El Constitucional se rompe en el recurso que trata de paralizar la demolición del resort de lujo Valdecañas

Ciento ochenta casas unifamiliares, un campo de golf, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico y una playa artificial, además de varias edificaciones sin terminar. El 9 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo sentenció la demolición íntegra del proyecto Isla de Valdecañas –en la provincia de Cáceres– corrigiendo el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al primar la protección medioambiental de la zona. Un mes más tarde, el 21 de abril, ratificaba su propia decisión al rechazar el primer recurso planteado por la Junta de Extremadura y los propietarios de las viviendas quienes entendían que dos de los cinco magistrados que ordenaron el derribo debían de haberse abstenido por causa de incompatibilidad. Ahora, el Pleno del Constitucional -que delibera sobre la cuestión este martes y miércoles- se ha partido en dos en las peticiones de amparo sobre el futuro del resort de lujo.

En juego, una decisión sin precedentes por el volumen de la extensión llamada a desaparecer, según el fallo del Alto Tribunal, y las implicaciones económicas que, de confirmarse la misma, podrían ascender a más de 140 millones de euros en indemnizaciones. Un importe al que habría que sumar el gasto de la demolición, que tendría que asumir la Junta de Extremadura tras el caso ganado por Ecologistas en Acción y Adenex.

Los magistrados de la Corte de Garantías se enfrentarán, divididos, a la convocatoria fijada por segunda vez por su presidente en funciones, Pedro González-Trevijano, tras la acalorada discusión celebrada el pasado mes de octubre en la que se constató el empate técnico entre quienes consideran que existe legitimación de los recurrentes para oponerse a la polémica resolución del Supremo y quienes no. Así las cosas, los jueces decidían encargar un informe adicional a los letrados del órgano que ya estaría listo, según ha podido confirmar El Debate.

Los recurrentes: la comunidad de propietarios del complejo, varios de los titulares de los derechos de explotación de las instalaciones adicionales a las viviendas, los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo y la propia Junta de Extremadura, alegan la existencia de una doble vulneración de sus derechos fundamentales en la sentencia dictada por el Supremo que ordena la demolición.

Por una parte, en lo que afecta a la falta de imparcialidad de uno de los magistrados que participó en la casación del Alto Tribunal y que ya había intervenido, como ponente, en el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE). Por otra, la extensión indebida de la resolución de casación por entrar en el análisis de cuestiones fácticas que estarían reservadas a las fases procesales previas.

La cuestión sobre la admisión o no de ambos argumentos es clave por los cientos de millones de euros que podrían verse implicadas. No en vano, si la impugnación no prospera en este primer trámite la ejecución del derribo ordenado por el Supremo será firme y obligará a la Administración extremeña, constructores y promotores del resort Marina Isla de Valdecañas a pagar cuantiosas compensaciones a los perjudicados.

El ponente de la propuesta, que hoy revisará el Pleno, corre a cargo del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, quien defenderá ante sus compañeros del Pleno la viabilidad de la admisión de las impugnaciones planteadas por los recurrentes. No sólo porque considera que cumplen los requisitos objeticos de legitimación para hacerlo sino porque, en caso contrario, la causa quedaría desprotegida en el fondo de los derechos constitucionales en juego que, por su entidad, y por la gravedad de las consecuencias de una demolición para los perjudicados, deberían contar con una revisión. Así lo han confirmado a El Debate fuentes próximas al asunto.

Un beneficio de 96 millones de euros

En espera de la decisión que el Constitucional tendrá que tomar en las próximas horas, si entrar o no en el fondo del asunto, son dos las sentencias que han sentado un precedente similar, la decisión de derribar el proyecto, con un pequeño matiz de diferencia: mientras el TSJE contempló un derribo parcial que afectaría a las edificaciones incompletas o en proceso de construcción en el momento de notificarse su decisión; el fallo del Supremo apostó por la demolición total de Marina Isla de Valdecañas.

En uno u otro caso el impacto para la Junta de Extremadura -administración responsable de los permisos que llevaron a la empresa Marina Isla de Valdecañas, SA a acometer la ejecución del complejo con todos los permisos en regla- será muy diferente ya que sobre la entidad regional recaerá la responsabilidad de indemnizar a los propietarios afectados por la pérdida de sus propiedades. La venta de las mismas reportó a la referida mercantil un beneficio de cerca de 96 millones de euros.

La ejecución de Marina Isla de Valdecañas arrancó a comienzos del año 2000, ubicada en una pequeña isla ubicada en el embalse de Valdecañas. En el momento de concebirse la propuesta urbanística la zona no contaba con ninguna protección especial y, de hecho, se encontraba bastante deteriorada tras años abandonada por la industria maderera y la ganadería extensiva local. Sería a mitad de proyecto cuando se declaró el enclave como de protección de aves y posteriormente como parte de la Red Natura 2000. Por su parte, el Gobierno extremeño salvó el escollo alegando que se trataba de un proyecto estratégico en lo turístico y en lo económico para una zona empobrecida.