Los excesos de la Ley de Memoria Democrática de Sánchez y Bildu que entra en vigor

La Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, y de Bildu –el partido que permitió su aprobación–, fue publicada este jueves en el BOE. No por casualidad, sino por causalidad: el Gobierno la hizo coincidir con una visita del ministro de la Presidencia al BOE. «Hoy saldamos una deuda de décadas con aquellas personas que lucharon por la democracia y por la libertad en nuestro país», proclamó Félix Bolaños.

La normativa, que constituye la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, entra en vigor este viernes; más tarde de lo que le hubiera gustado al Ejecutivo y en medio de una gran polémica. De hecho, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que la derogará si llega a La Moncloa porque es «un retroceso en las libertades y la democracia». Además, con Arnaldo Otegi como «notario».

En el último suspiro, Bildu consiguió -a cambio de sus cinco votos- que el PSOE añadiera una disposición adicional por la que el Gobierno se compromete a designar una comisión técnica que estudie las vulneraciones de derechos humanos ocurridos «entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, cuando ya gobernaba Felipe González.

El primer efecto de la ley se produjo días antes de su publicación. En concreto, el pasado 10 de octubre, cuando la familia de José Antonio Primo de Rivera solicitó la exhumación de sus restos para sacarlos del Valle del Caídos.

Ello es debido a que la Ley resignifica el que a partir de ahora se llamará Valle de Cuelgamuros y lo convierte en cementerio civil. Uno en el que «solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas». Además, la normativa declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El borrado de títulos nobiliarios

También suprime la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y 33 títulos nobiliarios: Duque de Primo de Rivera, Duque de Calvo Sotelo, Duque de Mola, Conde del Alcázar de Toledo, Conde de Labajos, Marqués de Dávila, Marqués de Saliquet, Marqués de Queipo de Llano, Marqués de Alborán, Conde del Jarama, Marqués de Varela de San Fernando, Conde de Benjumea, Marqués de Somosierra, Grandeza de España otorgada al conde de Rodezno, Marqués de San Leonardo de Yagüe, Conde de la Cierva, Marqués de Vigón, Conde de Fenosa, Conde del Castillo de la Mota, Marqués de Suanzes, Marqués de Kindelán, Conde de Pallasar, Marqués de Casa Cervera, Conde de Martín Moreno, Marqués de Bilbao Eguía, Grandeza de España a don Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de Bau, Duque de Carrero Blanco, Señorío de Meirás, Duque de Franco, Marqués de Arias Navarro, Conde de Rodríguez de Valcárcel y Conde de lturmendi.

La ley da una vuelta de tuerca a la eliminación de símbolos, escudos, insignias y nombres en el callejero que ya estipulaba la Ley de Memoria Histórica de 2007. Si están ubicados en edificios o espacios de carácter público, la administración competente debe retirarlo. Si están en espacios privados o religiosos, «pero con proyección a un espacio o uso público», también. Lo cual amplía los supuestos. Según el texto, la pretensión es «suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales».

El «indulto» a la Ley de Amnistía

En sí, todo el régimen franquista es declarado ilegal, y también los tribunales franquistas, por lo que se anulan todas sus condenas. Durante la tramitación parlamentaria, Unidas Podemos, ERC y Bildu intentaron que esta norma sirviera para anular la Ley de Amnistía de 1977 y así juzgar y condenar a las autoridades, funcionarios y agentes del orden público que queden vivos de la época franquista. Finalmente no lo consiguieron, puesto que para el PSOE la Ley de Amnistía, de la que fue precursor, era una línea roja: habría sido ir en contra de su propia historia.

Entre las medidas para la reparación de las víctimas, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática hará una «auditoría de los bienes expoliados» y después implementará «vías de reconocimiento a los afectados», pero que no serán indemnizaciones económicas.

Víctimas de primera y de segunda

Una de las contradicciones de la ley, sobre la que Ciudadanos incidió especialmente durante su tramitación, es que castiga duramente (con multas de entre 10.001 y 150.000 euros) cualquier acto de exaltación del franquismo, ya sea individual o colectivo, que implique «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». Y, sin embargo, los famosos ongi etorri o cualquier acto de exaltación de un etarra seguirán saliendo gratis a sus promotores y participantes: el Ejecutivo se comprometió en 2018 a reformar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y más de cuatro años después no lo ha hecho.

La Ley de Memoria Democrática estará presente en las aulas desde el próximo curso, puesto que la misma obliga a «la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato», como también los libros de texto. Traducción: desde los 12 años los niños y adolescentes españoles serán instruidos en «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». No será una asignatura en sí como la polémica Educación para la Ciudadanía de Zapatero, sino que impregnará varias. Entre ellas, Educación en valores Cívicos y Éticos y Geografía e Historia.

Un nuevo Fiscal de Sala

A partir de su publicación en el BOE, se creará un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que hubieran podido suponer una violación de los derechos humanos y también para identificar y localizar a las víctimas. Por su parte, el Estado asume la búsqueda de las personas desaparecidas y enterradas en fosas comunes, «sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad». Pero para asegurarse de que las comunidades autonómicas y ayuntamientos no remolonean.

La normativa que entra en vigor este viernes también faculta a las administraciones para autorizar la ocupación temporal de terrenos de propiedad privada en los que haya indicios –que no evidencias– de que pudieran existir restos humanos. Aunque el propietario se niegue. Y sin especificar límite de tiempo. La administración en cuestión puede invocar la Ley de Expropiación Forzosa.

Además, se declara el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a «todas las víctimas» y el 8 de mayo en memoria de los exiliados. Según el Gobierno, esta ley «salda una deuda con las víctimas y equipara nuestro país con las democracias más avanzadas que han sufrido dictaduras». Según la oposición, más que la reparación persigue la revancha.