a un año y un mes de inhabilitación y a 36.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional. Entre septiembre y octubre de 2017, el TC también prohibió el referéndum de autodeterminación de Cataluña y declaró inconstitucionales la ley del referéndum y la ley de transitoriedad hacia una república catalana, aprobadas por el Parlament.

De ahí que Pedro Sánchez necesite tener de su parte al Constitucional para cualquier componenda con el independentismo. Y no enfrente, como hasta ahora.