Tres magistrados progresistas fracasan en su intento por acelerar el control de Sánchez sobre el Constitucional

Sofocado el intento de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez para que el Constitucional pase cuanto antes a una mayoría afín al Gobierno. Los tres miembros del sector progresista de la Corte de Garantías han fracasado en su intento porque el todavía presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, anticipase el Pleno que deberá dar el plácet a los nuevos miembros designados por Pedro Sánchez para su renovación, el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa y de la Generalitat Laura Díez.

Según ha podido saber El Debate, estos tres jueces sostienen una tesis contraria a la compartida por la mayoría de sus compañeros que consideran que el Constitucional tiene que esperar a los nombramientos de los cuatro nuevos magistrados que han de incorporarse al Pleno en reemplazo de los miembros cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. En cambio, tanto Conde-Pumpido, como Montalbán, como Sáez entienden que una vez que el Consejo de Ministros ha decidido publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su acuerdo para oficializar la designación de Campo y Díez como nuevos miembros del TC se debería instar la verificación de los mismos, sin condicionar su toma de posesión al resultado incierto que adoptará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el próximo día 22 de diciembre, sobre sus designaciones pendientes.

Esta última posición es la que ha prosperado con el respaldo de todos los magistrados conservadores de la Corte, los dos progresistas María Luis Balaguer y Juan Antonio Xiol y el presidente González-Trevijano. En un bloque sin fisuras, durante el Pleno que esta mañana se ha visto empañado por el intento de motín, han resuelto que no va a convocar ninguna convocatoria extraordinaria por el momento para que agilizar que Campo y Díez puedan tomar posesión sin esperar a sus dos compañeros que vendrán a propuesta del CGPJ.

No en vano, como adelantaba El Debate esta mañana, los dos nombres elegidos por Pedro Sánchez para renovar el Constitucional, caducado en un tercio de su composición desde antes del verano, «son una provocación». La propuesta del exministro de Justicia que firmó los indultos del procés y de la catedrática de la Universidad de Barcelona ha llegado, como ya es costumbre, envuelta en una agria polémica institucional. La mayoría de los todavía magistrados de la Corte (TC) –que no ocultan su malestar con ambos perfiles, claramente «politizados» y «contaminados» por sus responsabilidades «en esta misma legislatura»– se han resistido, por ello, a dar su bendición a la mitad del tercio, cuatro magistrados en total, que esperan como refresco.

«La ley es clara», apuntaban a El Debate fuentes próximas al Tribunal de Garantías, en relación a las maniobras del presidente por consumar su plan de controlarlo. El intento, este mismo miércoles, de tres de sus magistrados para lograr el vuelco inmediato del Constitucional hacia la izquierda, tras conocerse la identidad de los candidatos gubernamentales, se ha encontrado con el escollo, no ignorado, de que el último eslabón para hacer efectivos a ambos en sus cargos descansa en el propio Pleno del órgano que no está de su lado.

Lo cierto es que, de acuerdo a la ley vigente –artículo 599. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial– que el propio Sánchez reformó, vía exprés, con al apoyo de sus socios de Podemos, el Gobierno ha venido incumpliendo su propio plazo para la designación de los cuatro nuevos magistrados que han de incorporarse a la Corte de Garantías, desde antes de verano. La Constitución establece, además, en su artículo 159 que los miembros de su Tribunal «serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».