Bildu pide turno en la subasta del Código Penal: quiere reformarlo para sacar a los presos

Si hay un partido que observa con atención la negociación entre el Gobierno y ERC para abaratar el delito de sedición ése es Bildu. Si la reforma del Código Penal a medida del independentismo catalán llega a buen puerto, y parece que llegará antes incluso de fin de año, Arnaldo Otegi pedirá la vez en la Moncloa.

La izquierda abertzale ya ha conseguido que el Ejecutivo acabe con la dispersión de los presos de ETA y sean, todos, trasladados a las cárceles del País Vasco o al menos acercados. De hecho, ya solo quedan 41 cumpliendo condena fuera de las prisiones vascas, y la AVT lo tiene claro: «Para Navidad, todos en casa», pronostican. Todo gracias a que en octubre de 2021 se hizo efectivo el traspaso de las competencias en materia de prisiones al Gobierno del lendakari Íñigo Urkullu.

El ansiado tercer grado

Pero el objetivo final de Bildu no es ése, sino que sus presos salgan a la calle cuanto antes. Y ello pasa por facilitar al acceso al tercer grado de terroristas tan sanguinarios como Javier García Gaztelu, alias Txapote, asesino –entre otros– de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica y trasladado en septiembre a la cárcel alavesa de Zaballa.

Para conseguirlo solo hay un camino: la reforma del Código Penal, una vez que ERC abra camino con la rebaja del delito de sedición. En concreto, de dos artículos que Bildu tiene muy bien aprendidos, como ya desgranó El Debate en noviembre de 2021, a propósito del anterior pacto presupuestario. Por un lado, el artículo 76, que eleva la pena máxima de prisión a 40 años para los etarras condenados por dos o más delitos de terrorismo, en los casos en los que al menos uno de ellos esté castigado con una pena de más de 20 años.

Bildu quiere que sean reformados los artículos 36 y 76 del Código Penal para que los etarras salgan a la calle antes

Y también el artículo 36, que evita que los etarras condenados a más de cinco años en prisión tengan acceso al tercer grado penitenciario (la semilibertad) hasta haber cumplido, al menos, la mitad de la condena. A los presos comunes les basta con haber cumplido la cuarta parte de esa condena, así que la diferencia es importante.

Según los cálculos de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, si los presos de ETA cumplieran íntegramente sus penas, en el año 2026 quedarían todavía entre rejas 140. Y, dentro de una década, 83. Pero los de Otegi van a intentar por todos los medios que los tiempos vayan menguando.

Que Sánchez acceda a modelar el Código Penal a medida del independentismo catalán, para facilitar la vuelta de los prófugos del procés y rehabilitar a los condenados de forma que puedan volver a ocupar cargos públicos, marca un peligroso precedente. De ello viene advirtiendo la oposición, aunque clama en el desierto.

Bildu se ha dado de plazo hasta finales de 2027, otra legislatura, consciente de que a ésta le queda solo un año y están por medio las elecciones municipales y autonómicas. Los de Otegi ya han afirmado en varias ocasiones que, si de ellos depende, Sánchez tendrá un mandato más.

Aquella disposición trampa

Existe un precedente. El Gobierno estuvo a punto de cambiar el artículo 36 del Código Penal para adelantar el acceso de los etarras al tercer grado a través de una ley que aparentemente no iba a levantar sospechas: la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia, que fue aprobada por las Cortes en junio de 2021.

El proyecto de ley salió del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuando lo dirigía Pablo Iglesias, partidario de ablandar la política penitenciaria del Gobierno. En su disposición final sexta modificaba los apartados 2 y 3 del artículo 36 del Código Penal. De una manera muy enmarañada (estaba redactado así a propósito), abría la puerta a que los condenados por terrorismo pudieran acceder al tercer grado antes de haber cumplido la mitad de la condena. Que es lo que se les aplica ahora.

El proyecto de ley llegó a ser aprobado por el pleno del Congreso sin levantar sospechas, hasta que al llegar al Senado un fiscal alertó a la AVT de lo que escondía esa disposición final y la AVT, a su vez, a la oposición. Al ser descubierto, el Gobierno dio marcha atrás: el PSOE presentó una enmienda en el Senado para suprimir esa disposición final sexta de la Ley de protección a la Infancia, para la que contó con el apoyo del PP. El proyecto de ley volvió al Congreso, ya sin esa disposición trampa del Ministerio de Iglesias, y fue aprobado definitivamente.

El jueves, durante su intervención en el debate de Presupuestos, el portavoz de Bildu se cuidó mucho de no hacer la más mínima mención a los presos de ETA. «Nosotros nunca pedimos para nosotros nada ni para nuestros intereses. Siempre hemos pensado en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca (…). Siempre hemos priorizado medidas sociales y económicas», señaló Oskar Matute.

Sin embargo, ahí están los resultados de su anterior 'no pacto'. Hace un año, Sánchez había trasladado a las cárceles vascas a 73 presos de ETA en sus tres años en La Moncloa. Hoy en día, los etarras enviados al País Vasco son 154, 81 más que en octubre de 2021.