El comisario de Justicia aterriza en España en un último intento de Europa por pacificar la guerra del Poder Judicial

Reynders «lo tiene complicado» pero no por ello algunas de las partes implicadas en el bloqueo del Poder Judicial en nuestro país pierden la esperanza de que el comisario europeo de Justicia sea el bálsamo para poner paz en una situación «tremendamente enquistada». El PSOE mantiene el órdago al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el que pesa la obligación de nombrar a los dos magistrados de su cuota para la renovación del Constitucional, caducado desde el mes de junio; el PP, por su parte, insiste en la mano tendida a la negociación pero con la condición previa de que las conversaciones incluyan una reforma del «agotado» sistema de elección actual.

Así las cosas, el comisario europeo de Justicia visita esta semana nuestro país –desde hoy miércoles 28 y hasta el viernes 30– con la intención de facilitar el diálogo entre los interlocutores y con la dificultad añadida de una dimisión sobre la mesa, la del presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, que si todo sigue igual, podría formalizarse el próximo 5 de octubre.

En Bruselas son plenamente conscientes de que la situación de prórroga que vive el Poder Judicial en nuestro país es ya «inasumible». La parálisis en los nombramientos de los jueces que afectan a vacantes en todos los órganos jurisdiccionales, empezando por un Supremo laminado y hasta llegar a las Audiencias Provinciales –consecuencia de la prórroga del Consejo– tiene que desatascarse. El belga Didier Reynders regresa a España tras su última visita no oficial, el pasado mes de junio, con el firme propósito de desencallar la situación.

La ronda de contactos abarcará a todos los actores jurídicos implicados. Por parte del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Justicia, Pilar LLop; la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y, el titular de Consumo, Alberto Garzón. Desde el ámbito institucional, el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes; el del Constitucional, Pedro González-Trevijano; y, el recién estrenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, el belga se entrevistará con dos de las principales entidades profesionales: la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) e intervendrá en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, este jueves.

El emisario europeo llega con la premisa de que los jueces elijan a sus representantes. No en vano, España arrastra una deuda histórica de incumplimiento sobre uno de los principales postulados del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en la materia: asegurar un método de representación en el que «las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase del proceso de selección de los vocales de origen judicial». De persistir el incumplimiento «sistemático» de nuestro país en las recomendaciones comunitarias orientadas a la mayor independencia de la Justicia, Bruselas podría tomar medidas más duras más allá de las habituales advertencias.

Sin embargo, el escenario que se encontrará el comisario Didier Reynders no es, ni de lejos, el más favorable. Mientras los socialistas en el Gobierno apelan a la necesidad de un «control parlamentario» en el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde las filas populares instan a cumplir el «mandato europeo» para que los jueces elijan a sus propios «pares». Esto es, que jueces y magistrados voten a sus representantes.

El Gobierno se aleja de Europa

En una reciente jornada sobre la salud del Estado de Derecho en nuestro país –celebrado por Foro Judicial Independiente (FJI) en el Congreso de los Diputados– el PSOE insistía en su desacuerdo con la idea de eliminar «el control parlamentario de los jueces». Si bien los socialistas no cierran la puerta a una futura y eventual «revisión» del modelo vigente, condicionan la misma a que exista un «control desde las Cortes» a los jueces. La posición del Gobierno descarta, de raíz, la posibilidad de que los jueces designen «en exclusiva» a quienes han de representarles en el Pleno de su máximo órgano.

El Gobierno acusa al PP de estar dando un «golpe a la democracia y a la Constitución» con su posición sobre el Poder Judicial

La propia ministra de Justicia española, Pilar Llop, advertía hace unos días de que la cuestión sobre el método de nombramiento de los vocales del CGPJ corresponde a la «soberanía» española y, por lo tanto, ponía distancia con Europa en relación a las conversaciones que se producirán desde hoy, y hasta el viernes, para desenquistar una coyuntura que, cada vez más, molesta a Europa.

En el mismo sentido se manifestaba el Gobierno de España, el pasado 13 de septiembre, en una respuesta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que sigue una demanda de seis magistrados contra la inacción del Congreso y del Senado en la renovación del Poder Judicial. Para la Abogacía del Estado la soberanía para los nombramientos del CGPJ cuelga de la voluntad de los grupos parlamentarios que integran las Cámaras de representación.

El PP confía en el arbitraje de la UE

En relación con el Partido Popular –principal fuerza de la oposición que está, por lo tanto, concernida en la renovación del Poder Judicial– la visita de Reynders es la oportunidad de poner orden ante la negativa del Gobierno a dialogar. Los populares no han recibido «ninguna petición» expresa del comisario europeo para una mesa a tres con el comisario europeo, el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons. Pero, «si la hubiese, la aceptaríamos» confirman a El Debate fuentes de la formación.

Las mismas fuentes recuerdan que «la carta que enviamos al Gobierno sigue sin respuesta», en referencia al documento de 11 páginas con el que los populares invitaron a los socialistas, sin éxito, a retomar las conversaciones para aproximar posturas en relación a la Justicia en nuestro país. En aquella ocasión, el Ejecutivo socialista dinamitó cualquier puente para el desbloqueo del Poder Judicial español, tras el ultimátum de dimisión del presidente del Consejo General (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la apertura del Año Judicial.

Sobre el desprecio del PSOE a la propuesta del PP para resolver la parálisis institucional y «mejorar la independencia» judicial, los populares informaron por carta a la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al propio comisario de Justicia Reynders, que hoy nos visita, de la misiva enviada. Fuentes del PP confirmaron cómo a ambos dirigentes comunitarios les habían manifestado «nuestra vocación de avanzar en la despolitización del sistema judicial», según los «parámetros fijados» desde la propia Comisión. Desde entonces, todo sigue igual.