Los Pujol, historia de una trama sin juicio que señala las presuntas coacciones del expresidente Rajoy

Una querella por coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental –admitida a trámite en 2020, y presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el expresidente del BPA (Banca Privada de Andorra), Higini Cierco– acusa al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a su entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de enviar a miembros de la Policía española a presionar a responsables de la entidad andorrana para hacerse con información de cuentas bancarias de políticos catalanes separatistas. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su familia o su sucesor en el cargo, Artur Mas.

La llamada 'Operación Cataluña', que también incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, entre otros supuestos miembros de la denominada «policía patriótica» –el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Diez– fue ampliada tras incorporarse a la causa nuevos denunciantes, entre ellos, la familia Pujol.

Pese a que el clan del expresidente catalán se encuentra a la espera de sentarse en el banquillo desde que, en junio de 2021, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictase el auto de apertura de juicio oral contra Jordi Pujol i Soley –para quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel– sus siete hijos, su exnuera Mercè Gironès y otros 11 empresarios, por la supuesta trama de corrupción que el antiguo líder de la desaparecida Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) diseñó para enriquecerse, la Justicia española mantiene en espera la celebración de la causa.

Entre tanto, se ha materializado el impulso a un auxilio judicial, solicitado por Andorra, para dirigirse contra quien en los últimos años de su mandato se convirtió en el azote del independentismo catalán, Mariano Rajoy. Resulta cuando menos paradójico que aquellos a quienes el Ministerio Público, la Abogacía del Estado y una acusación particular señalaron por asociación ilícita, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública –además de la presunta organización criminal instada por Podemos, personado como acusación popular– sean, a su vez, los artífices de una acción judicial orientada a depurar responsabilidades contra quienes frustraron sus aspiraciones políticas.

La desaparición de CDC: morir matando

Así las cosas, tan sólo unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diese luz verde a la juez andorrana Stéphanie García García para citar, formalmente, al expresidente Rajoy, la Fiscalía Anticorrupción española daba a conocer su escrito de conclusiones provisionales sobre el PDeCAT y la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de los Pujol, señalados por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del 'caso 3%' que persigue la financiación ilegal de ambos partidos en base a comisiones y mordidas.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción fijó la multa en 3 millones de euros contra sendas entidades aunque, también, dirigió su acusación contra un total de 30 personas, empresarios y cargos públicos catalanes, y 14 empresas más, que serán juzgadas en la Audiencia Nacional por delitos como organización criminal, fraude, corrupción entre particulares o tráfico de influencias.

No en vano, por estas conductas irregulares fueron, presuntamente, perseguidos sus supuestos autores por los ministros de Hacienda y de Interior de la era Rajoy. Así, al menos, lo han denunciado los Pujol y varios de los afectados directos quienes han señalado judicialmente al Ejecutivo popular por su intento extraoficial de averiguar el patrimonio y los fondos públicos españoles desviados al Principado vecino. Un dinero que habría salido de nuestro país hacia el paraíso fiscal, geográficamente próximo a Cataluña -como consecuencia de la trama del 3%-, tras embolsárselo tanto el clan del expresidente de la Generalitat como otros políticos coetáneos y sucesivos que se beneficiaron del método ilícito diseñado para hacerlo.

Un testamento de 8 millones de euros

El propio Jordi Pujol i Soley reconoció, públicamente, en julio de 2014 que había ocultado a la Hacienda española, durante más de 30 años, los depósitos de dos cuentas en el extranjero: una primera en Suiza y una segunda en Andorra. Lo hizo «obligado» por las circunstancias, tras darse a conocer ciertas informaciones bancarias del clan catalán a raíz de los documentos sustraídos por el exempleado de uno de los bancos donde se albergaban los fondos: las revelaciones del 'caso SwissLeaks' pusieron al descubierto la lista de clientes del banco HSBC que en el 2009 fue robada por un exempleado de la entidad, Hervé Falciani, y sacaron a la luz cómo los Pujol movieron fondos en el extranjero, como mínimo, desde 1994, evadiendo impuestos al fisco español.

Para evitar posibles repercusiones legales y aprovechando la ocasión que les brindaba la amnistía fiscal del entonces ministro popular Cristóbal Montoro -uno de los dos ministros de Mariano Rajoy contra quienes los Pujol han dirigido la querella admitida por la Justicia de Andorra- la familia catalana decidió regularizar de manera voluntaria un total de cuatro millones de euros. Aunque Pujol aseguró que el origen del dinero era un legado fuera de testamento que le había dejado su padre Florenci, en la causa penal que le llevará al banquillo de la Audiencia Nacional consta que en la cuantía inicial, de unos 850.000 euros en los años ochenta, llegó a multiplicarse de manera tan exponencial como milagrosa hasta llegar a los ocho millones de euros, en 2010.

Las cifras no pudieron explicarse de una forma razonable y así lo entendió el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata quien inició la instrucción de una causa que, continuada por su compañero de instrucción Santiago Pedraz, llevará a Jordi Pujol y a sus siete hijos a verse las caras frente al Tribunal Central. Su mujer y matriarca del clan, la «madre superiora» en el entramado de la presunta «organización criminal», Marta Ferrusola, fue apartada de la misma por la demencia que padece.

La celebración de la vista oral contra la familia, que todavía no tiene una fecha fijada en el calendario, supondrá un punto de inflexión en la actualidad política en clave independentista, en Cataluña, y en el ámbito nacional.