El Constitucional congela las causas más políticas de Sánchez en espera de su renovación

La renovación imposible de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en junio, se convertía, a la vuelta del verano, en el detonante que dinamitaba la crisis de un Poder Judicial marcado, una vez más, por casi cuatro años de desencuentro político entre PP y PSOE para su renovación y que culminaba con la amenaza cumplida por Carlos Lesmes, su dimisión al frente del Consejo General de los jueces (CGPJ). El Gobierno, consciente de que la entrada de dos pares de nuevos miembros, uno a propuesta directa como Ejecutivo y otro designado por el propio Consejo bloqueado, alterará la mayoría del órgano de conservadora a progresista, modificaba su propio veto a las funciones del órgano y le permitía activarse para abordar unos nombramientos que, hasta la fecha, no se han producido.

Así las cosas y en espera de que las actuales negociaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, a través de sus respectivos interlocutores –Félix Bolaños y Esteban González Pons, respectivamente– cuajen más pronto que tarde para desencallar la parálisis institucional, la Corte de Garantías ha congelado los avances en casi medio centenar de recursos contra las leyes más políticas de Pedro Sánchez como el aborto, la eutanasia o la ley educativa Celaá.

El Constitucional que anuló los dos estados de alarma declarados por el Gobierno socialista, al entender que se utilizaron de manera errónea para limitar la libre circulación de las personas y dar cerrojazo al control parlamentario sobre el Ejecutivo durante la pandemia, ha preferido ahora, y en espera de que lleguen los magistrados de refresco, mantener un perfil bajo en las causas de mayor trascendencia política. «El hecho de que cuatro» de los magistrados «se encuentren en plenas funciones pero prorrogados en su mandato, así lo aconseja», aseguran fuentes próximas al Tribunal.

De hecho, como avanzó El Debate hace unos días, el Pleno actual espera a su renovación para validar la reforma de Sánchez que prohibió al CGPJ cumplir con sus funciones constitucionalmente reconocidas. Esto es, la resolución de los dos recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PP y Vox contra la reforma legal que modificó, vía exprés, el régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Se trata de una reforma aprobada por PSOE y Unidas Podemos que entró en vigor el 29 de marzo, tras recibir el aval de la mayoría absoluta en el Congreso.

El partido de Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal argumentaron que con esta norma podrían violentarse varios artículos de la Carta Magna por «defectos formales en su tramitación parlamentaria», así como por «vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ», en sendas impugnaciones que fueron admitidas a trámite el pasado 17 de septiembre por el Tribunal.

La elección de Pedro José González-Trevijano como nuevo presidente de este órgano –cuyo nombramiento oficial tuvo lugar el 23 de noviembre– se votó por unanimidad. Juan Antonio Xiol fue elegido vicepresidente. Previamente, ese mismo mes habían tomado posesión de su cargo los cuatro nuevos magistrados propuestos por el PP y el PSOE para su renovación: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán.

Pese a que con su llegada, el TC se había comprometido a abordar una serie de retos, entre ellos, como ya informó este periódico, el de «consensuar las sentencias más importantes que están encima de la mesa», seis meses no han sido suficientes para arrancar con los asuntos pendientes más conflictivos que tendrá que abordar el Constitucional.

Doce años para la ley del aborto

El Tribunal Constitucional «no puede estar más tiempo sin resolver el asunto del aborto», afirmó el presidente de este órgano en una entrevista concedida a principios de diciembre pasado. González-Trevijano se mostró entonces convencido de que el TC podría tener un texto para dar respuesta a la cuestión, cuya ponencia recayó en el magistrado Enrique Arnaldo, para someterlo a votación en unos meses. Y es que el Partido Popular presentó un recurso que fue admitido a trámite hace 11 años, el 30 de junio de 2010, contra la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada durante el gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La Ley de eutanasia

El pasado 24 de marzo fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso la ley orgánica de regulación de la eutanasia, en plena pandemia del coronavirus, después de que el PSOE presentara en enero de 2020 su proposición de ley sobre la materia a la Cámara Baja.

El PP y Vox, que votaron en contra, han manifestado su rechazo a la nueva norma, abogando por una ley integral de cuidados paliativos. Ambas formaciones presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la regulación actual .El de Vox fue admitido a trámite por el TC el 25 de junio, y el del Partido Popular, tres meses después, el 17 de septiembre.

La Ley Celáa

Otra de las leyes polémicas ha sido la nueva ley educativa, la LOMLOE, más conocida como Ley Celáa, que entró en vigor el pasado 19 de enero, aunque no estará completamente desarrollada hasta mediados de 2024. Tanto la formación de Santiago Abascal como los populares la recurrieron en marzo. Mientras los primeros calificaron a la nueva norma de «sectaria» y de atacar a la enseñanza concertada, a la educación religiosa, la especial y la diferenciada, y criticó su «carácter excluyente del castellano como lengua vehicular».

El Partido Popular presentó un recurso cuatro días después, junto a Unión del Pueblo Navarro. Desde las filas populares aseguran que es un «atentado contra la libertad» y garantizaron que la derogarían cuando su partido gobierne, manifestando su defensa de la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos.

Ambos recursos fueron admitidos a trámite por el Constitucional el pasado mes de abril, y es otro de los asuntos que han quedado en el tintero, y que previsiblemente se gestionará en los próximos meses. Son Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, los dos magistrados del sector conservador, los ponentes encargados de estudiar sendos recursos y plantear una solución que, a buen seguro, será conjunta.

Ley de la infancia y adolescencia

Otra de las leyes que se suman a las aprobadas durante el mandato de Pedro Sánchez es la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el pasado junio. Contó con el apoyo de todo el Congreso, excepto Vox, único partido que votó en contra calificándola como «ley Herodes».

El partido de Santiago Abascal presentó un recurso contra varios artículos de esta nueva norma alegando, tal y como recoge la nota informativa del propio TC, que podría vulnerar «la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva». Tal recurso fue admitido a trámite el pasado 13 de octubre.

Los indultos del 'procés' y de los ERE

El Constitucional se enfrenta a varios asuntos relativos al procés que abordar en los próximos meses, dados los recursos contra las resoluciones del Tribunal Supremo que han presentado los líderes independentistas condenados por sedición, entre ellos el del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el del exvicepresidente, Oriol Junqueras.

Recientemente, ambos exdirigentes, junto a otros implicados en el proceso soberanista catalán, han promovido una serie de recusaciones contra dos de los magistrados del TC, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, los dos propuestos por el Partido Popular, alegando «falta de imparcialidad» y pidiendo que se les apartara de los recursos relativos al 'procés'. No obstante, en el primer pleno de este órgano desde su renovación, el pasado 15 de diciembre, se rechazaron por unanimidad todas estas impugnaciones presentadas contra los magistrados.