La Audiencia Nacional arranca el juicio contra excargos del PP de León por el 'caso Púnica'

Penas de entre cinco años y medio y ocho de prisión por los trabajos de reputación 'online' prestados por el presunto 'conseguidor' de la trama, el empresario Alejandro de Pedro y dos excargos del Partido Popular de León al expresidente de la Diputación Marcos Martínez. Una década después de que arrancasen las investigaciones sobre la derivada de la causa Púnica en la provincia leonesa, la Audiencia Nacional arranca el juicio contra el propio De Pedro, Martínez y su exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez. Bajo la lupa del tribunal las supuestas irregularidades cometidas en el asesoramiento de Martín Marcos y la adjudicación de contratos 'a dedo' para la explotación de la estación de esquí de San Isidro.

Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; al exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa; y, a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos concedidos, Eico Online y Madiva Editorial, que habrían recibido unos 90.000 euros de fondos públicos de manera irregular.

La Fiscalía reclama para Martín Marcos, expresidente de la Diputación y actual alcalde del municipio de Cuadros como independiente, la pena más alta. Un total de 8 años de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad, fraude y tráfico de influencias.

Por su parte, el escrito de acusación del Ministerio Público solicita para Manuel Jesús López y Pedro Vicente Sánchez, quien fuera el coordinador del gabinete de prensa de la Diputación -y alcalde de Puebla de Lillo con un partido independiente, en la actualidad- solicita 7 años, uno menos que a Martín Marcos, al no ser acusado de tráfico de influencias.

De Pedro y Alonso Conesa -quienes trabajaban, desde 2010, para diferentes administraciones públicas y controlaban juntos un grupo de empresas con las que se presentaban a contratos públicos, «muchos de ellos con objetos simulados»- se enfrentan a 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude.

Mientras, Guadalupe Caballero afronta 3 años y cinco meses de cárcel por malversación de fondos públicos en concurso con falsedad documental.

En cuanto a las empresas de De Pedro, la Fiscalía interesa una multa del doble del beneficio obtenido. Y, además, pide que entre los seis acusados indemnicen con la cantidad de 171.000 euros a las arcas de la Diputación de León.

Construir una «reputación positiva»

«El objetivo de todo ello era producir campañas de imagen personales que construyeran una reputación positiva en Internet, vinculada a los nombres del político, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil público», señala en el escrito.

Para alcanzar este objetivo empleaban decenas de periódicos digitales -muchos de ellos «zombies», sin actualizar- que hacían de «motores de réplica», «sin ningún interés periodístico», de las noticias positivas.

En 2012, De Pedro y Alonso Conesa captaron como clienta a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, con la que acordaron trabajos para «limpiar y cuidar» su reputación en redes sociales, que se prolongaron en el tiempo y en los que participaron después los acusados.

Después de la muerte de Carrasco, que fue asesinada en 2014, los servicios de reputación continuaron con Martín Marcos como presidente en funciones de la Diputación y se habrían pagado de manera «subrepticia» a través de la simulación de contratación de publicidad institucional.

Martín Marcos tenía «interés por darse a conocer ante los ciudadanos de León, construirse una identidad positiva en las redes sociales y recibir asesoramiento para su promoción política», lo que «fue aprovechado» por De Pedro y Alonso Conesa para concretar con él un nuevo plan.

La Presidencia de la Diputación de León

El pacto irregular, según las conclusiones de la Fiscalía, contemplaba que De Pedro y Alonso Conesa utilizasen sus influencias políticas para apoyar las aspiraciones de Martín Marcos a liderar el PP de León y su posterior candidatura a la Presidencia de la Diputación en los comicios inmediatamente subsiguientes a la obtención de su primer objetivo. Para ello, se acordaron tareas de asesoramiento que incluyeron la redacción de sus discursos, el seguimiento de sus intervenciones en el partido y la preparación de su agenda política con autoridades autonómicas.

En lo relativo a la adjudicación de contratos para la explotación de la estación de esquí de San Isidro, la Fiscalía sostiene que el expresidente de la Diputación y su interventor Manuel Jesús López tenían «intereses directos» en la zona para beneficiar a las empresas del 'conseguidor' De Pedro. De ahí que Martín Marcos ejerciese «presión» sobre varios empleados públicos de la Diputación leonesa que él mismo presidía para que encontrasen una fórmula con la que poder materializar sus propósitos en las instalaciones invernales.