Riesgo para la seguridad nacional
La Audiencia Nacional aprueba expulsar al islamista amparado por el independentismo catalán
Fue detenido el pasado martes por la Policía Nacional junto a otro líder de la comunidad islámica de Cataluña
La Audiencia Nacional ha rechazado suspender cautelarmente la expulsión de Mohamed Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana de Reus, Tarragona, a quien la Policía atribuye haber adoctrinado mediante la «difusión de postulados radicales proyihadistas», sobre todo a menores.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado dejar en suspenso su expulsión y la de Amarouch Azbir, detenido el martes en Vilanova i la Gertrú, Barcelona, al considerar que deben prevalecer los intereses de carácter general frente a sus circunstancias personales.
Ambos solicitaron la paralización de la expulsión como medida cautelarísima en los recursos que presentaron contra la resolución del 14 de septiembre, que acordaba su expulsión del país por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países o por estar implicados en actividades contrarias al orden público.
Radicalismo ideológico
En relación a Mohamed Said Badaoui, el tribunal explica que su expulsión se fundamenta en una denuncia de la Comisaría General de Información que revelaría su radicalismo ideológico y le atribuye haber adoctrinado presuntamente en su comunidad «con difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo, que predica, con una influencia tal que, desde su llegada, se ha producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».
Según la Policía, Said Badaoui se ha centrado especialmente en los colectivos más vulnerables y manipulables, «prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, adoctrinándoles en el salafismo más radical aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, teniendo además vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo, y llevando a cabo prácticas de fomento del victimismo y la occidentalofobia.»
El auto recuerda que la sentencia que resuelva el recurso no perderá su efectividad pese a que no se adopte la suspensión cautelar, ya que si es estimatoria y la expulsión se ha ejecutado, «ningún obstáculo se advierte en el retorno a nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados».
Said Badaoui, que vive desde hace más de 30 años en Cataluña y tiene tres hijos nacidos en Reus y Valls, fue detenido en la localidad tarraconense de Reus el martes en virtud de un expediente de expulsión por sus «discursos muy radicalizados».
Mohamed Said Badaoui, durante una comparecencia en el Parlament
Apoyo de los independentistas
Antes, la Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado este miércoles una declaración de apoyo al líder de la comunidad islámica Mohamed Said Badaoui tras su detención, instando a la Generalitat a «activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por los derechos» del activista.
La declaración apuesta por derogar la Ley de Extranjería y «constata la vulneración» de derechos del detenido, en un texto que han apoyado ERC, Junts, CUP y comuns y se ha leído en el pleno tras una Junta de Portavoces extraordinaria convocada por su detención.
El texto sostiene que se trata de un caso de «represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la Ley de Extranjería», y asegura que es un procedimiento de expulsión irregular en el que se le ha acusado de extremismo religioso sin basarse en hechos demostrables, según la declaración.
Es un caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español, esta vez mediante la Ley de ExtranjeríaERC, Junts, CUP y comuns
Sostiene que el caso tiene por objetivo «alejar a las personas migradas, especialmente a las musulmanas, de ejercer su vida con plenitud» y con actividad social y cultural, y advierte textualmente de la repercusión que considera que puede conllevar la expulsión de un vecino de Catalunya en estas circunstancias.