El Gobierno baraja a una magistrada del Supremo como sucesora de Fernández de la Vega

El afán del Gobierno socialista por ajustar las altas instituciones del Estado a su medida más allá, incluso, de la presente legislatura, está provocando cambios sustanciales en las Presidencias de los órganos más relevantes de nuestro país. Tras la salida de Carlos Lesmes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueado por el Ejecutivo en su función natural de nombramientos discrecionales –con la excepción del Constitucional, caducado en un tercio desde el pasado mes de junio–, ahora le ha tocado el turno al Consejo de Estado. La dimisión de María Teresa Fernández de la Vega como presidenta del mismo para reincorporarse a su anterior puesto vitalicio como consejera permanente, que El Debate adelantó en exclusiva, ha dejado un hueco que tendrá que ser cubierto en los próximos días. Pedro Sánchez piensa en una mujer, magistrada del Supremo como sucesora de la exsocialista, la titular de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano Astaburuaga, suena cada vez con más fuerza.

No en vano, la juez Segoviano, primera mujer en ponerse al frente de una Sala en el Supremo español, en 2020, ha cumplido ya los 72 años y, por lo tanto, no podrá prorrogar durante más tiempo su permanencia en la Carrera judicial, en su puesto actual, por lo que quedará próximamente liberada de sus obligaciones actuales. Los magistrados del Alto Tribunal se jubilan a los 70, pero pueden pedir alargar voluntariamente su carrera dos años más, momento a partir del cual se produce su renuncia forzosa.

Segoviano (Valladolid, 1950) cumple, además, con el perfil ansiado por el Gobierno para los puestos más elevados del escalafón institucional. Es mujer, feminista, experta en igualdad de género –especialidad en la que es autora de varias publicaciones– derechos fundamentales, utilización de las nuevas tecnologías en el despido, seguridad social y cuestiones procesales.

Por ello, el Ejecutivo ha deslizado a fuentes próximas al Consejo de Estado que sería una candidata adecuada para abordar la misión, durante el tiempo que reste a Sánchez en la Moncloa, de coordinar las funciones consultivas del Gobierno, en materia legislativa y de cualquier otra índole, y continuar con el impulso a la digitalización institucional de la que se ha encargado su predecesora en el puesto.

Se despide De la Vega

El Debate avanzó, el pasado martes, la última maniobra del Ejecutivo en su estrategia por asaltar, también, el Consejo de Estado. Tras la «inaudita» dimisión de la consejera permanente Victoria Camps –propuesta por el PSOE publicada hace una semana en primicia– le seguía este martes la ya expresidenta del órgano, María Teresa Fernández de la Vega.

Una doble salida que permitirá al próximo Consejo de Ministros restaurar a la exsocialista en su puesto anterior como vocal de la Comisión Permanente, uno de los nueve únicos cargos vitalicios de España. Según fuentes próximas al Consejo, la hasta ahora jefa de gabinete de De la Vega «se ha ido despidiendo del personal» en los últimos días y la propia interesada hacía lo propio, formalmente, en la Comisión Permanente de este mismo jueves, aunque su renuncia era vox populi entre los consejeros, desde hace días. Y ello pese a que su renuncia formal y por escrito había quedado registrada el pasado viernes.

De la Vega perdió su condición de cargo vitalicio al ser designada, discrecionalmente, como presidenta del Consejo en julio de 2018 –tras la moción de censura que llevó a los socialistas a la Moncloa–. De ahí que, en una carambola a tres bandas el Ejecutivo necesite formalizar a partir de ahora mismo la aceptación de la dimisión de la consejera Camps; la presentada por la propia Fernández de la Vega, hace unos días; y, el nombramiento como consejera de la Sección Séptima del Consejo, puesto que ya ostentó y que ahora le sería reintegrado pese a haber renunciado al mismo si carácter revocable. Un atajo con el que podrá mantenerse indefinidamente en el puesto ante una futura y eventual legislatura, con un Gobierno de otro signo.

Además, el Ejecutivo tendrá que designar a un nuevo presidente que podría ser, tal y como apuntan algunas fuentes, la magistrada María Luisa Segoviano. Una elección que, de confirmarse, dejaría al ya maltrecho Supremo todavía más tocado. Mientras tanto, la Ley Orgánica reguladora del Consejo contempla una Presidencia en funciones, de manera transitoria, que recaerá en el titular de la Sección Primera, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Lo que garantiza que, «en ningún momento se produzca un vacío de poder».

48 horas de silencio oficial

El cese de De la Vega lo adelantó El Debate a principios de esta semana, aunque fue negado desde el Consejo de Estado durante dos días hasta este jueves, en que se produjo la confirmación oficial. Fuentes próximas al órgano constitucional apuntan a un intento por difuminar en el tiempo la salida de la que fuera vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero para evitar la coincidencia con la reciente renuncia de Carlos Lesmes en su puesto al frente del CGPJ. Tampoco agradaba en La Moncloa la idea de tener que justificar dos ausencias relevantes el pasado día 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, en el ámbito institucional de primera nivel.