Sánchez y ERC impulsarán un nuevo Estatut con un Poder Judicial propio para Cataluña

A mediados de septiembre, el presidente de la Generalitat se dirigió a los catalanes para decirles que aspirar a la independencia en 2023 –plazo marcado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC)– era un imposible. «No tiene opciones reales, y lo que no haré es alimentarla», señaló entonces Pere Aragonès. Sin embargo, en las últimas semanas los tiempos de ERC han cambiado y los métodos, también. El objetivo sigue intacto, el que era es el que es, la independencia. Pero un nuevo escenario se ha abierto en el horizonte de los republicanos con la posibilidad de un nuevo Estatut bendecido por el Gobierno central y cuyo compromiso cerrado Esquerra exhibirá como su gran baza a las próximas elecciones catalanas. Así las cosas, los de Oriol Junqueras se presentarían a los comicios como los guardianes del independentismo inteligente y pragmático frente a Carles Puigdemont.

El eventual vuelco del Constitucional que Pedro Sánchez espera consumar en los próximos días: un órgano dominado por la izquierda siete a cuatro y al que se incorporarán varios magistrados procatalanistas –el juez del Supremo José Manuel Bandrés, como posible enlace a propuesta del PSC, y algunos catedráticos próximos a posiciones separatistas–, añadirá una garantía adicional de viabilidad al plan.

El nuevo Estatut será el esqueleto normativo que abra a los ciudadanos la puerta a una 'consulta acordada' lo suficientemente amplia y ambigua como para que quepa en la Constitución, aunque sea con calzador. Una Corte de Garantías a medida, convenientemente renovada por Sánchez, aseguraría su encaje, como avanzó El Debate esta misma semana. De ahí las prisas del Ejecutivo socialista para lograrlo, aunque el bloqueo en los dos nombramientos que dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido en un escollo indeseado para los socios de legislatura.

El nuevo marco legal catalán vendría a sustituir al primer intento que el propio Constitucional frustró al anular varias partes del texto, en una sentencia el 28 de junio de 2010. En aquella ocasión, el voto de un sólo magistrado, Manuel Aragón Reyes, fue clave en la resolución que tumbó las pretensiones separatistas. Once magistrados deliberaron sobre la propuesta catalana y él deshizo el empate técnico –cinco a cinco– entre dos bloques doctrinales opuestos. Su resistencia a admitir la idea de «nación» aplicable a Cataluña decantó un fallo más duro con las pretensiones del independentismo del que deseaban algunos de sus compañeros del sector progresista al que, hipotéticamente, pertenecía.

Sánchez, consciente de la importancia de que no se produzca un escenario similar, en una nueva oportunidad, pisaba el acelerador normativo para instar al CGPJ a nombrar a los dos magistrados de su cuota –uno conservador y otro progresista– que, junto con los dos progresistas del Gobierno, inclinarán la balanza de la Corte de Garantías hacia una clara mayoría de izquierdas, sensible y tolerante con las aspiraciones del nacionalismo catalán.

No contento con ello, y para incrementar las diferencias de fuerzas en el seno del Constitucional y evitar cualquier posibilidad de empate, la Presidencia socialista de la Mesa del Senado, en manos del político vasco Ander Gil, ha congelado la sustitución del magistrado Alfredo Montoya Melgar, que dimitió el pasado mes de julio por motivos de salud. En el caso de nombrarse un reemplazo para la vacante del jurista conservador, el Pleno del Tribunal quedaría más compensado –en un siete a cinco favorable a la izquierda– con un mayor riesgo de enquistarse ante cualquier voto 'tránsfuga'.

El control de la Justicia

Esquerra quiere asegurarse el control de la Justicia en ese nuevo Estatut. De una Justicia propia, además, para no tener que seguir respondiendo ante la Justicia española. Para ello planea reconvertir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una suerte de Tribunal Supremo catalán que tendría la categoría de máximo órgano judicial en todos los órdenes –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y en el que sus magistrados fuesen designados de entre los jueces formados por la propia Administración territorial.

Los políticos catalanes perderían, entonces, el privilegio del aforamiento respecto del Supremo español y pasarían automáticamente a ser enjuiciables, sólo, ante este pseudo Alto Tribunal. El pacto entre socialistas, alentado por la federación catalana del PSC, y republicanos (ERC) no contempla, de ninguna manera, que se pueda reeditar una condena a las pretensiones independentistas, como sucedió en la sentencia del procés: penas de cárcel de entre nueve y 13 años a nueve de los procesados por delitos de sedición y malversación –a los que después el Gobierno indultó–, y multas a otros tres por desobediencia.

Las «leyes de desconexión»

El esquema no es nuevo. Las cartas que juegan los de Junqueras frente a Sánchez ya las puso por escrito el independentismo catalán en la Ley 20/2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República; una de las llamadas «leyes de desconexión» que el Parlamento de Cataluña aprobó en septiembre de 2017 y que el Constitucional declaró contrarias a la Carta Magna.

Los arquitectos de la independencia hablaban ya en aquella norma de un Poder Judicial que se autogobernaría «de forma independiente» pero «coordinada con el Poder Ejecutivo». He ahí la trampa. De hecho, el órgano de Gobierno de ese Tribunal Supremo catalán estaría, en buena medida, integrado por magistrados o jueces «elegidos por el Parlamento por mayoría absoluta de entre los miembros de la carrera judicial». Ni siquiera por una mayoría reforzada de tres quintos o dos tercios, sino de la mitad más uno.

También entonces, el independentismo declaraba, por adelantado, una amnistía para los cabecillas del procés: «Los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta».

El Estatut en vigor

La obsesión del independentismo por moldear una Justicia a su antojo se remonta mucho tiempo atrás. El Estatut en vigor –aunque recortado por exigencias de legalidad–, el de 2006, lo intentó en su artículo 97, uno de los que el TC declaró inconstitucionales. Éste establecía la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña como órgano de Gobierno del Poder Judicial en la autonomía, al margen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español. Lo llamaban «órgano desconcentrado». En la sentencia, el Constitucional consideró que sólo el CGPJ puede ejercer el Gobierno de todos los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, a su vez, exclusivo del Estado.

El pasado mes de mayo, Carles Puigdemont anunció que el Consejo por la República –el órgano parainstitucional que él dirige desde Bruselas– contaría con un «tribunal republicano». El «embrión» –así lo definió– del futuro «Poder Judicial de la República catalana». También anunció una nueva ley electoral.