Lesmes confirma al comisario europeo sus planes de dimisión pero confía en desbloquear el CGPJ

El caballo de batalla en la galopante crisis judicial de nuestro país pasa por resolver un dilema que, a día de hoy, parece haberse enquistado más allá, incluso, de las fronteras de la Unión Europea. La presencia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en nuestro país para desencallar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece no haber surtido efecto ante el órdago de un Gobierno que se niega a plantear «nunca» la reforma del modelo de elección de los vocales judiciales. Así las cosas, Carlos Lesmes, ha expresado todavía este viernes su confianza en que la visita del belga ayude a «desatascar» una situación que el presidente del Supremo ha calificado como «urgente» si bien considera que en la modificación del sistema «no hay tanta urgencia».

«El impulso de las instituciones europeas yo creo que es importante, que puede ayudarnos a salir de esta situación de atasco en la que nos encontramos», ha dicho Lesmes, tras reunirse este viernes con Reynders en la sede del Alto Tribunal.

Lesmes ha confirmado su voluntad de dimitir, como ya avanzó en su discurso ante el rey Felipe VI, durante la apertura del Año Judicial, si las cosas no se desenquistan en los próximos días. Si entonces, a principios de septiembre, las posiciones políticas «estaban muy enconadas y creo que su visita ayuda a una cierto desenconamiento, a flexibilizar un poco las posturas de ambas partes», ha considerado Lesmes.

Si nos mantenemos exactamente en la misma situación, mi permanencia carecerá de sentidoCarlos LesmesPresidente del Consejo General del Poder Judicial

En cuanto a la posible reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, ha manifestado que, a su juicio, «en eso no es difícil encontrarse en los dos partidos». «Abramos un procedimiento y vamos a reflexionar hacia dónde tenemos que caminar, en la medida en que tampoco hay urgencia», ha instado a ambas formaciones, PSOE y PP. Precisamente, las posiciones de los partidos se han distanciado en las últimas horas, situando a los dos bloques en una tesitura diabólica en la renovación del Consejo que, lejos de desatascarse, está en una encrucijada «más complicada que nunca».

Lesmes ha hecho hincapié en la importancia de pensar bien la reforma dado que aunque los estándares europeos exigen que la mayoría de los vocales del CGPJ sean designados por los propios jueces -el modelo del Partido Popular, la postura más afín a las recomendaciones de la UE- «no tiene por qué ser tan simple (como) que eligen los jueces».

«Se puede hacer de muchas maneras para evitar que se trasladen ideológicamente bloques a través de las asociaciones judiciales porque estaríamos exactamente en las mismas. O sea, habría que buscar otros caminos», ha defendido abiertamente el todavía presidente del Consejo.

Parada en el Constitucional

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente Juan Antonio Xiol, también han mantenido esta mañana un encuentro institucional con el Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en el marco de su visita institucional a nuestro país. Durante la reunión, ambos miembros de la Corte de Garantías han subrayado su compromiso con la primacía del Derecho Europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). También han coincidido en que el Tribunal Constitucional es un órgano «europeo y europeísta».

De manera especial, los tres interlocutores han abordado los preparativos de la próxima Conferencia de Presidentes de las jurisdicciones constitucionales de la UE, que tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Bruselas. El Comisario Reynders ha invitado al Presidente González-Trevijano, quien, en principio, y pendiente de la renovación del órgano que lidera, por parte del CGPJ, en los próximos días, ha confirmado su asistencia.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de que se produzca la renovación de las instituciones, en tiempo y forma. También han resaltado que España goza de independencia judicial y del máximo respeto al Estado de Derecho.