La veintena de sentencias internacionales que afean a España su política energética

El pasado mes de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez ordenaba el pago de una indemnización de 259 millones de euros a Endesa, después de más de quince años de batalla judicial de la eléctrica contra la orden ministerial con la que, en 2007, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recortaba los incentivos millonarios –comprometidos años antes por él mismo– en un intento irregular por cuadrar las cuentas de nuestra política energética. El polémico decreto del Consejo de Ministros, parcialmente anulado por el Tribunal Supremo, que tantos quebraderos está provocando a España, no sólo en el ámbito interno, estableció un recorte drástico y retroactivo a las retribuciones que debían aplicarse a las compañías eléctricas para compensarles el coste los derechos de emisión de CO2 que el Ejecutivo les había asignado, previamente, de forma gratuita.

Sin embargo, lejos de ser una excepción, nuestro país acumula, hasta la fecha, decenas de recursos condenatorios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, por la alteración, a la baja, del régimen jurídico de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables que ha provocado consecuencias negativas para las cuentas de resultados de las empresas que invirtieron en aquellas instalaciones.

Por el momento, España se enfrenta a una abrumadora mayoría de resoluciones desfavorables, por un valor ejecutable de 1.300 millones de euros. Aunque quedan algunas decenas más de reclamaciones por resolverse, lo que elevaría la cifra hasta los 2.000 millones de euros, y todo apunta a que irán en la misma dirección favorable a los fondos de inversión extranjeros, en concepto de los pagos comprometidos por el Gobierno socialista de Zapatero que se han vulnerado.

La retribución inicialmente ofrecida por aquel Ejecutivo era tan exagerada –rendimientos garantizados de hasta el 7 %– que, en apenas un año, consiguió que se instalasen 1.000 MW de nueva potencia renovable a lo largo y ancho de nuestra geografía, cuando la meta de partida eran 400 MW en tres años. España se convirtió, entonces, en un referente global en el sector, pero pagando un precio demasiado abultado que ha terminado por lastrarnos judicial y económicamente.

Acciones legales indemnizatorias

Las empresas afectadas por los vaivenes en la política energética española decidieron, en 2013, emprender acciones legales para reclamar indemnizaciones millonarias por el controvertido cambio de regulación español en materia de energías renovables. Una de las primeras resoluciones dictadas, con fecha de 3 diciembre de 2019, por el tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ponía fin al pleito iniciado por varias empresas del sector de la energía –entre ellas Stadtwerke München y BayWa– contra el Reino de España.

En un extenso laudo, el primero de muchos otros que se han ido acumulando contra nuestro país, la Corte competente para este tipo de diferencias, falló a favor de las sociedades reclamantes –por los daños y perjuicios causados– tras analizar con detalle las consecuencias jurídicas de las modificaciones, enmiendas y reformas políticas retroactivas en el ordenamiento jurídico español regulatorio de las energías renovables que afectaron, directamente, a las retribuciones diseñadas para fomentarlas, en contra de lo previsto en el Tratado aplicable del que España es parte firmante.

Desde entonces, la batalla judicial por los cambios regulatorios en materia de energías renovables, se ha convertido en una historia interminable con un horizonte oscuro e incierto para España y más de una veintena de condenas que afean a nuestro país su improvisación en la materia.

Los cuatro grandes fondos de inversión internacionales –Antin, Eiser Infraestructure, Infrared Capital y Renergy– que acudieron al arbitraje internacional contra España como única fórmula de defensa frente a los recortes de la retribución a los parques eólicos y las termosolares, decretados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que en su conjunto implicaron un sablazo de cerca de 1.500 millones de euros para ellos, están dispuestos a que se ejecute lo juzgado.

De ahí que, ante el fracaso de las negociaciones con el Gobierno en clave extrajudicial para el pago de las sanciones impuestas a España, los fondos afectados hayan encargado un rastreo de los bienes patrios que, encontrándose fuera de nuestras fronteras, puedan ser confiscados y bloqueados como garantía. Llegado el caso, si todo sigue igual, podrían ser embargados y subastados.