La Generalitat valenciana pide al Gobierno todavía más competencias en Justicia y apuesta por un sistema «muy federalista»

«Algo pasa», ha dicho la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, para que las Comunidades Autónomas que «conocemos los problemas del día a día en los territorios» tengamos que «financiar órganos judiciales y costear todos los déficits derivados de un modelo de Justicia obsoleto, decimonónico, que nos lleva a la que inversión se convierta en desinversión». Así ha deslizado la socialista la petición de mayores competencias en Justicia para su región y cómo las CCAA deberían tener mayor protagonismo en la definición del sistema judicial. «Necesitamos tener más voz en la definición del modelo, en la organización interna y territorial. Necesitamos tener mayor protagonismo a la hora de determinar el número de órganos judiciales que se tienen que crear cada año», ha defendido Bravo en un desayuno mantenido, esta mañana, con los medios de comunicación.

La titular del Departamento en el Ejecutivo de Ximo Puig ha destacado cómo la entrada de asuntos en juzgados ha disminuido y, sin embargo, el nivel de satisfacción de los operadores jurídicos y de la ciudadanía sigue siendo insatisfactorio. «Los datos» -ha asegurado- «han puesto en evidencia que la inversión no está garantizando ni la eficacia ni está mejorando la situación. Es un problema de modelo», ha insistido para justificar una petición en la que, hasta la fecha, han ido prosperando con éxito los independentistas catalanes.

En la actualidad son 12 las autonomías con competencias parcialmente delegadas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja

Al respecto, Bravo ha puesto como ejemplo que el número de asuntos judiciales ha bajado en su Comunidad, casi en 150.000 asuntos, entre los años 2015 a 2022; y, ello pese a que el presupuesto destinado a Justicia en este periodo de tiempo, se ha duplicado.

Y ha añadido: «Todo el mundo se sigue quejando y la conclusión a la que llegamos es que necesitamos tener más voz en la defensa del modelo». «Estamos ante una fábrica antigua y estamos invirtiendo en una empresa que desde finales del siglo XIX no se ha transformado», ha criticado.

Preguntada por cuánta voz necesitan las autonomías, ha respondido: «Soy partidaria de que las competencias en materia de Justicia deberíamos revisarlas. Las comunidades deberíamos tener más capacidad de decisión porque afrontamos el gasto en medios materiales y personales», ha insistido.

Bravo ha lamentado que la posición de las CCAA es «absolutamente del señor que paga pero que no decide». «Estamos -ha añadido- en la situación de pagar pero no decidir porque no tenemos la capacidad para decidir qué organigrama territorial consideramos más adecuado para una mejor distribución de los órganos judiciales; tampoco tenemos capacidad para decidir cómo debería ser la oficina judicial o cómo organizar el trabajo de los juzgados para que sean más eficientes».

«Invertimos en recursos y en gestión pero sin capacidad para cambiar nada. Así, la sensación que tenemos es de que estamos desinvirtiendo. Te sientes impotente», ha manifestado.

«Cogobernanza» y federalismo

En esta línea, Bravo, que ha lamentado que las CCAA llevan cuatro años sin Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin interlocutor, se ha definido como «muy federalista» y considera importante seguir potenciando el estado de las autonomías: «Pongo el ejemplo de que en la pandemia por la Covid-19, si no hubiera sido por las autonomías y el papel de las CCAA que gestionaban desde hacía 30 años los servicios sociales y sanitarios, no sé qué hubiera pasado en el país».

A su juicio, «la cogobernanza que se usa tanto desde la pandemia debe ir más allá de una palabra y ser una realidad: tomar decisiones de manera conjunta. Otro ejemplo es que hemos trasladado que no nos parece bien la supresión de los juzgados de Paz y les da igual. La iniciativa tirará hacia adelante», ha lamentado. «Algo tendremos que hacer», ha pedido la consejera socialista, al tiempo que ha repetido: «Estamos ante una empresa antigua en la que no me han dejado cambiar la maquinaria ni transformar nada pero, sin embargo, tengo que incrementar el gasto», ha apostillado.

La cuarta más beneficiada hasta 2030

La realidad es que, tras la firma del Ministerio de Justicia y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, del acuerdo unánime aprobado, en marzo de 2021, por el que se formalizaron los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las autonomías, del crédito asignado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, el ente valenciano fue el cuarto más beneficiado, con una partida de 2.427.220 euros. Tan sólo superado por los 4.362.068 euros correspondientes a Andalucía, los 3.550.793 euros de Cataluña y los 3.028.222 euros de Madrid.

En total, se trató de un importe de 20.604.610 euros, que se destinarían a la realización del 'Proyecto 0' de Justicia 2030 cuyo objetivo., entre otros, era la acometida de una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables -hardware, licencias, servidores, espacio de almacenamiento, bases de datos- en todo el territorio del Estado. Para ello, se contempló, además, la puesta en marcha de cuatro medidas: la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y la ciberseguridad.