Un total de 22 informes advirtieron de los defectos de la ley del 'solo sí es sí' que niega Irene Montero

Irene Montero se ha atrincherado en su ley del 'sólo sí es sí' pese a que los defectos «irrevocables» del texto han llevado a que, en los apenas quince días de vida del buque insignia del Ministerio de Igualdad en materia normativa, más de un centenar de delincuentes sexuales hayan pedido revisar sus condenas a la baja y, algunos de ellos, ya se hayan visto beneficiados. Montero, responsable del Departamento que confeccionó la norma ha asegurado en todas y cada una de sus intervenciones -para explicar el «histórico error» que ha llevado a mejorar los castigos de los violadores- que nadie advirtió de las consecuencias de su reforma exprés del Código Penal en materia de atentados contra la libertad sexual. Lo cierto es que, como mínimo, 22 informes, de los 71 que en total se encargaron sobre la norma, revelaron de los defectos de la ley del 'sólo sí es sí' que, ahora, se han hecho realidad.

A los ya conocidos dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que plantearon importantes objeciones a la calidad de la técnica legislativa empleada por Podemos para la confección del texto y sus posibles consecuencias indeseadas, se sumaron varios más. Un total de 17 análisis emitidos por diferentes entes e instituciones concernidas por la materia objeto de regulación y que, por lo tanto, decidieron manifestar su opinión durante la tramitación del texto, antes de su aprobación.

Del contenido de los mismos no hay ni rastro en la memoria que el Ministerio de Igualdad está obligado, por la Ley reguladora de la actividad del Gobierno a adjuntar a todos y cada uno de los diputados en el apartado de los antecedentes que justifican todo cambio normativo. Y ello, pese a la relevancia que dicha documentación integral representa para que el Parlamento forme su voluntad de cara a la votación posterior que ha de producirse en la Cámara para validar o rechazar cualquier alteración legal.

Al igual que ha sucedido, recientemente con otro proyecto jurídico la 'ley trans' -que a diferencia de la ley del 'sólo sí es sí' se encuentra en espera-, La Moncloa ocultó las opiniones desfavorables a la norma modificadora de los delitos contra la libertad sexual, usando la misma trampa: eliminar del núcleo de la memoria los comentarios negativos, aquellos que advertían de los defectos formales de aplicación del texto y desviando dicha información a los anexos de la memoria, en lugar de aportarlos al Congreso.

Además, el informe preceptivo del Consejo de Estado y de los adicionales de las otras cuatro instituciones no vinculantes, que sí fueron remitidos íntegramente al Congreso, no incluyeron un mínimo análisis comparativo para informar de qué observaciones fueron consideradas por Igualdad para mejorar el borrador de la norma, hasta el texto definitivo, y cuáles no se tuvieron en cuenta.