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Andalucía celebra este domingo las elecciones para elegir a su nuevo presidente de la JuntaEl Debate

¿Cuáles son los impuestos propios de Andalucía?

Los tributos de creación autonómica de la Junta se basan en la preservación del entorno y los recursos naturales

La supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía ha suscitado una virulenta crítica de la izquierda hacia la medida, que considera un regalo a los ricos, y el Gobierno autonómico, particularmente a su presidente, Juanma Moreno. A pesar de ello, el Partido Popular la defiende como modo de atraer inversión y una mayor recaudación a las arcas de la Junta.

Vox aplaudió la supresión del gravamen patrimonial, a pesar de ser «una operación de márquetin y propaganda», según dijo su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira. No obstante, el propio Gavira instó a Moreno a suprimir todos los tributos propios de la Junta para que las rebajas fiscales las «noten» todos los andaluces, «no sólo los que más tienen».

La Comunidad de Madrid, donde también gobierna el Partido Popular, no tiene tributos propios. El pasado 1 de enero entró en vigor la ley por la cual se eliminaban los que restaban: el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados, el impuesto sobre depósito de residuos y el recargo autonómico sobre las cuotas municipales del impuesto sobre actividades económicas.

Sin embargo, el Gobierno de Juanma Moreno no contempla, de momento, la supresión de todos los tributos propios de la Junta, que son pocos y se basan en la preservación del entorno y los recursos naturales.

Impuestos ecológicos

La Junta de Andalucía justifica los impuestos ecológicos, recogidos en la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas, en la necesidad de implantar límites a la utilización de recursos naturales. El objetivo de esta «fiscalidad ecológica» es «la prevención y la restauración de los daños ocasionados en el entorno natural».

Del mismo modo, la recaudación «compensará el impacto en los recursos naturales que originan las conductas humanas». Con ella se sufragarán «las acciones incluidas en las políticas medioambientales concretas, ya sean proyectos, ayudas o fondos destinados a situaciones de emergencia».

Así, la Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y Administrativas, de época socialista, creó cuatro impuestos:

  • El hecho gravable del impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera es la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NOx) u óxidos de azufre (SOx) que se realice desde determinadas instalaciones.

  • El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales tiene como objeto el vertido a las aguas litorales que se realice desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo-terrestre o a su zona de servidumbre de protección.

  • El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, que quedó sin efecto en enero de 2013 porque existe un tributo estatal que grave el mismo hecho imponible.

  • El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos grava tanto la entrega de residuos peligrosos en vertederos públicos o privados como su depósito temporal.

Bolsas de plástico de un solo uso

La Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad creó el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso (IBP). El hecho imponible es el suministro de bolsas de plástico por un establecimiento comercial entregadas a los consumidores en los puntos de venta. El tipo impositivo es de cinco céntimos por cada unidad.

Los propios establecimientos fomentan el uso de bolsas de tela, reutilizables, en consonancia con la finalidad medioambiental del tributo, que entró en vigor el 1 de mayo de 2011.

Canon del agua

El hecho imponible del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de Andalucía, más conocido como canon del agua, es la disponibilidad y el uso urbano del agua potable de cualquier procedencia suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas.

El Gobierno de Juanma Moreno suspendió este martes el canon del agua para 2023. Por ello, la Administración andaluza dejará de ingresar 140 millones de euros. Esto último, sin embargo, no afectará a la ejecución de las obras hidráulicas, gracias a un remanente de 551 millones, según apuntó la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.