El PSOE reabre la guerra de la Ley trans con Podemos cuando Irene Montero la creía ganada

El volcán de la Ley trans ha entrado en erupción. La maniobra del PSOE para dilatar la tramitación parlamentaria de una de las leyes bandera del Ministerio de Irene Montero ha desatado las hostilidades entre ambos socios de Gobierno.

En Unidas Podemos se temían que los socialistas ampliarían el plazo de enmiendas del proyecto de ley, que terminaba este miércoles; y no se equivocaban. En la Mesa del Congreso celebrada este martes, el PSOE ha votado a favor de esa ampliación hasta el 26 de octubre, junto con el PP y Vox.

Y, con ello, han provocado la indignación de los morados y hasta la baja de la activista Carla Antonelli como militante del PSOE después de más de cuatro décadas.

«Es una mala noticia que PSOE y PP decidan retrasar la tramitación de la Ley Trans y de Derechos LGTBI. No podemos hacer esperar más a las personas trans y a la comunidad LGTBI para que sus derechos sean ley, sin un solo derecho menos. Este es el compromiso del Gobierno», ha lamentado la ministra de Igualdad en Twitter.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha llegado a acusar a los socialistas de «filibusterismo parlamentario». «La ley trans forma parte del acuerdo de Gobierno», ha recordado a Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno se limitan a decir que ahora es el tiempo de los grupos parlamentarios, que son los que deben negociar. Y que el Ejecutivo ya hizo su parte. Como si el Gobierno y el PSOE fueran cosas distintas. Como si el presidente del Gobierno no fuera también el secretario general del PSOE.

He ahí lo irónico, que el proyecto de la Ley de derechos para las personas trans y LGTBI fue aprobado a finales de junio por el Consejo de Ministros que el PSOE y Unidas Podemos comparten. Parecía que entonces habían llegado a un consenso de mínimos, después de un largo tira y afloja por la autodeterminación de género y la teoría queer que fundamentan esta ley; dos cuestiones con las que ya se mostraron críticos el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado en sus informes al anteproyecto.

Pero nada más lejos de la realidad. El PSOE dejó que Montero ganara la batalla en un Consejo de Ministros sin Carmen Calvo -la exvicepresidenta era y sigue siendo la máxima detractora de esta ley- y se retiró a sus cuarteles parlamentarios para continuar allí la guerra.

Ya lo dejó caer la diputada socialista Raquel Pedraja el pasado 6 de octubre, cuando el Pleno del Congreso debatió las enmiendas a la totalidad de la ley presentadas por el PP y Vox. «Podemos estar de acuerdo en que esta ley es mejorable. De hecho, esta ley entra en el Congreso e inicia su trámite parlamentario con una vocación de mejora, y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando parlamentariamente esta ley para que la que salga de aquí sea una ley garantista».

Aquellas palabras de Pedraja ya auguraban que el PSOE no había dicho su última palabra, como contó entonces El Debate. En esa sesión parlamentaria, las portavoces del PP y de Vox hicieron el trabajo a las feministas del PSOE, que asistieron mudas. La popular María Jesús Moro les habló así: «Me dirijo especialmente a las mujeres de la bancada socialista, a quienes la ocuparon y nos siguen con atención, a quienes hasta ahora eran sus votantes y asisten atónitas a que no hayan conseguido frenar este proyecto. Nos solidarizamos con ustedes, a las que quieren purgar», sostuvo.

Desde el grupo parlamentario socialista matizan: no es retraso, sino dedicar «tiempo» a una ley muy compleja, en palabras de su número dos, la diputada Isaura Leal.