La rebaja de la sedición que planea el Gobierno allana el camino a la reincidencia del separatismo catalán

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, congelaba, este jueves, las negociaciones con los socialistas empeñados en seguir adelante con la reforma del delito de sedición, como pago al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales en trámite parlamentario. La modificación legal, calificada como «innecesaria» por los sectores jurídicos, tiene, como único objetivo, contentar a los separatistas catalanes en su propósito, la independencia. Con la rebaja de las penas del delito de sedición, o su desaparición, Sánchez no sólo estaría facilitando la vuelta a la política de los condenados por el referéndum ilegal del 1-O –por la reducción de las penas de inhabilitación por las que no fueron indultados– sino, también, allanando el camino de quienes, en el futuro, insistan en materializar una «consulta pactada» que redefina el 'encaje' de Cataluña en España.

A mediados del pasado mes de septiembre, el presidente de la Generalitat se dirigió a los catalanes para decirles que aspirar a la independencia en 2023 –plazo marcado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC)– era un imposible. «No tiene opciones reales, y lo que no haré es alimentarla», señaló entonces Pere Aragonès. Sin embargo, en las últimas semanas los tiempos de ERC han cambiado y los métodos, también, gracias a la ventana política que se ha abierto con la negociación de las cuentas públicas que Sánchez quiere aprobar, para agotar la legislatura, sea cual sea el precio de la misma.

El objetivo sigue intacto, el que era es el que es, la independencia, pero con un nuevo escenario en el horizonte de los republicanos con la posibilidad de un nuevo Estatut bendecido por el Gobierno central que, además, cuente con el beneplácito del Código Penal. Extenuadas, hasta las últimas consecuencias, las penas asociadas para quienes alteren el orden público o la paz social con la intención de dirigirse a un nuevo referéndum catalán, ERC se frota las manos.

Con el compromiso, públicamente cerrado y escenificado, del PSOE con Esquerra, los de Oriol Junqueras presentarán el logro como su gran baza a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Así las cosas, los republicanos se presentarían a los comicios como los guardianes del independentismo inteligente y pragmático frente a los desmanes del prófugo Carles Puigdemont.

El horizonte que baraja el Ejecutivo socialista en connivencia con sus socios políticos de ERC y Bildu. Para ello, en primer lugar, es necesario suavizar el reproche a quienes lo intenten y allanar el terreno jurídico del separatismo, catalán y vasco, sin que nadie ponga trabas legales de ningún tipo.

Y pasa, en segundo lugar, por que Sánchez revalide su cargo de presidente del Gobierno o, como mínimo, que agote su mandato actual. Sin él al frente del Ejecutivo, los separatistas se toparían con un muro insalvable porque la Constitución confiere al Estado la potestad exclusiva para autorizar «la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». Una línea roja de la que son perfectamente conscientes todos los actores de la trama.

La entrega gratis del Estado de Derecho

Desde que, la semana pasada, el Gobierno relanzase la modificación del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés', junto con el de malversación. Más que una mera propuesta política, el Ejecutivo socialista ponía en marcha una operación de propaganda que, como ya sucedió en el caso de los indultos a los independentistas catalanes, que la opinión pública vaya haciéndose a la idea de lo que ocurrirá.

Así las cosas, Pedro Sánchez ha confirmado que está dispuesto a ceder a todas las reivindicaciones de quienes violentaron el orden público en el otoño de 2017, «desarmar» la sedición, reducir sus penas; y, así, obtener su voto favorable –e imprescindible– para sacar adelante unas cuentas públicas que, por otra parte, no cuentan con el aval de los organismos independientes más relevantes dentro y fuera de nuestras fronteras.

No en vano, el acuerdo no sólo rebajará las penas de los condenados y suavizará las condiciones de la vuelta de los prófugos, como Marta Rovira -ex secretaria general de ERC, en Suiza- sino que de forma implícita, despenalizar el delito de sedición sentará las bases para que una futura consulta plebiscitaria en Cataluña, con Oriol Junqueras en el primer plano político, reciba el aval del contexto jurídico, adaptado ad hoc.

La cesión por parte del Gobierno tiene, también, una dimensión política a medio plazo, que proporcionará estabilidad al Ejecutivo de ERC, en Cataluña. A partir de la reforma penal comprometida -una de las claves de las exigencias de la 'desjudicalización'- Aragonés podría recabar el apoyo del PSC, que, con los comunes, darían viabilidad a la Generalitat, al margen de Junts.