El CGPJ trata de evitar un nuevo 'solo sí es sí' del Gobierno en los delitos contra la integridad moral

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salía esta semana, sin matices, en defensa de los jueces tras la polémica entrada en vigor y aplicación de la denominada ley del 'solo sí es sí' de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Los máximos representantes de la Magistratura, que en su día dictaminaron sobre las objeciones detectadas en materia de técnica legislativa de la nueva norma y advirtieron de las consecuencias de una rebaja de los tipos máximos de las penas asociadas a los delitos contra la libertad sexual, quieren evitar, en la medida de sus posibilidades, y por ello han solicitado a su presidente sustituto, el progresista Rafael Mozo, incluir un punto en el orden del día del próximo Pleno ordinario de 24 de noviembre para pronunciarse sobre la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

La mayoría del Consejo ha dato un paso adelante tras el rotundo comunicado emitido por la Comisión Permanente en defensa de los jueces y magistrados que se han visto obligados a revisar sus propias condenas, en el marco de la nueva norma y de aquellos que tendrán que hacerlo, en cumplimiento de la ley, en el futuro.

«En relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual», el Consejo ha recordado que la «aplicación de la norma más favorable» al reo «constituye un principio básico del Derecho Penal» recogido tanto en nuestra Constitución como en el Código vigente, recordaban los consejeros.

De ahí que, en las últimas horas, los vocales que integran el sector conservador hayan solicitado al Presidente del Consejo «que incluya en el orden del día del próximo Pleno ordinario», un punto para pronunciarse «sobre la falta de petición de informe en relación con la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso» presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y para que «se debata si, a pesar de ello, no sería oportuno que el Pleno evacuase dicho informe».

«Hay que tener presente que, aunque el artículo 561.1de la LOPJ solo se refiere a anteproyectos de ley y no a proposiciones de ley, los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia», han explicado los vocales firmantes.

En este sentido, para Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, María Ángeles Carmona, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández y Francisco Gerardo Martínez, han subrayado cómo «el dictamen 24 (2021) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos señala que todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder Judicial y la independencia de los jueces, o sobre las garantías de acceso de los ciudadanos a la Justicia, debería ser sometido obligatoriamente al dictamen del Consejo de Justicia, antes de su deliberación por el parlamento».

Por su parte, «la Red Europea de Consejos de Justicia, en su informe de 2010-2011 sobre los Consejos de Justicia, indica que las propuestas legislativas relativas a los tribunales o al Poder Judicial deben someterse a informe del Consejo de Justicia». «Llama la atención que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma», han criticado.

Freno al control del Constitucional

Desde el pasado mes de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atesora, también, su obligación de designar a dos de los cuatro magistrados que ha de renovar el órgano tras caducar, en uno de sus tercios, en junio. Sin embargo, y pese a las prisas del Gobierno por consumar el vuelco en la mayoría del Pleno -que, una vez cumplidos los cambios, pasará de conservador a progresista en plena oleada de recursos contra las leyes más ideológicas del Ejecutivo-, los vocales del Consejo han vuelco a poner coto al plan modificando, en parte, el método de elección de los magistrados. A petición de dos de los consejeros, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, la metodología de la discusión de los perfiles ha sufrido un cambio «consistente en que cada grupo evalúa o valora la propuesta del otro y no se limita, meramente, a aceptar su propuesta única».

Así lo han confirmado a El Debate fuentes próximas al máximo órgano de los jueces que, además, apuntan a una más que improbable elección definitiva de nombres en el próximo Pleno ordinario convocado por el presidente sustituto, el progresista Rafael Mozo, para el próximo martes 24 de noviembre. Las serias dudas sobre la idoneidad del candidato progresista, el magistrado José Manuel Bandrés, han sido determinantes en el nuevo retraso del Consejo para la renovación del Constitucional.

Por el momento «no ha habido discusión concreta de nombres definitivos» en el seno del sector conservador donde falta que los vocales «terminen de posicionarse» acerca de los seis candidatos que, por el momento, conforman al grupo de loes 'elegidos'. Los mejor posicionados en la carrera del Consejo a las designaciones a la Corte de Garantías son Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar y Pablo Llarena, todos ellos magistrados del Supremo.