Los vocales conservadores del CGPJ desbloquean los nombramientos del Constitucional y propondrán su candidato

Ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más uno -los mismos que en su día pusieron freno al ultimatum de Pedro Sánchez para designar a dos de los cuatro magistrados del Constitucional, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio y el magistrado Wenceslao Olea- han sido los encargados de desbloquear el proceso de renovación del Tribunal de Garantías. Así lo han decidido en el transcurso de una reunión, mantenida este mismo miércoles desde las 21:00 horas, convocada con la misión de asumir sus responsabilidades y consensuar el nombre que les corresponde poner sobre la mesa del Consejo.

La dimisión del presidente del órgano, Carlos Lesmes, y la reciente ruptura de las negociaciones entre PSOE y PP para conformar un nuevo órgano de gobierno de los jueces han hecho pivotar el escenario en el que se encontraban instalados en las últimas semanas y, por ello, han llegado a la conclusión de que se dan las condiciones objetivas para proponer a un candidato de prestigio, procedente del Supremo. Pese a que en los escarceos previos, hasta en cinco ocasiones recibieron el 'no' de algunos de sus compañeros del Alto Tribunal, ahora parecen haber dado con los aspirantes adecuados y dispuestos a ser elegidos.

«Habida cuenta de la situación generada por la ruptura de las negociaciones entre los partidos políticos para la renovación del CGPJ, se hace urgente adoptar medidas para paliar la situación provocada como consecuencia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo con la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que nos impide cumplir con una parte sustancial de nuestras funciones constitucionales y, entre ellas, las relativas a nombramientos de cargos judiciales. En los próximos días se formularán las propuestas concretas a la vista de la información que se facilite por el Servicio de Inspección del CGPJ con el objetivo de, en la medida de lo posible, recuperar el funcionamiento normal del CGPJ y de la Administración de Justicia», han comunicado los nueve al término de su encuentro.

Una nota en la que no han evitado pedir al Gobierno que, así las cosas, «reconsidere la oportunidad de mantener la vigencia de la Ley Orgánica 4/2021 vista la magnitud de los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la lesión del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva». Es decir, exigen al Ejecutivo socialista que «impulse» la «imprescindible derogación» de la norma con la que les vetó los nombramientos discrecionales, «por sí o a través de los grupos parlamentarios que le dan apoyo en las Cortes Generales».

«Se considera imprescindible recuperar los encuentros con los interlocutores para consensuar el nombramiento de los dos magistrados del TC cuya propuesta corresponde al CGPJ», han afirmado. En los próximos días «se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección».

No en vano, el Consejo tiene la obligación legal -tras la contrarreforma impulsada por el Gobierno para deshacer, en parte, su propio veto- de elegir a dos de los cuatro magistrados que corresponden al tercio del Constitucional cuyo mandato venció antes del verano. Sólo de este modo, una vez aceptados por la mayoría del Pleno su par de nombres, el Ejecutivo socialista revelará los suyos. Todo apunta a que el presidente, Rafael Mozo, tras este cambio de posición, planteará una convocatoria extraordinaria el próximo día 14 de noviembre.