El CGPJ fija el 22 de diciembre como límite para elegir a sus dos candidatos al Constitucional

El próximo 22 de diciembre, en el que será el último Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este año, se votarán los nombres de los candidatos que conservadores y progresistas presentarán al sector contrario para su elección como nuevos magistrados del Constitucional. Así lo han confirmado fuentes próximas al máximo órgano de gobierno de los jueces a El Debate, tras la reunión que se ha celebrado hoy en la madrileña sede del Consejo y durante la que, sin embargo, «no se ha trabado ningún acuerdo», a priori, sobre la aceptación recíproca de las propuestas de cada bloque. Tampoco se ha acordado «lo que no se podía acordar». Es decir, no hay garantías de que ese día habrá designaciones «sí o sí» -o sin discrepancias sobre los perfiles- han aclarado las mismas fuentes, sin obviar que «sería lo deseable» que se lograsen.

El presidente sustituto del Consejo, Rafael Mozo, ha logrado así, en la sesión de esta mañana, arrancar un compromiso verbal concreto a los vocales del órgano en el que, durante las últimas convocatorias, ha sido en principal punto de discrepancia institucional: la renovación del Tribunal Constitucional. Pero no han hablado de nombres y este punto es importante porque el perfil del candidato del bloque progresista, José Manuel Bandrés, no concita el beneplácito de una buena parte de los conservadores que plantean serias dudas sobre su elección mientras la izquierda considera su designación irrenunciable. No en vano, Bandrés es un magistrado de marcado perfil procatalanista, próximo al Gobierno y también al magistrado Cándido Conde-Pumpido candidato de La Moncloa a presidir el Tribunal Constitucional.

En las últimas horas, la parálisis planteada por los interlocutores de los dos bloques negociadores al respecto de la designación de Bandrés, hacía saltar todas las alarmas en el Gobierno que, sin perjuicio de lo que suceda el próximo día 22 de diciembre, ya valora alternativas para la renovación de un Poder Judicial prorrogado desde hace cuatro años, a espaldas del Partido Popular.

Mozo, consciente de ello, y del desbordamiento de la fecha inicialmente prevista para la renovación del Constitucional -prevista por el Ejecutivo el pasado 13 de diciembre- ha querido templar los ánimos y conseguir un punto de encuentro sobre la necesidad de poner encima de la mesa nombres concretos, y someterlos a la votación de la mayoría, por ambos lados.

Despolitizar la elección

Una vez el Consejo ha fijado sus propias condiciones objetivas para despolitizar la elección de los aspirantes seleccionados por cada sector y ha solucionado el problema inicial de falta de peticiones, entre los favoritos de los conservadores, para el cargo, Mozo ha entendido que no concurren razones objetivas que impongan al Pleno del órgano la necesidad de dilatar más un debate formal sobre los nombres concretos que han de postularse.

Máxime cuando en el día de ayer se conocía que el magistrado Wenceslao Olea desistió de su intento por anular, ante el Supremo, la elección mayoritaria de Rafael Mozo como presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces.