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Carlos Lesmes dimite como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo sin renovar el Constitucional

Dimisión de Carlos Lesmes

Supremo y CGPJ sopesan una Presidencia bicéfala como solución «inédita» a la crisis del Poder Judicial

Más de tres horas de reunión entre Gobierno y oposición no han supuesto ningún avance real para desbloquear la situación del Consejo

La dimisión de Carlos Lesmes ha dejado al Poder Judicial sumido en una profunda e «inédita» crisis institucional de difícil solución. Nunca antes en nuestra historia democrática reciente se había dado un escenario similar, con el Consejo General (CGPJ) y el Supremo descabezados, un tercio del Constitucional caducado y la cerrazón absoluta del Gobierno a negociar un cambio de modelo en el sistema de elección de los vocales de los jueces, que devuelva el prestigio y la independencia a los más altos órganos del Estado, lejos del intervencionismo político. Ante tal escenario se abre un abanico de incógnitas entre las que está la de la sucesión de Lesmes. Un asunto polémico y novedoso que apunta a una «bicefalia» en las Presidencias de Consejo y Alto Tribunal «por la vía de los hechos», apuntan a El Debate fuentes próximas al caso.

El Pleno del CGPJ se reunirá el próximo jueves día 13 de octubre en una cita extraordinaria crucial. La cuestión previa a resolver será, precisamente, el reemplazo de Lesmes al frente de ambos órganos constitucionales y cómo asegurar el correcto funcionamiento de ambos ante una eventual prórroga sine die de la situación de bloqueo actual. El ya expresidente trató de dejar la solución resuelta tras su salida y, para ello, encargó un informe técnico que apuesta por un único sustituto para liderar tanto Consejo como Supremo. Sin embargo esta propuesta –contraria a otra emitida en 2019– no cuenta, hasta la fecha, con el respaldo mayoritario de los vocales.

Los vocales negocian a contrarreloj para sustituir el jueves a Lesmes y evitar una mayor división en el seno del Consejo

La clave de aquel dictamen anterior era que las Presidencias del Supremo y del Consejo eran indisociables y, por lo tanto, la titularidad de la Presidencia –por parte del magistrado Francisco Marín Castán, el más antiguo de los presidente de Sala del Supremo– debía ser «automática».

Sin embargo, hoy por hoy, «parece poco probable» que el CGPJ «vaya a buscar» a Marín Castán, candidato resultante de las conclusiones del Gabinete Técnico, como «presidente en funciones». El actual titular de la Sala Primera del Alto Tribunal es, además, su vicepresidente interino por casualidad –tras la renuncia en el cargo de su predecesor, Ángel Juanes– y, por lo tanto, ni siquiera fue elegido para el puesto por los consejeros. Pero, tampoco, «resulta creíble que Marín Castán se imponga» como presidente, en ausencia de consenso. Así las cosas, todo apunta a que habrá un doble liderazgo en sendas instituciones, como mínimo, hasta que el órgano se renueve íntegramente por un pacto político que parece, cada vez, más complicado.

Los vocales, divididos en la cuestión de los nombramientos de los candidatos al Constitucional, coinciden unánimemente en su rechazo a una fórmula impuesta que les dejaba sin capacidad de pronunciarse en una cuestión esencial para la viabilidad del Consejo. Y, la mayoría del Pleno, está de acuerdo en que la Presidencia de Marín Castán en el Supremo no se replique en su caso.

La alternativa sería que uno de sus miembros, el más antiguo, asuma el liderazgo que, en esta situación, recaería sobre el juez Rafael Mozo, elegido a propuesta del PSOE y miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Una designación que el Gobierno vería, además, con buenos ojos para desencallar, en paralelo a las negociaciones políticas de renovación, las dos designaciones a la Corte de Garantías. Sea como fuere el Consejo tendrá, el jueves, la última palabra.

«Valorar» sin votación como tal

Las negociaciones ya están en marcha para lograr que el jueves ambos sectores, el progresista y el conservador, lleguen al Pleno extraordinario del día 13 con un marco de acuerdo cerrado sobre la sucesión de Lesmes «para evitar males mayores» y «más enfrentamientos». Tras la dimisión de Carlos Lesmes, el magistrado ya no estará presente en dicha reunión que él mismo convocó antes de irse.

Aunque el ya expresidente propuso la fecha en un último intento por lograr la elección de los dos magistrados del TC que corresponde nombrar al Consejo, el orden del día se ha ampliado, a petición de los vocales progresistas -Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, Concepción Sáez, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga y Enrique Lucas- para «valorar» las posibles soluciones a la renuncia del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esto es, una deliberación sin votación como tal, al tener el CGPJ prohibidos los nombramientos, para solucionar el liderazgo institucional.

Que Marín Castán presida el Consejo es «tan improbable» como que la elección de Rafael Mozo «resulte un mero trámite» porque, más allá del baile de nombres, habrá que fijar «cómo se formaliza la designación, las competencias limitadas del nuevo presidente en funciones, cómo articular la coexistencia con otro presidente en el Supremo,...», avanzan las fuentes consultadas por El Debate. Las mismas fuentes que plantean los cálculos necesarios para que se entienda que Mozo «cuenta con una mayoría de respaldos suficientes» que haga viable su proclamación. Aunque de entrada se intuyen nueve votos a favor -en un Pleno que tras la salida de Lesmes consta de dieciocho vocales- Mozo debería recabar, como mínimo, uno más del bloque conservador. A día de hoy no parece «imposible».

Y es que los consejeros son totalmente «conscientes» de la importancia de «garantizar» el correcto funcionamiento del órgano descabezado después de la salida de su expresidente y afectado por una crisis institucional más que evidente, sin precedentes en democracia. Así las cosas, se estila una «imagen de unidad» en el seno del órgano de gobierno de los jueces, frente a las desavenencias que, en las últimas semanas, se han venido escenificando a cuenta de la elección de los dos candidatos a designar para la renovación del Constitucional.