El juez de Púnica exonera a Esperanza Aguirre y a 71 de sus cargos imputados por corrupción

Lucía Figar dimitió de su cargo como consejera de la Comunidad de Madrid, el 4 de junio de 2015, dos días después de ser citada a declarar por el juez Eloy Velasco, por aquel entonces instructor de la causa Púnica. Desde entonces han pasado más de siete años en los que la expolítica, junto con varios exaltos cargos del Gobierno popular de Esperanza Aguirre, resultase investigada por unos contratos de reputación que su Consejería suscribió con empresas de Alejandro de Pedro Llorca, 'conseguidor' de la trama, y que fueron presuntamente pagados con fondos públicos por un importe total de 54.000 euros.

Hoy el magistrado al frente de la pieza número 10 de la macrocausa, Manuel García-Castellón ha decretado el archivo libre de las pesquisas de la separata número 9, que afecta a la propia Aguirre, y a un total de 71 personas físicas y 3 jurídicas entre ellas los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Así lo han confirmado a El Debate, en primicia, fuentes judiciales próximas a unos trabajos que se dedicaban, en exclusiva, a identificar las presuntas irregularidades de las empresas de De Pedro sobre los trabajos de reputación en línea de las compañías implicadas.

Junto con Figar resultaron citados a declarar el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno madrileño, Salvador Victoria –por su supuesta intermediación en la contratación de empresas de la trama con la Comunidad de Madrid– y los diputados de la Asamblea Mario Utrilla y José Miguel Moreno; y, el Consejero de Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz. A todos ellos, aforados por sus respectivos cargos, se les imputaron delitos relacionados con corrupción.

Tras más de seis años de investigación pormenorizada, era la Fiscalía Anticorrupción la que, el pasado mes de julio, ponían una fecha límite para la entrega del que sería el escrito de calificación provisional de la pieza número 9 de la trama Púnica que concluyó con la absolución de la propia expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Más de mil páginas y una detalladísima exposición preliminar de los hechos en la que un equipo de fiscales –Carmen García y Teresa Gálvez, con Alejandro Cabaleiro al frente– argumentaron las razones por las que quedaron fuera de las acusaciones formales, más del 80% de los imputados a la que se ha sumado, formalmente, el juez García-Castellón.

Ni rastro, por lo tanto, de las acusaciones que pesaban sobre la expresidenta madrileña y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una 'Caja B' también en el PP de Madrid con la que, inicialmente, se sospechó que se habrían financiado una parte de las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas corruptelas por las que, en cambio, sí se ha procesado al exconsejero Francisco Granados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha coincidido con el Ministerio Público en la ausencia de indicios para concluir que Aguirre fuese «conocedora» de las actuaciones de la trama 'Púnica', por el mero hecho de que, en aquel momento, tuviese «el control absoluto» del PP regional. El dato es netamente «insuficiente» para procesarla.

El mismo criterio en relación a su colaborador directo, González en el que pese a los datos que apuntaban a un posible delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, en su caso, éste habría quedado prescrito. Con este nuevo auto de procesamiento se empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, la pieza separada número 9 de 'Púnica', la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación. Y apunta al horizonte que vendrá en otras secuelas de la trama como las que salpicaron a Figar y otros de los investigados.

Una macrocausa en torno a Granados

La trama de corrupción urdida en torno a Francisco Granados –exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional durante la etapa de Esperanza Aguirre– comenzó a ser investigada judicialmente, en el año 2014, en la Audiencia Nacional. Según el sumario de la macrocausa, Granados se «llevó» dinero «contante y sonante» a partir de las adjudicaciones de suelo, con las que alcaldes y empresarios hicieron «negocio» y obtuvieron importantes «márgenes» de beneficio.

Así lo desveló ante el juez el propio socio del exconsejero popular, David Marjaliza. Tras las pesquisas iniciales sobre las irregularidades cometidas tanto por miembros del PP madrileño, como del PSOE y Ciudadanos, la causa adquirió tales dimensiones que fue necesario trocearla en un total de trece piezas separadas, de las que siete ya han sido archivadas. Una más a partir de la decisión judicial que avanza El Debate.

Para cinco de las seis restantes que continúan vivas, el pasado verano de 2021, el magistrado Manuel García-Castellón acordaba una prórroga para atender a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó un plazo adicional para recopilar más pruebas y pese a que el juez titular considera que más del 50 % de la causa está listo para enjuiciarse.