Las dos versiones de Corinna que complican sus acusaciones contra Don Juan Carlos en Inglaterra

La denuncia por acoso presentada por la examiga íntima del Juan Carlos I, Corinna Larsen, contra el exmonarca y los servicios de inteligencia españoles, con el general Félix Sanz Roldán al frente, han complicado el futuro procesal del padre del Rey Felipe VI una vez que las Fiscalías española y la Suiza despejaron todas las líneas de investigación que se ceñían sobre él. La decisión del juez Mathew Nicklin del pasado 24 de marzo de no reconocer, tal y como alegan los abogados de Don Juan Carlos, que en la época en la que se produjeron los presuntos hechos, el entonces Jefe del Estado estaba protegido por la inmunidad de sus «actos soberanos», ha llevado a los letrados a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales.

Durante la vista oral -celebrada este martes durante algo más de cinco horas, distribuidas en una doble sesión de mañana y tarde- el Tribunal ha analizado la apelación formulada por los letrados españoles ha supuesto, sin embargo, un pequeño revés para las pretensiones iniciales de Larsen. No en vano, los magistrados han interrumpido en varias ocasiones al abogado de Corinna para subrayar las contradicciones de su cliente, entre la versión de lo ocurrido reflejada en la demanda presentada inicialmente y la modificación posterior.

El Tribunal ha destacado cómo la aristócrata alemana primero dijo que Don Juan Carlos «usó agentes del Estado español» para acosarla pero, más tarde, lo corrigió para enfocar el asunto hacia una actuación privada del exdirector de los Servicios de Inteligencia del CNI, Sanz Roldán, con la que habría hecho un favor al exmonarca por razón de la amistad que les unía. Un matiz que los jueces británicos no han querido pasar por alto ya que, la línea del primer relato de los hechos reflejados en la denuncia sería, a juicio de parte de ellos, asumir la inmunidad de Juan Carlos I.

Autorizaron al exmonarca el recurso

Ya, el pasado 18 de julio, los magistrados británicos autorizaron al rey emérito a recurrir la decisión del juez Nicklin, pero sólo respecto a los hechos transcurridos entre los años 2012 y 2014, cuando Don Juan Carlos era Rey de España. De manera que, la cita judicial de esta semana se concentraba en la demanda de Larsen desde entonces, fecha de la abdicación del exmonarca, hasta 2020. Seis años en los que, siempre según la versión de la exprincesa germana, éste la habría presionado para retomar la relación y, tras no conseguirlo, habría intentado perjudicarla en sus negocios profesionales como venganza sentimental.

Lejos de entrar en los detalles más personales, el abogado del antiguo monarca tomaba la palabra, en primer lugar, para centrar su alegato en favor de la inmunidad de Don Juan Carlos, en resaltar la trascendencia legal para España de las «acusaciones específicas» realizadas por Larsen. Durante cerca de las dos horas y media que se ha prolongado el alegato, el letrado describía dos pasajes concretos de 2012: una visita que le habría hecho en Londres el entonces jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, para amenazarla y un registro que agentes del CNI habrían llevado a cabo en su vivienda de Mónaco para, supuestamente, amedrentarla.

Según los abogados de Don Juan Carlos el relato de Corinna es una «construcción artificial» para desviar la atención sobre cómo los servicios secretos actúan en interés del Jefe de Estado

El letrado ha razonado que, si según la versión de Corinna el CNI la acosó en una «misión encubierta» llevada a cabo por los servicios secretos españoles en el extranjero por mandato de Sanz Roldán, que a su vez habría actuado bajo las órdenes de Juan Carlos I, se trataría de un caso «clásico» de «actos soberanos» que están amparados por la inmunidad. Y ello, con independencia de que dichos actos pudieran suponer un «abuso de poder» por parte de los agentes estatales que los llevaron a cabo, afirmaba el abogado del ex jefe de Estado citando abundante jurisprudencia.

«Podrías tener el mismo final que Diana»

En la réplica, que se ha extendido otras dos horas y media, el representante legal de Larsen insistía en cómo, de acuerdo a su posición procesal, el exmonarca sólo quedaría excluido de una presunta reponsabilidad civil por los hechos denunciados, en el caso de que el CNI hubiera actuado movido por un interés «oficial». Esto es, que el Estado español no hubiese intervenido por un mero interés personal del emérito. Cuestión clave que tendrá que resolver la Corte de Apelaciones: si siendo Don Juan Carlos Jefe de Estado, podría activar al CNI haciendo uso de sus «facultades públicas» o si, en realidad, las intervenciones se produjeron a «título privado».

La examiga de Juan Carlos I, quien actualmente reside en Abu Dabi, afirmó que los intrusos -siempre según su versión, agentes españoles del CNI- trataron de intimidarla para que se mantuviese en silencio, sugiriendo que podría enfrentarse al «mismo destino que Diana», en referencia a la maltrecha princesa de Gales. Tal y como recoge una información actualizada por el periódico británico The Times, en las últimas horas. Ayer, el Tribunal de Apelación de Londres escuchó la narración de sus letrados sobre cómo, presuntamente, dichos agentes habrían llevado a cabo «una incursión» en la vivienda de la aristócrata en Suiza, dejándole, en una de las estancias, un libro sobre «la implicación de las agencias de inteligencia británica y estadounidense en la muerte de la princesa Diana».

Por su parte, los abogados de Don Juan Carlos insistieron en que, de haberse producido alguna «operación» de los Servicios de Inteligencia, ésta quedaría comprendida en la actuación ordinaria del CNI en el marco del derecho a la «inmunidad soberana» que, por entonces, amparaba los actos del entonces Rey, como cabeza visible de la Monarquía española.