Las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid reavivan antiguas sombras de irregularidades entre los siete candidatos

llueve sobre mojado en las elecciones al Decanato y la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Las siete candidaturas que concurren a los comicios que se celebrarán el próximo día 20 de diciembre apuran, en los últimos días, la presentación oficial de sus listas de las propuestas con las que aspiran a gestionar, durante los próximos cinco años a los más de 75.000 colegiados que integran la institución de letrados más numerosa de España y de Europa y un presupuesto de más de 30, 5 millones de euros. En línea con las polémicas convocatorias de los años 2012 y 2017, la edición de este año ha despertado, ya, presuntas irregularidades por parte de algunos candidatos que ya han sido reveladas por sus contrarios.

Así las cosas, dos de los aspirantes, Eugenio Ribón y Miguel Durán han coincidido en exigir que se validen los votos por correo con una doble comprobación de seguridad, esto es, que coincida la dirección de cada uno de los solicitantes de esta modalidad que consta en la base de datos del Colegio con la dirección de envío del material electoral para la emisión del mismo. No en vano, en 2017 se dio un precedente de votos procesados de manera centralizada y masiva que ni Durán ni Ribón quieren que se repita.

En 2017, el decano saliente, José María Alonso, celebró un evento de lanzamiento de candidatura en la discoteca Pachá donde, a través de la concurrencia de varios notarios en el acto, consiguieron recopilar un elevado número de documentación de colegiados –con un aforo de más de mil quinientos asistentes– que, a juicio de los candidatos en alerta, tuvo un peso específico muy importante en el ajustado resultado final.

Por ello, este lunes, han puesto en preaviso a la Comisión Electoral ante el evento que la candidatura de Raúl Ochoa reeditó, a última hora del día, en el mismo lugar, ahora bajo el nombre de Teatro Barceló. En esta ocasión, el entonces jefe de campaña de Alonso y hoy responsable de la dirección del candidato de «Activa el Cambio», Jesús Gallardo, confirmaba la presencia de cuatro notarios para facilitar el voto por correo de quienes quieran que su propuesta sea la elegida en las urnas. Una maniobra que, en opinión de Durán y Ribón entienden que es nula de pleno derecho ya que, de acuerdo con las normas electorales, el voto ha de ser personal, intransferible y secreto.

La Comisión Electoral del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) registraba, la semana pasada, una solicitud formal en la que se solicitó, explícitamente, la prohibición del uso de los despachos de los candidatos o las sedes de campaña elegidas por cada uno de ellos –por ejemplo, los domicilios de las empresas de comunicación tras la organización de las candidaturas– como destino del envío del material electoral oficial para la emisión del voto válido por correo. En caso contrario, cualquier emisión masiva de votos desde un mismo origen, no acreditado, deberá ser declarada nula.