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Irene Montero, ministra de IgualdadEuropa Press

Baleares

Excarcelan a dos agresores sexuales en Baleares gracias a la ley del 'solo sí es sí'

La Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como la ley de 'solo sí es sí' y que aprobó el pasado agosto el Congreso de los Diputados, está dando como resultado la rebaja de penas para delincuentes que ya habían sido condenados.

Paradójicamente –o no– , la ley gestada en el Ministerio de Igualdad está teniendo el efecto contrario. En Baleares, dos hombres que habían sido condenados a tres años de prisión por abuso sexual sin penetración, han pedido la revisión de sus sentencias y han salido beneficiados. Después de revisar sus casos, el Tribunal ha valorado que en el marco de la nueva legislación la pena no puede exceder de dos años, por lo que su pena se ha visto disminuida. Como los agresores ya llevaban ese tiempo privados de su libertad, la consecuencia ha sido su salida inmediata de prisión.

La reforma del Código Penal resulta más favorable a los reos

Esta oleada de casos de agresores que están viéndose favorecidos por la ley del 'solo sí es sí' ha desatado la indignación del Ministerio de Igualdad. Irene Montero incluso ha llegado a tildar de «machistas» a los jueces que están aplicando la nueva ley. Sin embargo, la realidad es que la reforma del Código Penal resulta «más favorable al reo». Los magistrados también han aclarado que aunque la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, no detalla si debe ser aplicada a procedimientos ya iniciados o cuya sentencia es ya firme, el Código Penal indica que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo», algo que el CGPJ ya había advertido en 2021 cuando todavía estaba el anteproyecto de ley.

Por eso, la Comisión Permanente del CGPJ ha expresado que consideran intolerable que después de hacer oídos sordos a las advertencias desde algunas filas políticas, ahora se echen las manos a la cabeza y ataquen a los miembros del Poder Judicial: «Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección»