Así funciona el filtro infalible del CNI para evitar que se conceda la nacionalidad española a espías o radicales

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene un papel fundamental a la hora de que se otorgue la nacionalidad española a los ciudadanos extranjeros que la soliciten. Su trabajo en este ámbito consiste en emitir informes para ofrecer al Ministerio de Justicia elementos de juicio sobre el solicitante y así establecer si la concesión de la nacionalidad a una persona determinada puede suponer «un peligro para la seguridad nacional». De esta manera, el CNI se anticipa a las amenazas y evita que espías ilegales o extranjeros radicales adquieran la nacionalidad para desarrollar sus actividades en España.

Esta semana, los periódicos El Confidencial y El País han publicado que el CNI había evitado que se le concediera la nacionalidad a un funcionario marroquí que trabajaba en el Consulado de Marruecos en Madrid. El motivo de la denegación fue que, en realidad, se trataba de un extranjero que mantenía una estrecha colaboración con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de Inteligencia exterior marroquí. Este hecho ha tenido una relevancia especial porque, en la actualidad, la política exterior española pasa por continuos vaivenes con Marruecos.

Sin embargo, la labor del CNI a la hora de condicionar la concesión de la nacionalidad española, que con este caso se ha dado a entender que es algo excepcional, es una labor cotidiana. La elaboración de este tipo de informes es requerida al CNI de manera continua por parte del Ministerio de Justicia, encargado de conceder la nacionalidad a las personas que la soliciten y cumplan los requisitos. Muchos de ellos son espías extranjeros ilegales que pretenden hacerse con un pasaporte español y así poder realizar sus actividades no sólo por España sino por todo espacio Schengen sin levantar sospechas.

Gran parte del trabajo que el CNI hace la hora de investigar a este tipo de objetivos se hace desde la División de Contrainteligencia. Este área del CNI es la encargada de ubicar y neutralizar las operaciones de los servicios de Inteligencia extranjeros en España.

La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, que cuenta con una trayectoria brillante de 39 años en el servicio de Inteligencia, fue hace algunos años la máxima responsable de esta jefatura. De hecho, su paso por Contra, como se denomina de manera coloquial en el Centro a esta sección, marcó un antes y un después por la modernización que supuso su paso. La total entrega y profesionalidad de sus integrantes hace que sea una División con un músculo más que aguerrido. El éxito de sus operaciones la convierte en una unidad admirada por otros servicios de Inteligencia europeos.

Mientras los españoles duermen siempre hay alguien del CNI arriesgando su vida en alguna parte del mundo o pulsando una última tecla de un ordenador desde Argentona, la sede central del CNI en Madrid. Hombres y mujeres de Inteligencia que trabajan sin descanso para adelantarse a los acontecimientos detectando las amenazas antes siquiera de que éstas sean ideadas por los malos.

El Debate revela hoy algunos casos de éxito en los que gracias al trabajo del CNI haciendo una exhaustiva investigación sobre los ciudadanos que solicitan la nacionalidad se ha impedido que pudieran instalarse en el país para desarrollar actividades fuera de la legalidad.

Espías extranjeros ilegales

El 2011, el CNI emitió un informe desfavorable para que no se le concediera la nacionalidad a una mujer cubana que se infiltró como becaria en un importante centro de investigación vinculado al CSIC por orden de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de Cuba. Su misión era llevar a cabo «espionaje científico». Esta ciudadana se dedicaba a incautar información sensible que remitía al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica de La Habana a través de un oficial de Inteligencia cubano destinado en la Embajada de Cuba en Madrid.

Siete años después, en 2018, un sirio fue cazado por el CNI colaborando desde España con los miembros de los servicios de Inteligencia de su país. Cuando fue detectado, esta persona alegó que esos contactos se enmarcaban dentro de su actividad profesional como ingeniero informático y dueño de una empresa de ese sector. Sin embargo, en realidad este pretexto hacía de cobertura para poder pasar desapercibido y así llevar a cabo distintas actuaciones y actividades de obtención de información en beneficio de los oficiales de Inteligencia sirios acreditados en España.

Tres años antes, en 2015, de nuevo un cubano que pretendía hacerse con la nacionalidad española fue cazado por parte del CNI. Se trataba de un hombre que dirigía un entramado empresarial de varias compañías dedicadas a las agencias de viaje, asesorías jurídicas y trámites documentales. El CNI descubrió que este hombre pidió a un periodista español con el que mantenía una relación de amistad la elaboración de varios perfiles de políticos valencianos responsables de asuntos de «inmigración y solidaridad». Fue pillado enviando el resultado de ese trabajo a La Habana a través de un espía cubano que trabajaba en el Consulado de Cuba en Barcelona.

Algunos años antes, en 2006, el CNI motivó que se le denegara la nacionalidad a un jordano tras detectar que había sido colaborador de los servicios de Inteligencia de un país de Oriente Medio. Además, se trataba de un individuo que había recibido formación terrorista en campos de entrenamiento. Esta persona logró infiltrarse en el Ayuntamiento de Madrid, donde trabajó como personal de mantenimiento de instalaciones deportivas, sociales y culturales. Era una persona con una vida aparentemente normal. Estaba casado con una española con la que tuvo siete hijos.

Islamistas radicales

En 2012, el CNI emitió otro informe que tenía como protagonista a un marroquí que llegó a España hacía veinte años. Desde entonces, había permanecido en territorio nacional con permiso de residencia y trabajo. Esta persona solicitó la nacionalidad y le fue denegada. Los agentes del CNI le desenmascararon: se trataba de un individuo extremadamente peligroso que estaba vinculado con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Su misión dentro de la organización era la del envío de muyahidines (milicianos de guerrillas islámicas) desde Siria hasta Irak y Afganistán.

En 2011, un ciudadano nacido en Yemen solicitó la nacionalidad que no le fue concedida. El CNI concluyó que se trataba de un hombre relacionado con el movimiento islamista radical Tabligh. Los agentes del CNI descubrieron que este extranjero tenía como misión conseguir financiación para la difusión de postulados salafí-wahabíes. Fue detectado viajando en reiteradas ocasiones a Arabia Saudí, donde consiguió un millón de euros para emplearlos en la organización de actividades islamistas radicales en la Costa del Sol.

Cinco años más tarde, en 2016, un pakistaní solicitó la nacionalidad española que también le fue denegada. Esta decisión fue tomada tras el CNI emitir un informe en el que se explicaba que se trataba de una persona que dedicaba gran parte de su tiempo a radicalizar a los musulmanes con los que se relacionaba. Este individuo justificaba que los talibanes llevaran a cabo actos terroristas. Al igual que otros casos, estaba aparentemente integrado en la sociedad española. Era un pequeño empresario del sector de la hostelería que había vivido en diversas ciudades de Cataluña desde 2001.

El último caso nos remonta a 2018. El CNI averiguó que un ciudadano marroquí que solicitó la nacionalidad era en realidad un individuo con capacidad de liderazgo con posiciones islamistas radicales. Se dedicaba a dañar las relaciones de cooperación entre España y la Comisión Islámica (CIE), que engloba a las comunidades de confesión musulmanas establecidas en el país. Su labor consistía en difundir entre sus correligionarios argumentos y conceptos asumidos por la escuela maliki. Esta escuela está considerada como la segunda en grado de radicalidad de las cuatro que hay en materia de jurisprudencia suní, con un elevado riesgo de adoctrinamiento.