Comienza en Londres la vista para dirimir si Don Juan Carlos es inmune ante la justicia británica

La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales celebrará este martes la vista donde el Rey emérito intentará revocar la decisión inicial del juez Matthew Nicklin de no reconocerle inmunidad alguna frente a la demanda presentada por su ex amiga íntima Corinna Larsen por acoso, lo que permitiría a Don Juan Carlos frenar las acciones civiles emprendidas por la empresaria ante la Justicia británica.

Durante la vista se revisará la resolución adoptada el pasado 24 de marzo por Nicklin, juez del Tribunal Superior de Justicia que determinó que Don Juan Carlos no gozaba de la inmunidad que le confería la Jefatura del Estado por haber abdicado. «Solo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI», dictaminó.

La defensa del antiguo monarca presentó entonces un escrito donde esgrimía varios argumentos para conseguir que le permitieran apelar. Tras una vista celebrada el pasado 18 de julio, la Corte de Apelaciones dio luz verde a la impugnación del ex jefe de Estado pero solo en base a tres de los cinco motivos aducidos por sus abogados al estimar que eran alegaciones fundadas.

En esa vista, los abogados de Juan Carlos I sostuvieron que, a pesar de su abdicación en 2014, es miembro de la Casa Real y, como tal, mantiene una especial vinculación con Felipe VI que hace que cualquier acción emprendida en su contra afecte a las funciones del actual jefe de Estado.

Hicieron hincapié en el hecho de que, conforme a la ley española, Don Juan Carlos ya no es jefe de Estado pero sí es una de las seis personas que conforman la Casa Real, junto a las reinas Letizia y Sofía y las infantas Leonor y Sofía.

Casa Real

«El término Casa Real es un concepto, no un lugar», acotó el abogado del Rey emérito para explicar que lo fundamental son las «estrechas relaciones en circunstancias especiales» entre sus miembros, no el hecho de que convivan bajo el mismo techo.

Sin embargo, en una resolución de diez páginas, el juez Peter Jackson de la Corte de Apelaciones explicó que permitía apelar al antiguo monarca debido principalmente a la presunta intervención del entonces jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, en ese supuesto hostigamiento a Larsen.

En concreto, despejó el camino para la apelación apoyándose en la parte de la demanda que relata que la empresaria habría sufrido un registro en su casa de Mónaco «efectuado o facilitado por el jefe del Centro Nacional de Inteligencia, el general Sanz Roldán, bajo la dirección o con el consentimiento» del antiguo monarca.

Se trataría de hechos anteriores a la abdicación de Juan Carlos I que, «al menos en una primera lectura», podrían llevar a pensar que «el demandado o el general Sanz Roldán estaban actuando con su capacidad pública», indicó el juez Jackson.

Jackson partió de la base de que en este caso estamos ante dos tipos de inmunidades: una «inmunidad funcional» que opera en las actuaciones basadas en su «capacidad pública» y otra que extiende la inmunidad diplomática a los jefes de Estado para reconocérsela también a sus familiares más cercanos.

Ambas inmunidades

Don Juan Carlos, señaló el juez Jackson, «alega ambas inmunidades», la primera respecto a los hechos que habrían ocurrido antes de su abdicación, en 2014, y la segunda para el resto de sucesos denunciados por Larsen.

El magistrado británico advirtió además de que, aunque el ex jefe de Estado tenga éxito en su apelación, eso no tiene por qué ser «fatal» para Larsen, ya que ésta ha puesto encima de la mesa «actos de acoso posteriores a la abdicación» respecto a los cuales no cabría apreciar esta «inmunidad funcional».

Así las cosas, la vista de este martes servirá para determinar si la demanda de Larsen sigue o no adelante y, en su caso, respecto a qué hechos de todos los relatados en la demanda que presentó a finales de 2020.

La empresaria cuenta en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios.

Larsen reclama al Rey emérito una indemnización, cuyo montante no ha trascendido, por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido.