Lesmes maniobra a la desesperada para conseguir un voto tránsfuga de los conservadores y renovar el Constitucional

Carlos Lesmes «no está siendo claro» con sus compañeros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo han puesto de manifiesto fuentes próximas a la institución que apuntan cómo, durante el último Pleno celebrado, el presidente del Consejo fue «extremadamente insistente en el asunto de los nombramientos» de los dos magistrados del Constitucional que, por turno, le corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. Hasta tal punto «presionó» con las fechas, el calendario y la necesidad de «una votación» la próxima semana que la situación «resultó incómoda» para algunos de los vocales. Según las mismas fuentes, Lesmes ha estado «maniobrando» en los últimos días «para que alguien se sume al voto de la izquierda» que necesita mayoría de dos tercios –esto es, doce apoyos– para consumar la designación de una pareja de magistrados con destino al Constitucional.

Lesmes conseguía, al término de una reunión tensa, con un Consejo dividido, un acuerdo de mínimos para reunirse, de nuevo, el próximo día 5 de octubre con una propuesta concreta que someter a votación. El sector de la izquierda ha planteado ya un listado con nueve nombres que, a su juicio, serían los ideales para la elección pero, hasta la fecha, no ha llegado a debatirse sobre ninguno de ellos.

Un escenario en el que el presidente del CGPJ cuenta cada vez con menos tiempo para cumplir, no sólo con el mandato del Gobierno que venció el pasado día 13 de septiembre, sino con sus propios plazos personales previos a la división que, tal y como avanzó El Debate, podría materializarse el mismo día 5 si la reunión finaliza sin acuerdo. Un extremo que también habría apuntado a sus vocales en el marco del último Pleno.

De los 18 miembros, más el presidente, que actualmente lo integran –con las vacantes provocadas por la salida de Rafael Fernández Valverde, tras su jubilación y de Victoria Cinto Lapuente, recientemente fallecida– ocho pertenecen al bloque conservador, que se ha manifestado en todo momento a favor de «cumplir la ley» pero de acuerdo a sus «propios plazos»; y, otros siete al sector de izquierdas que, por el contrario, ha puesto ya sus 'cromos' sobre la mesa.

El grupo mayoritario -designado a propuesta del Partido Popular durante el último Ejecutivo de Mariano Rajoy- está compuesto, sobre el papel, por los magistrados María Ángeles Carmona, Wenceslao Olea, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez-Tristán, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Vicente Guilarte, José María Macías, Juan Martínez Moya y el propio Carlos Lesmes.

Enfrente, los vocales del PSOE -Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Roser Bach, Rafael Mozo, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda- que, junto con la designada a propuesta de Izquierda Unida, Concepción Sáez, y el del PNV, Enrique Lucas, conforman el denominado sector «progresista», entregado a la causa de la renovación.

De entre los restantes que todavía no se han pronunciado en uno u otro sentido, tres de ellos con el propio presidente Lesmes en cabeza –quien, además, en caso de empate técnico ejerce voto de calidad– están decididos a poner punto y final a más de un mes de retraso en la obligación impuesta por Pedro Sánchez para designar a dos magistrados del Supremo como jueces al Constitucional. Lesmes podría abandonar su posición de neutralidad, seguido por Wenceslao Olea que movería ficha, una vez lo haga la Presidencia, y en el mismo sentido que ésta; o, Vicente Guilarte que, sin adscripción alguna, se inclinaría por respaldar a la mayoría matemática para asumir el mandato legal aún pendiente.

El sector de izquierdas sabe que el éxito del trámite depende de un último voto, como mínimo, que tendrá que ser conquistado de entre las filas opuestas de sus compañeros. Un 'tránsfuga' que Lesmes confía en lograr en los próximos días. De hecho, en la última reunión mantenida fueron «varios» consejeros neutrales quienes, en vista de la «presión» ejercida, «no descartaron» un eventual apoyo a los planes de su presidente para salir del laberinto actual y, con ello, quedar fuera del foco político, social y mediático que los ha venido señalando desde el verano. Siempre y cuando no se diese el escenario en el que ocho de los vocales del Pleno decidiesen emitir su voto en blanco.

Sea como fuere, el todavía titular del CGPJ es consciente de que, más allá de las convicciones personales y de la idea de que el CGPJ debe tomarse su tiempo para conformar la renovación de la Corte de Garantías, el órgano tendrá la última palabra en los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las leyes más ideológicas del Ejecutivo socialista.

Consumar el control del TC

Por su parte, Lesmes se ha reunía a principios de semana con sus compañeros del Supremo, los presidentes de las secciones del Alto Tribunal –como lo hizo el viernes con los miembros del CGPJ– en la que podría haber sido la última convocatoria de la Sala de Gobierno, previa a su dimisión. Así las cosas, lo hacía para informarles sobre el resultado del informe emitido por el Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, previa solicitud, establece la hoja de ruta a seguir ante su «eventual sustitución en la titularidad de la Presidencia de ambas instituciones» que, de consumarse, recaería por razones de antigüedad en el presidente de la Sala Primera de lo Civil, Francisco Marín Castán.

El asunto no está claro, ni mucho menos, en el marco de un CGPJ que se alejó de la unanimidad en el respaldo al informe de letrado del Consejo. La firme reticencia de la mayoría de los vocales que, hasta la fecha, ha puesto freno a consumar el plan de Sánchez para hacerse con el control del Constitucional, podría verse alterada en los próximos días. Un Constitucional que tendrá que analizar sus decisiones más polémicas.

Lesmes «es consciente» de que una vez el Gobierno tenga lo que quiere, durante los dos próximos años –y tras su salida que «debilitará», todavía más, un órgano en funciones– será imposible renovar. Y, lo que es todavía más cuestionable, nada de reformar el sistema «agotado» para sustituirlo por otro en el a los vocales del Consejo los elijan sus propios «pares», como nos pide Europa.

Ni siquiera el reciente viaje del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha contribuido a desencallar una situación en la que el Gobierno continúa enrocado: no va a modificar «nunca» el modelo de elección actual. Reynders, de visita en España, señalaba este jueves en el Congreso de los Diputados que «sería mejor» que nuestro país iniciase su turno de Presidencia de la Unión Europea, en 2023, con la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya aplicada.

Sin embargo, tras haberse entrevistado con hasta cinco ministros del Gobierno –entre ellos, Nadia Calviño, Félix Bolaños y Pilar Llop– para tratar de mediar en el bloqueo institucional, la situación está «más complicada que nunca» aseguraban extraoficialmente a El Debate fuentes conocedoras del estado real de la cuestión.

El dossier entregado por Bolaños al belga durante su encuentro, una lista con la relación de las 19 «excusas» que, según el Gobierno, lleva esgrimiendo la oposición desde 2020 para no renovar el Consejo, ha terminado por dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo. El órdago del Ejecutivo a Europa pasa por conseguir una renovación institucional sin retoques previos sobre el modelo judicial que «no están dispuestos» a cambiar en ningún caso.

Un escenario imposible en el ámbito comunitario que exhorta a España, cada vez en un tono más elevado, a la «plena puesta en marcha de sus recomendaciones» de cambio del sistema de elección. Lesmes es consciente de que con su salida, el órgano quedará descabezado.