La Fiscalía rechaza paralizar cautelarmente la comisión rogatoria de Andorra para interrogar a Rajoy

La Fiscalía se ha desmarcado, una vez más, del criterio de los magistrados en una causa de trascendencia política. El Ministerio Público madrileño ha rechazado la suspensión cautelar de la comisión rogatoria formalizada por las autoridades de Andorra al Gobierno español para notificar al expresidente Mariano Rajoy su imputación en la causa abierta en el Principado sobre la denominada «operación Cataluña», tal y como el propio Rajoy solicitaba al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), enlace procesal del procedimiento, y que éste mismo admitió en vía cautelarísima hace dos días. En las actuaciones de la Justicia andorrana también constan como investigados los exministros populares Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro.

Si bien es cierto que a comienzos de esta misma semana, el TSJM admitió accedió a interrumpir in audita parte -esto es sin escuchar a las partes- los avances del trámite procesal dirigidos contra Rajoy y, también, contra Fernández Díaz, el juzgado tendrá que tomar una decisión definitiva sobre la cuestión, al hilo del nuevo escrito de la Fiscalía y de los argumentos jurídicos ya consignados por la Abogacía del Estado.

Según ha detallado el Ministerio Público Madrid, en un comunicado público, su oposición se debe a que, a su juicio, la petición del expresidente Rajoy encubre «realmente» un intento de corregir «la actuación del juzgado de Madrid y de la sección de la Audiencia Provincial» que, previamente, rechazaron paralizar provisionalmente dicha la ejecución del auxilio judicial por la vía penal, en sentido contrario a lo que ha determinado en las últimas horas la instancia superior.

El escrito de los fiscales ha desvirtuado el cuestionamiento que se realiza, por parte de los imputados, a la actuación de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra, que la defensa de Rajoy ha catalogado como trámite, ya que hacerlo supondría un «examen de legalidad ordinaria» que no vulnera el derecho a la igualdad. Y, con todo ello, han dado luz verde a la diligencia requerida por Andorra para interrogar tanto a Mariano Rajoy, como a Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, en el marco de la instrucción judicial.

Un presunto delito de coacciones

Las pesquisas de la Justicia andorrana están orientadas a determinar si el expresidente del PP y otros miembros de su Ejecutivo -fundamentalmente los entonces ministros de Interior y de Hacienda- y de la Policía Nacional coaccionaron a exdirectivos de la Banca Privada Andorrana (BPA) para obtener datos bancarios de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y, investigado por corrupción en la Audiencia Nacional, y de otros dirigentes políticos catalanes vinculados al 'procés', como Artur Mas.

La juez andorrana Stéphanie Garcia Garcia, responsable del procedimiento, ya comunicó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al de Hacienda Cristóbal Montoro que se les estaba rastreando por, presuntamente, ejercer presiones sobre varios directivos de BPA con ocasión de obtener información bancaria relativa a líderes separatistas en Cataluña. Además, la magistrada les advirtió de la necesidad de designar un abogado de referencia, sin perjuicio de que, de no hacerlo, se les asignaría uno de oficio.

Las indagaciones tienen su origen en una querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del propio Higini Cierco, expresidente del BPA, formulada a partir de la denominada Operación Cataluña. La juez García, a partir de la misma, solicitó una comisión rogatoria para notificar la querella a los acusados y tomarles declaración. Y, en este aspecto es en el que han surgido discrepancias entre los tribunales españoles y la Fiscalía, que tendrán que resolverse en los próximos días.