El Senado da luz verde a una Ley de Memoria sin consenso y apoyada por Bildu

El Senado ha aprobado de forma definitiva este miércoles la polémica Ley de Memoria Democrática, después de que fuera aprobada en primera instancia el pasado 14 de julio en el Congreso de los Diputados, habiendo iniciado su camino en las Cortes sin un consenso político amplio ni consenso social alguno y habiendo incluido algunas cesiones a EH Bildu. Esta norma, que entrará en vigor tras su publicación en el BOE, da un paso más allá respecto a la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El proyecto de Ley impulsado por el Gobierno que conforman PSOE y Unidas Podemos ha contado con cuatro vetos, esto es, cuatro enmiendas a la totalidad, presentados por el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y UPN, que han sido rechazados, y 521 enmiendas parciales, de las que 292 han sido registradas por el grupo de Izquierda Confederal.

El apoyo de ERC, que se había abstenido en la votación en el Congreso, aunque sí había votado a favor en la previa Comisión Constitucional que aprobó el dictamen, era este miércoles una incógnita, pero finalmente ha rechazado, también los vetos propuestos por la oposición a la norma.

El Partido Popular pide retirar esta ley y sostienen, coincidiendo con expresidentes y exministros socialistas, que «tergiversa el gran pacto constitucional» de 1978, «siempre sospechas sobre la Transición para desligitirmarla», supone un «ataque frontal» al sistema constitucional español y pretende «imponer una verdad oficial». «El actual Gobierno de España se mueve bien en la confrontación y en la polarización, y este proyecto de ley es un claro ejemplo de ello», ha subrayado la senadora 'popular' Amelia Salanueva.

Por su parte, desde Vox, el senador José Manuel Marín ha denunciado en el Pleno que el proyecto de ley que hoy se ha debatido es una iniciativa legislativa que «constituye un ataque vil y miserable del actual Gobierno socialista y comunista, y de sus socios separatistas, contra la Historia de España y contra la convivencia en la actual sociedad española». La formación de Abascal considera que «por los principios en que está inspirado, es merecedor de la más enérgica repulsa» del Senado.

Tampoco apoya esta ley UPN, que la califica de «sectaria» y «limitada», al ser una norma que «olvida a las víctimas de ETA» y «es fruto de un acuerdo con Bildu». Tal como ha defendido el senador Alberto Catalán, esta ley «es un claro ejemplo del sectarismo que viene caracterizando las políticas de este Gobierno y sus socios independentistas", que quieren romper los acuerdos y consensos alcanzados en la Transición».

En la misma línea, desde Ciudadanos, el senador Miguel Sánchez ha expresado que la nueva norma «es una enmienda a la totalidad a la Transición española» y «pone en duda jurídicamente el principio de irretroactividad». Asimismo, ha señalado que esta ley «creará una desigualdad inaceptable entre las víctimas del franquismo y las víctimas de la organización terrorista ETA en lo relativo a los mecanismos para evitar situaciones de humillación y menosprecio a éstas y a sus familias».