La ex empresa del director de la Policía que Adif ha contratado por 23,9 millones está condenada por soborno

Tecnove, la empresa que fue vicepresidida durante seis años por Francisco Pardo Piqueras, director de la Policía Nacional, tiene a su presidente condenado por sobornar a un militar para conseguir contratos públicos. A pesar de estos antecedentes, como ha publicado El Debate, Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, ha adjudicado un contrato de 23,9 millones de euros a esta compañía sin que se llevara a cabo la realización de ningún concurso público.

El 19 de abril de 2018, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central condenó a Eusebio Ramírez González-Ortega, presidente de Tecnove, por un delito consumado de cohecho. Los tribunales, tras una ardua investigación que se inició en 2010 y que no concluyó hasta 2016, demostraron la existencia de una trama conformada por varios empresarios que se dedicaban a sobornar a funcionarios del Ministerio de Defensa.

Estos funcionarios estaban ubicados en puestos clave en las mesas de contratación, por lo que tenían gran poder de decisión. Todos estos detalles de la investigación se ven reflejados en la sentencia que hoy hace pública El Debate donde, por temas de confidencialidad, el texto legal está anonimizado y cambia los nombres reales de los implicados por otros ficticios. El nombre de Eliseo en realidad es el de Eusebio Ramírez.

El ex jefe de Pardo Piqueras fue uno de los condenados. En concreto, los tribunales dieron por probado cómo Ramírez regaló un reloj de la marca Hublot a un teniente coronel del Ejército de Tierra que que debía decidir si adjudicar o no a la compañía un contrato determinado. Los investigadores descubrieron que el reloj fue adquirido por la empresa en una joyería de Madrid por 2.870 euros. La versión del presidente de Tecnove no resultó lo suficientemente creíble y el juez le acabó condenando.

El reloj fue entregado al militar por parte del presidente de Tecnove el 14 de mayo de 2013 durante el transcurso de una comida entre Ramírez y el teniente coronel en una conocida marisquería de la calle Narváez de Madrid. En la fecha en la que se consumó el soborno, Pardo Piqueras llevaba ya un año siendo el número dos de la compañía.

El 28 de mayo de 2019 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 2018 convirtiendo en firme la condena al entonces jefe del hoy director de la Policía. Ramírez también fue condenado a una pena de dos meses de multa con una cuota diaria de diez euros. De la misma manera, se le impuso una condena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (es decir, presentarse en la lista de un partido político).

Este periódico ha publicado que el consejo de administración de Adif ha contratado por 23,9 millones de euros a Tecnove para suministrar «8 grúas biviales de 50 toneladas» para llevar a cabo reparaciones en los trenes. El contrato fue adjudicado el pasado 2 de julio pero no se formalizó hasta el 4 de agosto. El procedimiento que se usó para fichar a la ex empresa de Pardo Piqueras fue el negociado sin publicidad. Es decir, no se llevó a cabo ningún concurso público.

Tras la revelación de El Debate, el PP ha pedido al Gobierno que explique en el Congreso de los Diputados los motivos por los que ha recurrido a esta compañía vinculada a un alto cargo del Ejecutivo. La diputada Ana Vázquez ha exigido que se aclare cuántos contratos se han adjudicado a Tecnove desde 2018. Esto es, desde que Pardo Piqueras dejó la empresa al ser fichado por el presidente del Gobierno.

Defensa sí vetó a Tecnove

La contratación de Tecnove es un hecho llamativo, ya que desde que su presidente fue condenado por sobornar a un militar no había vuelto a recibir un contrato tan cuantioso por parte de las administraciones públicas. En 2019, el Ministerio de Defensa licitó un megacontrato de 72 millones de euros para dotar de menús diarios de comida a los soldados españoles destinados en la Base Gran Capitán de Irak, la Base Cervantes del Líbano y otras misiones en el exterior en las que España participa.

Tecnove, a pesar de contar con estos antecedentes judiciales, quiso optar a hacerse con este encargo millonario. Para ello, conformó una UTE con la empresa Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa). Casualmente, esta empresa también estuvo inmersa en la trama de sobornos a militares. Sin embargo, la cartera de Estado que dirige Margarita Robles rechazó la oferta del tándem alegando que se trataba de una propuesta «anómala».

El Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra desestimó la oferta de las dos empresas implicadas en casos de corrupción y el 5 de febrero de 2020 adjudicó el contrato a otra UTE formada por tres compañías que ofreció un precio más ventajoso. El Ministerio de Defensa advirtió que «la limitada concurrencia de empresas» en anteriores concursos convocados por Defensa «ha podido producir anomalías en las ofertas», hasta alcanzar «unos precios anómalamente elevados» que se sitúan «fuera de mercado».

Está imputado

Francisco Pardo Piqueras, hoy director de la Policía Nacional, fue vicepresidente de Tecnove entre 2012 y 2018. Un lapso temporal que coincide en el tiempo con el periodo en el que los tribunales investigan a la compañía por los sobornos. Si bien el director de la Policía nunca llegó a estar implicado directamente en este escándalo su estadía en la cúpula de Tecnove coincidió en el tiempo con la práctica de las prácticas corruptas con las que se corrompió a un militar. También fue testigo del procedimiento judicial, puesto que gran parte de la investigación policial se realizó mientras él era el número dos de la compañía.

En ese tiempo, el juez autorizó pinchazos telefónicos a todos los implicados, seguimientos y la interceptación de mensajes SMS. De esta manera, los investigadores pudieron recabar las pruebas que acreditaron con todo lujo de detalles las prácticas corruptas.

Paralelamente a estos hechos, en la actualidad, Pardo Piqueras está siendo investigado por parte de un juez por la presunta comisión de los delitos de coacción, prevaricación administrativa y contra la libertad sindical. El pasado 16 de septiembre, un juzgado de Vitoria admitió a trámite una querella interpuesta por el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) contra el máximo responsable de los policías españoles.

La querella fue interpuesta por unos hechos que ocurrieron en marzo de 2022, momento en el que se impuso un expediente disciplinario a uno de sus representantes sindicales. ASP consideró que la finalidad de esa medida disciplinaria era la de «amedrentar» a su afiliado con el fin de que «cese» en su «perseverancia porque se cumpla la legalidad». El ahora expedientado está llevando acciones sindicales para acabar con «las ilícitas comisiones de servicios» que se generan en la Brigada Provincial de Información.