El Gobierno rebajará el delito de sedición a espaldas del CGPJ y del Consejo de Estado

Sí, el Gobierno ha confirmado que trabaja en varias reformas legislativas destinadas a favorecer la «desjudicialización» del denominado «conflicto político» de los independentistas catalanes con el Estado español. Y, entre ellas, la modificación del delito de sedición –causante de la última ruptura de las negociaciones entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– que, de producirse, se hará a través de proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Se trata de una fórmula que le permite evitar el trámite de consultas, preceptivas que no vinculantes, al propio CGPJ o al Consejo de Estado.

Así se desprende de una repuesta de Moncloa a preguntas de varios diputados de Vox que se interesaron, de manera explícita, por las medidas que el Gobierno baraja adoptar en el marco de la «desjudicialización» que, desde hace meses, está en las conversaciones entre el Ejecutivo socialista y sus socios de legislatura de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Unas negociaciones que El Debate ha ido avanzando en primicia y que contemplaban la posibilidad de aprobar un nuevo Estatut en el que se recogiese la fórmula adecuada para abordar una «consulta pactada» sobre el «encaje» de la Comunidad Autónoma catalana en España. Un escenario en el que, además, se coquetea con la creación de un Poder Judicial propio a cargo del Govern separatista.

Volviendo a la pregunta formulada por Vox, la respuesta de Moncloa no concreta medida alguna, sino que adjunta dos enlaces: uno a la nota de prensa que difundió el pasado 27 de julio, dando cuenta de los acuerdos alcanzados en la tercera reunión del foro de diálogo que comparten Gobierno y Generalitat, y otro al documento específico sobre la «desjudicialización».

De acuerdo con lo que Sánchez pactó con el separatismo, el Gobierno está 'obligado' a reformar la sedición antes de Navidad

«En dicho acuerdo –remarca además el Ejecutivo en su escrito– se pone claramente de manifiesto que 'cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de su impulso parlamentario'».

De acuerdo con esa misma respuesta gubernamental, «cualquier decisión que se pueda adoptar como resultado del acercamiento de posturas entre gobiernos se tomará mediante los procedimientos expresamente previstos en nuestro ordenamiento jurídico y por los órganos que, en cada caso, sean competentes».

El documento pactado aquel 27 de julio entre los dos gobiernos también añade que «ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas (para la desjudicialización) sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones», en referencia al que arrancó en septiembre y finalizará el 31 de diciembre. Es decir, con el papel en la mano, Sánchez está 'obligado' a reformar la sedición antes de Navidad.

El propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, afirmó este miércoles que evaluaría la mesa de diálogo a final de año. «Confío en que de resultados pronto», añadió en referencia a la reforma del delito de sedición.