Irene Montero se encastilla en su ley y el PSOE presiona a Sánchez para que resuelva el caos

El PSOE está intentando, a duras penas, hacer un control de daños en medio del desastre provocado por la aplicación de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la Ley del solo sí es sí.

Una ley que, por más que saliera del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, es tan del PSOE como de Unidas Podemos, aunque ahora los socialistas traten de desvincularse. Ya lo dijo la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, durante su debate en el Congreso: «La ley del solo sí es sí es un compromiso de todo el Gobierno y sí, también del PSOE. Esta ley es una ley del Gobierno y el PSOE ha trabajado en ella en todo su trámite parlamentario», sostuvo entonces.

Pedro Sánchez dio a entender este miércoles, desde Bali, que en este caso aplicará la filosofía mariana que tanto criticó cuando estaba en la oposición: no hacer nada y esperar a que sea el Tribunal Supremo el que fije criterio. Trasladando así a los jueces el problema de una ley que necesitó pasar tres veces por el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso, dadas las dudas que ya de entrada les suscitaba a Juan Carlos Campo –entonces ministro de Justicia–, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, los tres jueces de carrera en el Ejecutivo.

La decisión de Sánchez estaba pensada para no poner más presión sobre los hombros de la ministra Igualdad; pero no por solidaridad con Montero, sino por puro pragmatismo: Sánchez quiere agotar la legislatura sin sobresaltos, y ello implica no solo tener de su parte a Yolanda Díaz, sino también a Podemos. O lo que es lo mismo: a Irene Montero e Ione Belarra, que forman parte de su Consejo de Ministros.

El PSOE presiona

Sin embargo, su propio partido se ha revuelto contra la decisión de Sánchez de sentarse a esperar y está presionando para que coja las riendas de la situación. Aun a costa de desautorizar a Podemos, que ha cerrado filas con su ministra de Igualdad. En una situación similar a la vivida a mediados de octubre con el proyecto de la Ley de derechos para las personas trans y LGTBI (en tramitación parlamentaria). Y en contraste con el clamoroso silencio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Tanto la vicesecretaria general del PSOE como la portavoz del partido, María Jesús Montero y Pilar Alegría, fueron ayer muy explícitas, incluso después de escuchar a su jefe de filas desde la cumbre del G-20: Montero afirmó que el Gobierno tendrá que «estudiar» cómo evitar los efectos perversos que está teniendo la aplicación de la ley. Y en parecidos términos se manifestó Alegría, partidaria de que el Ejecutivo «mire y revise» el texto que entró en vigor el 7 de octubre.

Desde la Comunidad Valenciana, la consejera de Justicia de Ximo Puig, Gabriela Bravo, fue más lejos y recordó que tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial «alertaron de esta posible situación, que podía beneficiar a los violadores». Y desde Extremadura, su presidente, Guillermo Fernández Vara, afirmó que revisar la ley es «lo que gran parte de la ciudadanía entiende y quiere».

La Ley trans y la del aborto

A los socialistas les preocupa el efecto bumerán de una ley que supuestamente debía dar mayor seguridad a las mujeres, pero no solo eso les inquieta. Su naufragio compromete toda la agenda legislativa del Gobierno –por las dudas sobre su calidad jurídica y técnica– y ha puesto en cuarentena dos proyectos de ley del Ministerio de Igualdad que están en trámite de enmiendas en el Congreso: la Ley trans y la Ley del aborto.

Tampoco ayuda la actitud de Podemos, que en las últimas horas ha salido en tromba contra los jueces, insinuando que están prevaricando al aplicar mal la ley por culpa de su «machismo y estereotipos», en palabras de la propia ministra de Igualdad. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, ha llegado a decir que es «mentira» que el CGPJ advirtiera de que esto podía pasar.

Pero lo hizo, igual que lo hicieron el PP y Vox en el Congreso, los dos únicos partidos que en su día presentaron sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de la ley del solo sí es sí.

Durante uno de los debates en la Cámara Baja, la diputada popular Marta González avisó a socialistas y morados: «Por otro lado, está el tema también muy serio de la supresión de la distinción entre abusos y agresiones sexuales. De nuevo el Ministerio (de Igualdad) se ha escudado en la redacción del Convenio de Estambul para explicar el porqué de esta modificación, pero una vez más tenemos que recordar que realmente en la práctica lo que va a suponer es una rebaja de las penas en los delitos más graves. Algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que al final será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud».