El Gobierno lleva ya cuatro semanas dando tumbos y evasivas sobre la ley del 'solo sí es sí'

El Gobierno acumula cuatro semanas de evasivas y excusas en torno a la ley del 'solo sí es sí'. Cuatro semanas en las que el Ejecutivo no ha sabido o no ha querido concretar qué piensa hacer con una norma con evidentes agujeros. Si va a modificarla o no.

Por cuarta semana consecutiva, la ministra portavoz fue preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y por cuarta semana consecutiva, Isabel Rodríguez no respondió, más allá de insistir hasta en tres ocasiones en que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es una ley pensada para «proteger a las mujeres y a las víctimas».

El Ejecutivo sigue tratando de ganar tiempo, esperando a que el Tribunal Supremo unifique doctrina, como reiteró la ministra Rodríguez este lunes. Pero cada vez parece más factible que el alto tribunal se limite a pronunciarse sobre cada caso en el que sea requerido, como hizo la semana pasada sobre el caso Arandina.

La ley del 'solo sí es sí' ha puesto a Pedro Sánchez entre la espada de Podemos y la pared del PSOE. La ministra de Igualdad insiste en que la ley está bien como está y no se toca, es su línea roja. Pero, en paralelo, los socialistas están muy incómodos con el desgaste provocado con el constante goteo de rebajas de condena y excarcelaciones.

Margarita Robles sostuvo el sábado que la ley es modificable si al aplicarla «se ve que hay lagunas». La ministra de Defensa afirmó que en su carrera como jurista ha visto cómo otras leyes se modificaban, y que por tanto lo mismo podría suceder con ésta. Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, recordó que la ley está proteger a las víctimas y que si no cumple «sus objetivos» lo normal es que reforme.

El pasado 15 de noviembre se conoció la rebaja de condena para un hombre que había abusado de su hijastra. Ese día saltaron todas las alarmas. Preguntada al respecto tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo se escudó en que no conocía el fallo y que, por tanto, no podía pronunciarse.

Pero ya ese mismo día, por la tarde, la ministra María Jesús Montero planteó por primera vez la posibilidad de que la ley fuera revisada. Desde entonces y hasta este lunes, el Gobierno ha mantenido una posición ambigua, huidiza.

En la rueda de prensa de una semana después, la del 22 de noviembre, la propia Rodríguez quiso mandar un mensaje de «tranquilidad»: «Acaba de entrar en vigor, ya ha actuado la Fiscalía y estamos pendientes del Tribunal Supremo. Confío en el Poder Judicial», aseguró.

En la comparecencia del 29 de noviembre acompañó a la portavoz la ministra de Justicia, Pilar Llop. Pero tampoco esta última fue clara al respecto. Se limitó a defender la norma y su finalidad de «proteger a las víctimas», y sostuvo que sería «imprudente» adelantar qué haría el Gobierno antes de saber qué hará el Supremo.

Y en ese punto seguimos a 5 de diciembre, cuando la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que «la protección de las víctimas es el objetivo del Gobierno y de esta ley».