Irene Montero, la 'feminista' que sacó a los agresores a la calle

La última noche en Tormellas (provincia de Ávila) hizo bastante frío: estuvieron a punto de bajar de cero grados. «Es lo normal», dirán los lugareños, que no entienden qué es la Agenda 2030. Por ubicarlo, Tormellas es un pueblo de la sierra de Gredos, muy muy pequeño, donde cuando llegan las elecciones terminan el recuento poco antes de ir a misa. Allí siempre gana el PP, y lo hace desde mucho antes de que Irene María Montero Gil (Madrid, 1988) alcanzase la mayoría de edad. Fue en ese pueblo donde la ministra de Igualdad pasó algunos veranos de su niñez… y donde hace tiempo ya que no va.

Tormellas sería un lugar perfecto para esconderse de la tormenta que ha provocado la ley del 'solo sí es sí', y que tiene a decenas de agresores sexuales reclamando una reducción de condena como quien acude a cobrar un billete premiado. La ministra, que es hija única pero madre de tres, se ha convertido por su propia torpeza en el epítome de lo que representa el actual Gobierno: defender una cosa y acabar provocando la contraria.

Del barrio al escolta

Decía un boxeador argentino que la experiencia es un peine que la vida te da cuando ya te has quedado calvo. Por esa misma razón, porque cada cosa tiene su tiempo, nada hacía pensar en la casa de los Montero Gil (empleado de mudanzas él, profesora ella) que la chica asumiría cargos de responsabilidad tan pronto. Cuando se especuló con una vicepresidencia para ella, hasta en su pueblo lo veían precipitado: «Queremos mucho a la niña, pero Irene no está preparada para ser vicepresidenta. Aunque me encantaría que lo fuera. Tiene mucho desparpajo y es muy lista, pero sólo tiene 31 años y poca experiencia», respondió una vecina de su pueblo al Crónica de El Mundo.

El ascenso fue igualmente fulgurante. Estudiante, cajera, diputada rasa y ministra a los 31 años. Entrevistas en Vanity Fair, chalé millonario y una ruptura con todo aquello que había predicado, incluso el orgullo de barrio.

Una tarde, a mediados de 2019, siendo todavía diputada, su escolta de confianza se le rebeló:

—Irene, no puedo seguir así. Tengo ocho horas de contrato pero me llamas hasta el domingo, cuando estoy con mis amigos, para que compre pizzas porque tienes huéspedes. ¡Esto es servilismo, no soy una criada! Si quieres me pagas las horas extra —recreó el periodista Luca Constantini en Al olor del dinero (La Esfera de los Libros, 2021)

—Tú vives de lo que te pago. Me debes obediencia, y si no quieres trabajar conmigo te vas —respondió Montero, que acabó despidiendo a su ayudante.

A los pocos meses, tras ganar las generales y superar sus problemas de sueño, Sánchez aceptó a Montero como ministra

El desenlace de aquello es conocido: Elena González, que así se llamaba, denunció a Podemos. A los pocos meses, tras ganar las generales y superar sus problemas de sueño, Pedro Sánchez aceptó que Montero fuera su ministra de Igualdad. Y a los días, para evitarse que una ministra recién nombrada desfilase por los juzgados, Podemos alcanzó un acuerdo extrajudicial con Elena González. Dinero a cambio de silencio, como con los sindicatos.

«Fachas con toga»

Hace tiempo que no hace falta aludir a sus compañías ni a sus valedores para criticar a Irene Montero. La Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual es el error que ha arrancado de un guantazo el cartel de ‘feminista’ al actual Gobierno. La norma, pese a las muchas advertencias recibidas, salió adelante con todas las taras que hoy permiten a la defensa de agresores sexuales reclamar una pena más breve... y que encima se la den. Desde que se confirmó el estropicio, a Montero solo se la ha visto en la cadena SER y en un par de actos públicos donde se ha limitado a negar la evidencia y a pedir tiempo.

La psiquiatra Elisabeth Kübler Ross escribió sobre las cinco fases del duelo y todas encajan con el papelón que han jugado en todo este tiempo la ministra y su cuadrilla de la tarta, la misma que viaja a Nueva York a quemar las últimas balas de su Erasmus gubernamental.

La primera es la negación («la ley es perfecta, no se mueve ni una coma»), la segunda es la ira («los jueces son fachas con toga»), la tercera, negociación (la que tendrá que mantener con Sánchez para ver cómo salen de esta juntos)… Quedarían por cumplirse únicamente la depresión y la aceptación, que serían en cualquier parte sinónimo de dimisión, sustantivo incompatible con el ego de Montero.

Al final, todo se resume en que a buena parte de la izquierda –y a buena parte del Gobierno– les incomoda la ley y el poder judicial. No les vino bien la sentencia de La Manada, ni la del procés, ni la de los ERE, ni por supuesto la de Juana Rivas (a la que indultaron), ni ninguna de las que se están revisando tras su indefendible ley del ‘solo sí es sí’. Al final, debajo todo esto subyace una idea ya emitida en algunos foros de izquierda: y es que los jueces son fachas por naturaleza porque pertenecen a familias que se pueden permitir que el niño (o la niña) se encierre durante cinco años para opositar a juez.

No es un discurso legal, es la envidia de clase que Montero ha sabido capitalizar para pagarse un chalé en la sierra, muy lejos ya de la pequeña Tormellas.