El Constitucional se abre a revocar la sentencia del Supremo que obliga a derribar Valdecañas

La polémica sentencia del Supremo que obligaba a derribar, en su totalidad, el proyecto urbanístico Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, podría tener los días contados. Según ha podido saber El Debate en primicia, el Pleno del Constitucional reunido este miércoles ha alcanzado la mayoría necesaria para admitir a trámite los tres recursos de amparo presentados por la constructora, las comunidades de propietarios y las administraciones públicas implicadas -Junta de Extremadura y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo- contra la sentencia del Alto Tribunal. Así las cosas, la Corte de Garantías entrará en el fondo del asunto para determinar si, como afirman los recurrentes, se vulneraron sus derechos fundamentales durante la causa favorable a Ecologistas en Acción que concluyó con la orden de demolición completa del resort de lujo.

Ciento ochenta casas unifamiliares, un campo de golf, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico y una playa artificial, además de varias edificaciones sin terminar se salvan, por el momento, de su desaparición íntegra. El pasado 9 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo corrigió el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al primar la protección medioambiental de la zona y tras rechazar el primer recurso planteado por la Junta de Extremadura y los propietarios de las viviendas contra dos de los cinco magistrados de la Sala que ordenaron el derribo que, a su juicio, debían de haberse abstenido por causa de incompatibilidad.

Ahora, el Pleno del Constitucional -que como avanzó El Debate en primicia partía fuertemente dividido en esta cuestión- considera, por seis votos a cinco, que hay base suficiente para determinar si se produjo una indefensión de los recurrentes. Un escenario que podría provocar un regreso al derribo parcial, esto para todas las estructuras que no estuviesen finalizadas y concluidas en el momento de dictarse sentencia, como dictaminó el TSJ extremeño, para las edificaciones ubicadas en una isla de 134,5 hectáreas de superficie existente en la presa de Valdecañas.

El Tribunal «ha apreciado que las cuestiones planteadas en estos recursos de amparo», de los que es ponente el magistrado Enrique Arnaldo, «tienen especial trascendencia constitucional al estimar, por una parte, que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)] y, por otra, que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]».

Cinco votos particulares a la admisión

Tras la decisión de admisión, que adoptará la forma de auto, ya se ha producido el anunciado de cinco magistrados que formularán voto particular a la decisión mayoritaria. Los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol Ríos, Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas discrepan con las razones que han llevado al resto de sus compañeros a avalar la tesis del ponente. La posición del juez Cándido Conde-Pumpido, quien en los últimos meses ha sonado con fuerza como candidato del Gobierno a presidir el Constitucional una vez renovado, ha resultado crucial en el desempate numérico.

No en vano, está en juego una decisión sin precedentes por el volumen de la extensión llamada a desaparecer, según el fallo del Alto Tribunal que ahora será revisado, y las implicaciones económicas que, de confirmarse definitivamente la misma, podrían ascender a más de 140 millones de euros en indemnizaciones. Un importe al que habría que sumar el gasto de la demolición, que tendría que asumir la Junta de Extremadura tras el caso ganado por Ecologistas en Acción y Adenex.

Los magistrados de la Corte de Garantías han necesitado dos convocatorias de su presidente en funciones, Pedro González-Trevijano, para alcanzar un consenso de mínimos tras la acalorada discusión celebrada el pasado mes de octubre en la que se constató el empate técnico entre quienes consideraban que existe legitimación de los recurrentes para oponerse a la polémica resolución del Supremo y quienes no. Así las cosas, los jueces decidían encargar un informe adicional a los letrados del órgano que, una vez listo, ha sido deliberado nuevamente con un resultado positivo para los recurrentes.