La tibia respuesta que Borrell ha enviado a Vox ante la persecución de la Iglesia en Nicaragua

«La UE sigue observando de cerca y con gran preocupación el continuo deterioro de la situación en Nicaragua y, en concreto, el caso del obispo Rolando Álvarez». Eso es todo lo que tiene que decir Josep Borrell ante la persecución a la que está sometiendo el régimen de Daniel Ortega a la Iglesia Católica.

En lo que va de año, la Policía nicaragüense ha cerrado y/o expulsado a 1.200 ONG y asociaciones de la sociedad civil, ha apagado siete emisoras católicas y ha detenido a siete sacerdotes y al obispo Rolando José Álvarez Lagos, de la diócesis de Matagalpa.

Este último fue arrestado en el palacio episcopal en el que reside el pasado 19 de agosto, después de semanas de asedio (le impidieron incluso salir a oficiar misa). Ortega les acusa de «golpistas», de conspirar para desestabilizar al Estado y hasta de «terroristas».

La represión del dictador de Centroamérica preocupa a la derecha europea, que pide más contundencia a la Comisión y, especialmente, al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Pero el encarcelamiento de los religiosos no parece estar entre las prioridades de Borrell.

La Comisión Europea que vicepreside ni siquiera tiene pensado endurecer las sanciones a Nicaragua como medida de presión. No, al menos, en el corto plazo. Y eso a pesar de que Ortega incluso se ha atrevido a expulsar a la embajadora de la UE en Managua, la diplomática alemana Bettina Muscheidt, que abandonó el país el sábado.

Tras el encierro de monseñor Álvarez, los eurodiputados Hermann Tertsch y Carlo Fidanza, de los partidos Vox y Hermanos de Italia (el de Giorgia Meloni) enviaron ese mismo día un escrito al jefe de la diplomacia europea con la esperanza de que, tratándose de un español, éste fuera más sensible a la situación en Nicaragua.

En él, ambos eurodiputados recordaban que el Parlamento Europeo ya condenó en junio «las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega-Murillo con la complicidad del poder judicial» y hacían tres preguntas a Borrell: «¿Se comprometerá a trabajar en favor de la liberación de estos sacerdotes?», ¿condicionará las relaciones entre la Unión y Nicaragua al respeto de los derechos humanos y la libertad religiosa?» y «¿piensa reforzar sanciones contra la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua?».

La respuesta de éste, con fecha del pasado viernes y que reproduce El Debate, es de una gran tibieza. De hecho, no contesta a ninguna de las tres preguntas. «La UE se mantiene en contacto con la Santa Sede y está muy atenta a evolución del asunto a través de la Delegación de la UE en Managua», señala el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que no dice nada concluyente sobre la posibilidad de un nuevo paquete de sanciones. Ni sí ni no, simplemente un 'puede ser'.

«La UE seguirá vigilando de cerca la situación y podrá decidir nuevas medidas restrictivas. La UE sigue dispuesta a utilizar todos los instrumentos a su disposición para intervenir y apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política. Esto abarca ayudas al fortalecimiento del Estado de Derecho, a la sociedad civil y al desarrollo económico y social de los más vulnerables», señala Borrell en su respuesta.

Las últimas sanciones de la UE contra Nicaragua –el tercer paquete– fueron acordadas el pasado enero y afectaron a siete personas y tres entidades. Entre ellos figuraban miembros de la familia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, así como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la compañía que supervisa las telecomunicaciones y los servicios postales. En total hay 21 personas ya en esa lista negra que la UE empezó a confeccionar en mayo de 2020, pero Ortega ha hecho caso omiso.

«Desde el inicio de la crisis en 2018, la UE no ha cesado de reclamar la liberación de todos los presos políticos y el pleno restablecimiento del Estado de Derecho, el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país, y el diálogo entre el régimen y la oposición, en particular para acordar reformas electorales», subraya Borell.

Actualmente en Nicaragua hay más de 180 presos políticos, tras unas elecciones en noviembre de 2021 que la UE consideró un fraude, puesto que se habían celebrado sin garantías democráticas. Así pues, la Unión no reconoció los resultados.