El Gobierno concede créditos y contratos públicos al empresario líder en abortos pese a que debe dinero a Hacienda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido varios contratos y créditos a varias clínicas abortistas propiedad de Guillermo Sánchez de Andrés, dueño de Dator, el principal centro del aborto en España. Estas concesiones, que se han aprobado en los últimos tres años, se han tramitado desde el Ministerio de Economía y los gobiernos autonómicos de Aragón y Castilla-La Mancha, ambos controlados por el PSOE. A pesar de las ayudas públicas, Dator integra la lista de morosos que debe dinero a Hacienda.

Guillermo Alfonso Sánchez de Andrés es el dueño de la clínica Dator, la principal clínica abortista de Madrid. Este centro, controlado por la sociedad Partner Line SA, cuenta con varias delegaciones instaladas por toda España. Entre ellas destacan las que más volumen de trabajo tienen, ubicadas en las ciudades de Zaragoza y Badajoz.

Según el Portal de Subvenciones y Ayudas, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) otorgó a Unidad Aragonesa de Salud SA, la sucursal de Dator en Zaragoza, dos créditos públicos por valor de 160.000 euros. El primero de ellos fue de 120.000 euros y el segundo de 40.000 euros. Ambos fueron adjudicados el mismo día: el 7 de mayo de 2020. Es decir, en plena pandemia. El objeto de estas ayudas públicas indica que su finalidad era «paliar los efectos del coronavirus».

A pesar de que en las bases de datos estatales sólo figura que Unidad Aragonesa de Salud SA recibió 160.000 euros del Estado, la compañía declaró ante el Registro Mercantil que realmente había percibido 200.000 euros. Es decir, 40.000 euros más. De la misma manera, esta empresa también ha recibido contratos públicos desde el Departamento de Sanidad de la comunidad autónoma de Aragón, en manos del PSOE. El pasado 20 de julio de 2020 recibió un contrato de 160.123 euros para la realización de abortos en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Unos meses antes, el ICO volvió a inyectar dinero estatal en otra de las clínicas de Dator. Concretamente, en el centro que tienen en Badajoz, que recibió 151.151 euros. El pasado 16 de mayo de 2021, el Ministerio de Economía adjudicó tres ayudas a Clínicas Extremeñas Asociadas SL. Primero de 80.000 euros (con un complemento extra de 10.673 euros), en segundo lugar con 24.000 euros (con un suplemento de 1.920 euros) y una tercera de 16.000 euros con un adicional de 1.279 euros. El 5 de septiembre del mismo año se le otorgó otra subvención de 16.000 euros con una ayuda de otros 1.279 euros.

Al igual que ocurrió con la sucursal de Dator en Zaragoza, Clínicas Extremeñas Asociadas SL también protagoniza una diferencia entre lo que declaró que había recibido y lo que la administración pública reconocía que le había otorgado. Mientras que, por un lado, la Intervención General de la Administración del Estado detalla que inyectó 151.151 euros en la empresa, la compañía declaró haber solicitado y recibido cero euros ante el Registro Mercantil.

Debe dinero a Hacienda

El Debate ha tenido acceso al balance de situación de todas estas compañías. En el de Dator, controlada por la sociedad Partners Line SA, figura que la compañía tiene deudas con las administraciones públicas. En concreto, el empresario abortista declaró que en 2020 debía 154.138 euros al Estado. De ese montante, 95.660 euros corresponden a «deudas vencidas que la sociedad tiene aplazadas con la Tesorería General de la Seguridad Social» y 58.478 euros con la Agencia Tributaria por el mismo concepto.

En 2019, Dator también tenía deudas con el Estado. En el ejercicio de ese año debía 133.515 euros a la Seguridad Social. Pese a esto, el Gobierno de Castilla-La Macha, también controlado por el PSOE, recurrió a Dator de nuevo para la realización de abortos. El pasado 14 de enero de 2019, el Servicio de Salud de la región le adjudicó 11 contratos a la clínica abortista por un valor total de 354.220 euros.

Por su parte, la delegación de Dator en Zaragoza registró una facturación de 912.588 euros en 2020 y de 1.069.129 euros en 2021. A su vez, la sucursal del gigante del aborto en España en Badajoz facturó 777.990 euros durante el primer año de la pandemia y 815.775 euros en 2021.