El Gobierno consulta al Poder Judicial la reforma del maltrato animal pero lo deja fuera de la sedición

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de representación de los jueces de nuestro país, no será escuchado por el Gobierno en el trámite de eliminación del delito de sedición del Código Penal español. En la reunión ordinaria del Pleno del órgano que se ha dado cita este jueves -para tratar, entre otras cuestiones, los nombramientos del Constitucional- no ha habido consenso sobre la petición formulada por varios vocales para que desde el Consejo se reclamase la necesidad de emitir un informe jurídico -destinado al Congreso de los Diputados- previo al debate de la norma que acabará con el delito en cuestión. Un total de ocho consejeros conservadores del CGPJ encabezados por Nuria Díaz Abad -José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, José María Macías, María Ángeles Carmona, Francisco Gerardo Martínez, Juan Martínez Moya y Carmen Llombart , han emitido un durísimo voto particular ante la situación.

«Llama la atención que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando así el trámite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma», arranca la crítica de los vocales. Los mismos que, por otra parte, han puesto de manifiesto cómo «existen precedentes en este Consejo de emisión de informes por propia iniciativa».

«En este sentido pueden citarse los informes al proyecto de Constitución Europea en 2003, a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña o a la reforma del Código Civil relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005» por lo que, a su juicio, no hay motivo que impida un pronunciamiento unilateral del CGPJ ante un asunto de tanta gravedad como la supresión del delito de sedición del Código Penal.

El pasado 17 de noviembre, el Boletín Oficial de las Cortes publicó la «Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso» presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Ya entonces, a propuesta de los mismos vocales, críticos con la inacción del Consejo ante las polémicas modificaciones legales, acometidas en los últimos tiempos, debatieron el 24 de noviembre «sobre la falta de petición de informe en relación con dicha proposición de ley orgánica y sobre si, a pesar de ello, no sería oportuno que el Pleno evacuase dicho informe». Una iniciativa que no ha llegado a prosperar.

Así las cosas, se dará la paradoja de que el Gobierno escuchará las conclusiones del análisis del Poder Judicial en la nueva ley de protección contra el maltrato animal -que el pleno del CGPJ ha sometido hoy a votación- pero quedará fuera de cualquier pronunciamiento sobre la eliminación definitiva del delito de sedición de nuestro Código Penal.

Unanimidad en la protección animal

No en vano, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, del que ha sido ponente la vocal Roser Bach.

La finalidad de la reforma, según se recoge en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y en la exposición de motivos del Anteproyecto, es adecuar la ley a las expectativas sociales y acabar con la sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal. Para lograr este objetivo, la norma proyectada crea un nuevo título dentro del Código Penal que, bajo la rúbrica «Delitos contra los animales», contiene los delitos de maltrato animal, separándolos así de los delitos contra la flora y la fauna existentes en el texto punitivo.

El texto aprobado por el Pleno advierte de que la nueva regulación puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones y del conflicto que se generará en relación con los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna, que no se ven afectados por la futura reforma. Además, realiza una valoración positiva de la inclusión, por primera vez en el ordenamiento jurídico, de la responsabilidad de las personas jurídicas en la comisión de los delitos de maltrato animal, así como de la regulación expresa de las medidas cautelares que podrán adoptarse en el curso del procedimiento para proteger a los animales.