Reynders pide menor protagonismo político y «mayor intervención de los jueces» en el CGPJ

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha llegado a España con la firme voluntad y la clara determinación de aliviar el bloqueo que, desde hace más de tres años, sufre el Poder Judicial en nuestro país. Así lo ha reiterado durante su intervención en la comisión mixta para la Unión Europea convocada esta tarde en el Congreso de los Diputados al repasar las conclusiones del tercer Informe del Estado de Derecho, año 2022, y sus recomendaciones, para todos los Estados miembros para «organizar e incrementar el diálogo» entre partidos políticos y descubrir si hay, por parte de estos, «una voluntad real de moverse en la dirección» correcta.

El emisario belga ha recordado al comienzo de su intervención cómo el dictamen «es un instrumento preventivo» con el que se trata de fijar un diagnóstico «exhaustivo» para acompañar a cada uno de los veintisiete países «en las reformas necesarias». Un informe que, además, este año ha incluido ciertas novedades al individualizar «por primera vez, las recomendaciones específicas» para cada uno. La Comisión «hará seguimiento» para ver si se consiguen en sucesivos informes que, curiosamente, en su edición de 2023 coincidirá «con la Presidencia española de la UE».

De lo contrario, Reynders ha advertido de que, en el marco de las «competencias» que correspondan a Europa, podrían aplicarse un amplio abanico de medidas adicionales, más contundentes, porque «si ahora que estamos aplicando sanciones a terceros» -en referencia a los oligarcas rusos- y «queremos ser creibles en el extranjero, también tenemos que serlo en la aplicación de nuestro Derecho propio».

Entre las mismas, el comisario de Justicia ha repasado las más recientes, como las que afectan a la congelación de los planes de recuperación del país afectado por el incumplimiento; el condicionamiento de las transferencias de fondos al cumplimiento de las normas del Estado de Derecho; o, la aplicación de sanciones, como la de 1 millón de euros por día a Polonia, que asciende ya a una reclamación por valor de 300 millones.

El bloqueo del CGPJ

Reynders ha sido muy claro en relación con el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «está paralizado desde diciembre de 2018». El comisario europeo es consciente de que «hay voces que solicitan que el sistema de nombramiento se modifique de conformidad con los estándares europeos» pero, al mismo tiempo, la imposibilidad del órgano de gobierno de los jueces de cubrir vacantes -al tener las designaciones congeladas- obliga a la Comisión a instar de forma «prioritaria» la renovación; y, que, «una vez formalizada», sea cuando se «aborde una reforma de los mecanismos para que los jueces sean elegidos por sus pares».

Una cuestión que, lejos de las discrepancias entre el Consejo judicial español, y otros sistemas de otros países miembros, no es un capricho de la Comisión que él lidera sino una «decisión del comité de ministros del Consejo de Europa», del año 2016, «del que España forma parte», ha recalcado el belga.

Los jueces españoles son jueces europeos a todos los efectosDidier ReyndersComisario europeo de Justicia

Así las cosas, la discrepancia real sobre la parálisis en el Poder Judicial español parece haberse situado en el orden de los factores de su renovación: una pugna entre quienes quieren hacerlo, «con la ley vigente» y después abordar una posible reforma del modelo «agotado» -tal y como denunció el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes- y quienes apuestan, exactamente por lo contrario.

El comisario Reynders ha asegurado que ante el bloqueo de la renovación de un Consejo de la Magistratura, si un Estado decide ponerlo en marcha, destaca una idea por encima del resto y es que debe «estar compuesto por una mayoria de jueces». «En el informe instamos de forma explícita» en la necesidad «prioritaria» de renovación y en la posibilidad de articular un nuevo «procedimiento para la reforma del mismo respetando los estándares europeos». No en vano, la mayor «preocupación» de la Comisión es que en la situación actual el CGPJ «en funciones no puede nombrar» las vacantes judiciales.

«Los jueces españoles son jueces europeos» a todos los efectos, ha afirmado Reynders. Por ello, «les pedimos a ellos que respeten el Derecho comunitario y les pedimos a los Estados que estos jueces participen en una Justicia independiente y que, a su vez, presten una Justicia independiente a los ciudadanos». No se trata de que los veintisiete países «tengan sistemas judiciales idénticos», ha matizado en respuesta a varios de los portavoces parlamentarios que han puesto en cuestión la autoridad de Europa para hacer recomendaciones a España cuando no hay un «modelo» tasado para los tribunales domésticos.