La juez del caso Alvia frena el intento de Adif de centrar la causa sobre su exdirectivo

Nueve años y más de dos meses después de aquel accidente ferroviario que dejó 80 muertos y 145 heridos en el barrio de Angrois, en Santiago de Compostela, este miércoles se han sentado en el banquillo de los acusados el maquinista del tren Alvia, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, a los que la justicia imputa 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

El arranque del juicio este miércoles ha sido tenso. El familiar de una de las víctimas del accidente ha golpeado en la cabeza a uno de los acusados, al exdirectivo de Adif, tras la primera sesión, una agresión que ha ido acompañada de insultos. La vista ha comenzado a las nueve de la mañana y con ella se ha iniciado la práctica de la acción penal, que, según lo previsto, finalizará en febrero del próximo año. El inicio de la práctica de la acción civil está fijado para el 14 de febrero de 2023, y la vista durará en total nueve meses.

La magistrada María Elena Fernández Currás, que es la encargada de preparar y celebrar el juicio oral y de dictar sentencia, ha tumbado al inicio del juicio el intento de Adif – la empresa pública responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria–de acotar la causa penal sobre Andrés Cortabitarte.

El abogado del exdirectivo de la empresa, Ignacio Sánchez, buscaba que el foco se pusiera en si el análisis de riesgos previo al siniestro era el correcto, sin entrar a analizar las condiciones de seguridad del trayecto. Sin embargo, la presidencia de la sala ha señalado que todos esos factores están «íntimamente conectados».

La juez que lleva el caso sí ha admitido como «prueba de parte» el vídeo aportado por la defensa de Adif que buscar atribuir determinados errores al otro acusado, el maquinista del tren. La mayoría de los abogados de las víctimas, y la defensa del propio maquinista pidieron que este vídeo, al que consideran un «montaje», fuera impugnado, apuntado que tiene «claro ánimo de exculpar al señor Cortabitarte y establecer la única responsabilidad del maquinista».

La Fiscalía y la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas de este accidente piden para cada uno de los acusados cuatro años de prisión. El Ministerio Público, además, solicita que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. Por otro lado, la reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a más de 57 millones de euros.

Casi diez años del accidente

El 24 de julio de 2013, la víspera del día de Galicia, el tren Alvia descarriló al pasar por la pronunciada curva de A Grandeira, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago. Su conductor duplicó la velocidad permitida, que estaba en los 80 kilómetros por hora, llegando a los 191 al atravesarla. Acto seguido, el tren chocó contra un muro de hormigón.

Minutos después del accidente, agentes de la Policía Nacional, policía local, Guardia Civil, voluntarios, trabajadores sociales y vecinos del barrio de Angrois, a las afueras de la capital gallega, acudieron hasta el lugar de los hechos para ayudar a los pasajeros que pedían auxilio. España entera quedó conmocionada al enterarse del, como se constataría más tarde, el accidente ferroviario más grave de la democracia española.

El maquinista contó en un mensaje a la central de Atocha que se había despistado al recibir una llamada rutinaria del interventor de abordo. «Esto es inhumano, esta curva», «ay, ay, Dios mío», «dicen que el maquinista tiene que estar a eso, y sí, pero somos humanos», señaló en aquella comunicación desde la cabina, sin conocer en aquel momento la magnitud de esta tragedia. «¡Pobres viajeros!», exclamó Garzón.

La defensa de ambas partes

El abogado que ejerce la defensa del maquinista Garzón, Manuel Prieto, ha señalado en declaraciones a Europa Press que confía en que «se aclare toda la verdad» y que «se determinen las causas del accidente». «Que era una línea carente de análisis de riesgo y sin sistemas de seguridad es la esencia y la causa principal», ha sostenido. Por parte de la plataforma de víctimas, el abogado Jesús Domínguez ha incidido en que lo que buscan es que «la gente conozca la verdad» del accidente, «a mayores de depurar responsabilidades».

El juzgado de lo Penal número 2 de Santiago ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos, lo que hace un total de 669 testificables.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha expresado durante la sesión de control al Gobierno regional que la Xunta de Galicia desea que se haga «justicia», y ha subrayado «el esfuerzo» presupuestario de un millón de euros para acondicionar la Ciudad de la Cultura como sede del juicio. Asimismo, ha reprochado al BNG que haga «políticas partidarias» con el accidente, después de que la portavoz del partido nacionalista Ana Pontón criticara en su turno que los exministros de Fomento José Blanco, del PSOE, y Ana Pastor, del PP, no hayan «asumido sus responsabilidades políticas», y les acusara de tratar de «impedir» un informe europeo crítico con la actuación de España en el caso.